El CGPJ cierra la puerta a llevar al TC la reforma sobre sus funciones

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha rechazado este miércoles en un pleno extraordinario acudir al Tribunal Constitucional para impugnar la reforma impulsada por los partidos del Ejecutivo, que recorta la actividad del órgano de gobierno de los jueces. Los ocho vocales que respaldan promover un conflicto de competencias ante el TC no han logrado recabar el apoyo de más compañeros. La iniciativa ha sido rechazada por 13 votos frente a ocho. Pese a todo, ninguno de los asistentes al pleno ha defendido la bondad constitucional de la nueva ley e incluso alguno de ellos ha presentado votos particulares concurrentes.

El pleno extraordinario ha sido el resultado de la reclamación de una parte del Consejo de realizar un movimiento que evidenciara de forma expresa no solo la discrepancia con la reforma legislativa, sino también la injerencia que representa en la independencia del poder judicial. No obstante, el cansancio generalizado se ha instalado en un Consejo que solo espera ya una rápida renovación y que no ve ventajas en respaldar la acción cuando ya se han promovido, por parte de partidos de la oposición, cuestiones de inconstitucionalidad, aseguran algunas de las fuentes consultadas.

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Como se decidió en el pleno mensual celebrado la pasada semana, la propuesta de los ocho vocales se motivó mediante un escrito de 16 páginas. Partiendo de la premisa de que la reforma discutida "está limitando el haz competencial del Consejo General del Poder Judicial cuando, por no haberse producido su renovación en el plazo legalmente previsto, entre en funciones", asegura que la ley realiza un "menoscabo de competencias" que se compadece mal con la percepción de independencia judicial en un Estado de derecho, al quedar incorporada la acción legislativa en un contexto de bloqueos para la renovación.

Para este grupo, resultaba imprescindible "desde el más alto nivel constitucional" resolver con arreglo a derecho y a la Constitución, en relación con el propio concepto de Estado de derecho que establece la Unión Europea, y clarificar qué competencias puede ejercer el Consejo y cuáles no. Aseguraban también que las "lesiones" a las que se está sometiendo al CGPJ son "reales y efectivas" y creen que puede soslayarse el intento del Ejecutivo de privar al órgano de esta opción, ya que quedó incompleto por no afectar a otros artículos de la ley en los que aún figura, como la parte referente a las atribuciones del pleno.

La sucesión de iniciativas ha resultado estéril y muchos piensan que el respaldo desde Europa a esta versión 'light' desactiva el conflicto

Si bien la propuesta superó el mínimo de cinco vocales que señala la ley para forzar un pleno, los vocales que la respaldan —Rafael Fernández Valverde, Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Noya, Nuria Díaz y María Ángeles Carmona— no han encontrado más adhesiones. La sucesión de iniciativas apoyadas ha resultado estéril y muchos piensan que el respaldo desde Europa a esta versión 'light' de reforma (que sucedió a la propuesta dura que levantó las suspicacias de la UE) desactiva el hipotético conflicto.

Los antecedentes tampoco han acompañado. El Consejo recurrió a este mecanismo en 1985, cuando el entonces presidente, Federico Carlos Sainz de Robles, lo planteó frente al Congreso de los Diputados por la elección parlamentaria de los 12 vocales del CGPJ de procedencia judicial. El TC determinó en su fallo que la Cámara Baja tiene la potestad de legislar sobre el órgano. El pleno tampoco ha apoyado, con los mismos votos, acudir al defensor del pueblo para que fuera esta institución quien planteara un recurso de inconstitucionalidad.

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Los ocho vocales que han suscrito el voto particular han sostenido la legitimación del CGPJ para plantear el conflicto de atribuciones, con la finalidad de salvaguardar el principio fundamental de la división de poderes, garantizando la intervención del Tribunal Constitucional para poner remedio a cualquier vulneración de ese principio, que es esencial en la democracia como vertebrador de un Estado de derecho. Consideran que el pleno debió dirigirse a las Cortes Generales solicitando que dejasen sin efecto la supresión de competencias constitucionales del Consejo General del Poder Judicial afectadas por la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, para el establecimiento del régimen jurídico aplicable al CGPJ en funciones, al producir un menoscabo en algunas de las principales competencias que la Constitución le encomienda en los artículos 122.2 y 159.1.