El PSOE mete el BOE en la lucha partidista contra la oposición y salpica al Rey

El PSOE ha logrado colar en una ley orgánica, la de reforma del Código Penal, un ataque directo y desmedido al PP. En concreto, acusa de manera taxativa al Gobierno de Mariano Rajoy de haber liderado “un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades”, aprovechando la anterior crisis financiera “como oportunidad” para cercenar el derecho de protesta contra las políticas económicas del Ejecutivo. Esta arremetida contra el principal partido de la oposición figura en el preámbulo de la ley que suprime el artículo 315.3, por la que se despenaliza la acción de los piquetes en las huelgas, y que entra en vigor este sábado.

El texto fue redactado e impulsado por el PSOE, refrendado por la mayoría del Parlamento y ayer apareció publicado en el Boletín Oficial del Estado con la preceptiva firma de Felipe VI. Hasta ahora, las polémicas en torno a la 'literatura' que acompaña las normas estallaban cuando el Ejecutivo, o el grupo parlamentario que lo soporta, imprimía su sello propagandístico a la obra legislativa, pero nunca por atizar al rival político. El PSOE rompe así con una tradición de 'juego limpio' según la cual los grupos no utilizan la redacción de una ley para atacar al oponente. Y lo hace a través de una proposición de ley, por la que se evitaron pasar por los órganos consultivos, que habrían depurado menciones fuera de lugar. El PP le acusa de desbordar las costuras del sistema constitucional.

El PSOE rompe con una tradición de 'juego limpio' según la cual los grupos no utilizan la redacción de una ley para atacar al oponente

La reacción del Partido Popular, de hecho, no se hizo esperar. Pablo Casado reprochó con dureza a Pedro Sánchez por “cruzar todas las líneas rojas usando el BOE como panfleto electoral para insultar” a su formación. El líder de los populares subrayó la gravedad del asunto al mencionar la firma de Felipe VI, que sanciona la disposición normativa con 'torpedo' incluido a Rajoy. “Utiliza al Rey para ratificar una ley que ataca a la oposición”, denunció Casado en las redes sociales. En efecto, entre las funciones del jefe del Estado está la de sancionar y promulgar las leyes, como viene recogido en el artículo 62 de la Constitución. Se trata de un acto formal: el Rey siempre debe dar su conformidad a un proyecto de ley o una norma aprobada por las Cortes Generales.

El hecho inédito, insisten las fuentes consultadas, pasa por ver la firma del monarca junto al preámbulo de una ley que por primera vez aparece en el BOE con ataques directos a un Gobierno anterior (en este caso de la oposición). Los populares alertan del uso partidista y torticero del legislativo y, como avanzó este diario, estudian recurrir ante el Tribunal Constitucional la retirada de unos párrafos "inadmisibles".

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P. Esteban B. Parera

A pesar de todo lo anterior, el PSOE insiste en defender la alusión crítica al PP en la exposición de motivos de la ley: “Había que justificar las razones de la reforma y por eso se puso en la proposición de ley y se ha mantenido en el trámite”, señalan fuentes del grupo parlamentario a este diario, sin reparar en lo anómalo de aprovechar la redacción de una nueva norma para criticar al rival político.

Lo cierto es que la mención crítica al Ejecutivo de Rajoy figuraba en el texto desde septiembre, cuando se inició su debate en el Congreso y permaneció inamovible hasta su aprobación definitiva, el 14 de abril en el Senado. La propuesta recabó el apoyo del PSOE, Unidas Podemos, ERC, Bildu, Junts, PDECat, CUP, Más País-Equo, BNG, Compromís, Teruel Existe y Nueva Canarias. En contra votaron además del PP, Ciudadanos y Vox.

La tramitación parlamentaria

Diversas fuentes parlamentarias sí precisan que los letrados revisaron el texto, aunque solo hicieron “observaciones técnicas” relativas a la redacción de tiempos verbales o subsanación de errores. En este caso, se corrigió la fecha en la que Rajoy llegó al poder, en 2011, y no en 2012 como figuraba en el texto inicial de los socialistas. Nadie pidió un informe para modificar las alusiones contra el PP.

El PP considera lo sucedido como "una técnica legislativa repugnante"

Desde la formación conservadora aseguran que durante el debate en la Comisión de Justicia, el diputado Miquel Jerez ya exigió retirar la mención, aunque no fue aceptada. En la ponencia de la ley (los trabajos que se desarrollan desde que una proposición se toma en consideración en el pleno del Congreso hasta que vuelve desarrollada para su aprobación definitiva) Jerez recordó que las motivaciones de una reforma legislativa “no pueden servir para la venganza y el reproche político”, dejando claro que “las leyes no están para ajustar cuentas entre partidos", según confirman fuentes populares. El diputado insistió en que “ninguna ley debe redactarse desde el odio y la ira más visceral, sino con arreglo al sentido común y al interés general”.

Precisamente, ese malestar fue el que llevó a los populares a presentar una enmienda a la totalidad en la que se pedía eliminar el párrafo del preámbulo que hacía referencia al gobierno de Rajoy, pero que también pedía rechazar la derogación del artículo sobre los piquetes. Además, en la parte final del preámbulo también se incluye una referencia a la labor de la justicia, en la que los socialistas llegan a decir que la interpretación de los jueces es "contraria a la doctrina constitucional".

Fuentes del PP aseguran que no elaboraron una enmienda parcial sobre el preámbulo porque la reforma era tan breve que consideraron más útil agruparlo en una enmienda total. Desde Ciudadanos aseguran que la propuesta de los populares tenía “todo el sentido del mundo” y, por eso, la respaldaron tanto en comisión como en pleno. El grupo de Inés Arrimadas asegura que la negociación de la reforma “no fue pacífica” porque sencillamente no existió. Insisten en que socialistas y morados no estaban dispuestos a cambiar una coma.

Por otro lado, los socialistas señalan además que también el PP, en su texto alternativo de enmienda a la totalidad, incluyó alusiones al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, aunque son meras descripciones, sin carga crítica, y afirman que “mantuvo intacto” el redactado del artículo sobre los piquetes: “Al Partido Socialista la redacción original siempre le pareció adecuada; hasta tal punto fue así que (…) el artículo se mantuvo intacto”.

Tras el malestar generado en el PP y las críticas sobre que la presidencia del Gobierno haya permitido la aparición del preámbulo de la ley en el BOE, fuentes del Ejecutivo aseguran que son los grupos parlamentarios los que tienen capacidad de enmendar y modificar un texto mediante acuerdos, insistiendo en que el Gobierno no puede cambiar un texto que llega del Parlamento para su publicación en el BOE bajo ningún concepto. Una explicación que no basta para los populares, que consideran lo sucedido como "una técnica legislativa repugnante" que se repite en el tiempo y que "delata la mala fe de quien la promovió".

En cuanto al recurso al TC que los populares estudian, la impugnación de esta línea ante el tribunal de garantías es compleja, pero no imposible. Como la crítica a la acción legislativa del PP se sitúa en el preámbulo, que carece de valor normativo, el hipotético amparo del TC es más difícil. Juristas consultados precisan, sin embargo, que esta parte inicial de las leyes sí cuenta con valor jurídico. En una sentencia de 2010 el TC aseguró que, aunque no es objeto directo de un recurso de inconstitucionalidad, la redacción no queda "inaccesible a un pronunciamiento" al ser una parte accesoria de un proceso vinculado a una disposición normativa.