Lo que el juicio a Igor el Ruso deja sin respuesta: ¿está Teruel desprotegida?

Los tres asesinatos se produjeron con una escrupulosa sangre fría. Este es el resumen de la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Teruel a Norbert Feher, alias 'Igor el Ruso', por el triple crimen en el municipio turolense de Andorra en diciembre de 2017. Su futuro estará entre rejas hasta que cumpla 70 años, como mínimo, tras ratificarse una condena permanente revisable por un asesinato, 50 años más de prisión por las otras dos muertes y 15 años por tres robos con violencia.

Sin doblegarse ni arrepentirse, Igor el Ruso reconoció en el juicio que el asesinato al ganadero José Luis Iranzo fue “sin más” y que los 17 disparos que asestó a dos guardias civiles no fueron a matar porque “si no habría apuntado a la cabeza”. Estos últimos crímenes los realizó porque tenía que recoger una biblia sin la cual no podría proseguir su camino por el Bajo Aragón.

No es la única condena que el criminal tiene sobre sus espaldas. Igor el Ruso fue condenado a 21 años de prisión por el intento de homicidio en el municipio de Albalate del Arzobispo (Teruel) días antes de los asesinatos de Andorra. A su vez tiene una condena en Italia de cadena perpetua por el asesinato de dos personas, lo que provocó su huida en bicicleta con dirección España hasta recalar en Teruel.

Dudas sin respuesta

El abogado del criminal que atemorizó durante días la zona turolense recurrirá la sentencia, según cuenta a El Confidencial, por considerar que el jurado “no ha motivado el veredicto como es debido”. A su vez, insiste: “Ni siquiera se ha tenido en cuenta la legítima defensa que alegué”.

Los hechos ocurridos en una zona poco noticiosa del Bajo Aragón desató temor e inseguridad en un intervalo de pocos días que todavía no tienen respuesta. El juicio no ha resuelto dudas que plantean los afectados y las familias de las víctimas.

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¿Qué hacía un criminal como Norbert Feher en el Bajo Aragón? ¿Estaba solo o esperaba a alguien? ¿Cómo logró escabullirse de Italia? ¿Qué dispositivo aplicó la Guardia Civil para su detención cuando intentó matar en Albalate del Arzobispo a dos personas? ¿Se pudieron evitar los tres asesinatos tras la alarma previa días antes? ¿Está asegurada la zona del Bajo Aragón para evitar otro suceso así?

La condena ha podido aliviar, en parte, a las familias de las víctimas y de los afectados. Pero no les sirve: buscan más certezas que aclaren todo lo ocurrido por parte de la clase política y de las instancias policiales, y saber si se han puesto todos los medios para evitar que vuelva a ocurrir algo similar. Más aún cuando una situación parecida se produjo hace un año —junio de 2020—, cuando la Guardia Civil desplegó un amplio dispositivo policial para detener al peligroso fugitivo conocido como el Rambo de Requena en el mismo municipio de Andorra.

Sin refuerzos ante un asesino peligroso

Otra de las incógnitas que no resolvió el juicio y que no olvidan en la asociación Amigos de Iranzo, creada para reivindicar más respuestas sobre los asesinatos, es el informe oculto de la Guardia Civil que detectó la viuda del agente asesinado Víctor Romero. En el citado informe, queda en evidencia que el cuerpo policial no actuó con premura para detener al individuo que hizo saltar todas las alarmas en la zona después de los dos intentos de homicidio.

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Ni queda registrado que la Guardia Civil solicitara la presencia del Grupo de Reserva y Seguridad (GRS), especializado en casos de extrema gravedad. El portavoz de Amigos de Iranzo, Luis Manuel Alquezar, detalla para El Confidencial que, una vez finalizado el juicio, reclaman "más respuestas" y exigen "responsabilidades políticas tanto al anterior Gobierno del PP como al Gobierno del PSOE ahora".

El portavoz reconoce que nunca han recibido respuestas de ningún delegado del Gobierno en Aragón ni del Ministerio del Interior. “Siempre nos han puesto excusas, porque el caso estaba judicializado y no había una condena. Es más que evidente con la sentencia que estamos diciendo la verdad: no fue adecuado el dispositivo de la Guardia Civil y la población del Bajo Aragón estábamos en peligro”. Desde esta asociación, aseguran que irán hasta el final, e incluso plantean acudir a los tribunales para que “den la cara de una vez los responsables políticos”.

Los familiares miran a Marlaska

El próximo paso que ya contemplan los familiares de las víctimas es reactivar la vía administrativa con un escrito de responsabilidad patrimonial dirigido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que dé cuenta de por qué hubo un mal funcionamiento del dispositivo de la Guardia Civil, según detalla el abogado Enrique Trebolle a El Confidencial, que representa a la familia del ganadero asesinado José Luis Iranzo.

“Desde el punto de vista de la investigación, se deduce claramente que Norbert Feher era un delincuente peligroso. Los casquillos localizados de una pistola Beretta de fabricación italiana en el intento de homicidio previo a los asesinatos debieron llamar la atención”, cuenta. “Desde el día 5 de diciembre, habría que haber blindado Andorra y su entorno para priorizar la detención”, explica.

Este reconocido penalista aragonés, que compara el caso de Igor el Ruso con el accidente del Yak-42 para insistir en el papel del Estado, asegura que "si rechazan la responsabilidad patrimonial del Estado dirigida al ministro Marlaska o a la directora general de la Guardia Civil", plantearán una demanda por la vía contencioso-administrativa contra el ministro en el Tribunal Supremo o contra cualquier otra autoridad policial en la Audiencia Nacional. Enrique Trebolle no duda de la próxima disputa: “Esto no puede quedar así. Tiene que llegar nuestro momento jurídico, porque buscamos la sensibilidad del ministro del Interior para que se esfuerce en compensar lo ocurrido”.

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EFE

Una vez conocida la sentencia por el triple crimen de Andorra, el senador por la agrupación de electores Teruel Existe, Joaquín Egea, atiende a este diario con la convicción de que es el momento de saber todo lo que el Ministerio del Interior aún no ha explicado. “Ni cuando el ministro Marlaska estuvo en Teruel [hace pocas semanas] tuvo un gesto con el territorio y con los familiares de las víctimas para reconocer el daño o mostrar empatía”, cuenta.

Sobre la situación de inseguridad vivida durante aquellos días de diciembre de 2017, el senador turolense considera que “hay una merma de seguridad evidente en las zonas más despobladas de Teruel. En un territorio que no se vigila, es imposible que se sepa lo que está ocurriendo. La realidad de Teruel es opaca a los servicios de seguridad del Estado y aún pueden ocurrir más desgracias si no se remedia”.