El PP denunció en el Congreso "el odio" de la ley del PSOE que llegó sin cambios al BOE

El Boletín Oficial del Estado publica hoy la derogación del artículo del Código Penal que incluye multas e incluso penas de prisión para los piquetes durante las huelgas. La reforma es fruto de una proposición de ley a instancias del Grupo Socialista, cuya tramitación comenzó el pasado mes de septiembre. La polémica surge, tal y como han denunciado varios diputados del PP como Cuca Gamarra y Mario Garcés, por la motivación que se recoge en el preámbulo de la reforma y que incluye aseveraciones que atacan directamente al Gobierno de Mariano Rajoy. Fuentes populares aseguran que estudian acudir al Tribunal Constitucional para reclamar la retirada de un párrafo que consideran inadmisible.

En el texto se recoge lo siguiente: “Con la crisis como oportunidad, desde la llegada al Gobierno del Partido Popular en 2012, se inició un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades y especialmente de aquellas que afectan a la manifestación pública del desacuerdo con las políticas económicas del Gobierno”. La cuestión es que el PP denunció en la tramitación el partidismo que recogía la propuesta socialista. En concreto, según ha podido conocer este diario, la ponente del PP reprochó que "la exposición de motivos de una ley no debe servir para la venganza y el reproche político", y advirtió que "las leyes no están para ajustar cuentas entre partidos".

El grupo que dirige Cuca Gamarra también manifestó que "la técnica legislativa es repugnante y delata la mala fe de quien la promovió" y volvió a insistir en que "no se deben redactar las leyes desde el odio y la irá más visceral, sino con arreglo al sentido común y al interés general". "El debate parlamentario resiste esas cosas, el BOE no", zanjaron entonces desde el PP. Como el partido presentó una enmienda a la totalidad (donde pedía retirar esa mención, pero también que no se aprobara la derogación de ese artículo en el Código Penal), los partidos del Gobierno siguieron adelante con el preámbulo, que este viernes ha salido publicado en el BOE.

Sobre el posible recurso al TC, la impugnación de esta línea ante el tribunal de garantías es compleja, pero no imposible. Como la crítica a la acción legislativa del PP se sitúa en el preámbulo, que carece de valor normativo, el hipotético amparo del TC es más difícil. Juristas consultados precisan, sin embargo, que esta parte inicial de las leyes sí cuenta con valor jurídico. En una sentencia de 2010 el TC aseguró que, aunque no es objeto directo de un recurso de inconstitucionalidad, la redacción no queda "inaccesible a un pronunciamiento" al ser una parte accesoria de un proceso vinculado a una disposición normativa.

Fuentes del Gobierno aseguran que son los grupos parlamentarios los que tienen esa tarea por delante y que el Ejecutivo no puede cambiar un texto que llega del Parlamento para su publicación en el BOE. Otras miradas se dirigen a los letrados de las cámaras, guardianes de la redacción de los textos. Garcés, diputado hoy con Pablo Casado y que fue secretario de Estado, reaccionó en las redes sociales asegurando que a lo largo de su vida “ha redactado leyes y siempre he sido pulcro en su motivación”, insistiendo en que “nunca habría utilizado una exposición de motivos para atacar a un partido”.

El diputado refleja que la presidencia del Gobierno “debe revisar esos textos para evitar” esta situación, a pesar de que en Moncloa recuerdan que no pueden de ninguna manera modificar los textos aprobados en el Congreso. “El BOE también es suyo. La decencia, no”, zanja Garcés. También la portavoz parlamentaria reprocha que el BOE “publique la motivación para legislar del PSOE de Sánchez y sus socios sobre despenalizar la violencia de los piquetes” sin evitar dejar constancia “del sectarismo y el señalamiento del que defiende otro proyecto político”.

La ley orgánica que hoy figura en el BOE constata la eliminación de un párrafo que hasta ahora estaba en el artículo 315.3 del Código Penal y que dice lo siguiente: “Quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga, serán castigados con la pena de prisión de un año y nueve meses hasta tres años o con la pena de multa de dieciocho meses a veinticuatro meses”.