La reforma fantasma del CGPJ que ni facilitó la renovación ni fue bien recibida por la UE

El Gobierno enterrará definitivamente la propuesta de reforma del sistema de elección del CGPJ, que serviría 'de facto' para sortear el concurso del PP en la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Lo hará a instancias de la Comisión Europea y tras las protestas tanto del principal partido de la oposición como de varias asociaciones de jueces. La iniciativa se registró el pasado 13 de octubre en el Congreso con la firma de los dos grupos parlamentarios que sustentan el Ejecutivo y se interpretó como una herramienta de presión para forzar a los populares a cerrar un acuerdo.

Se trataba de la respuesta a lo que Moncloa interpretó como una ruptura unilateral del PP a un acuerdo que "estaba hecho al 99%" para la elección de la docena de vocales que corresponde nombrar al Congreso. El PP lo asumió como un órdago y contraatacó elevando el pulso. Volvió a plantarse y aseguró que la amenaza todavía alejaría más el acuerdo, como así fue.

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Las advertencias de Bruselas no se hicieron esperar, con reproches a la falta de consenso y los efectos negativos sobre la independencia judicial de la reforma para que la elección de los vocales del CGPJ se pudiera hacer con mayoría absoluta en lugar de con mayoría reforzada de tres quintos del Congreso. Los populares mantuvieron por su parte el pulso, elevaron la presión en las instituciones europeas y Pedro Sánchez daba marcha atrás apenas una semana y media después.

Durante el debate de la moción de censura presentada por Vox, el presidente del Ejecutivo aprovechaba la decisión del PP de Pablo Casado de posicionarse en contra para ofrecerle congelar la reforma, "parar el reloj", y llegar a un acuerdo. "Esta moción es la iniciativa parlamentaria menos constructiva que nos podríamos imaginar. Podemos invertir su signo, podemos convertirla en una moción constructiva", señaló entonces.

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La reforma se congeló, pero no se retiró, como reclamaba la oposición. El Gobierno se seguía reservando así en la recámara esta herramienta de presión, pudiendo activar la reforma en cualquier momento. De hecho, en plenas negociaciones para la renovación entre PSOE y PP, se echó mano en varias ocasiones de esta amenaza a modo de ultimátum. "No nos va a quedar más remedio que cambiar la ley", advertía el pasado mes de noviembre el por entonces vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ante la falta de avance en las conversaciones. El número dos del PSOE en el Congreso, Rafael Simancas, hacía lo propio y hasta ponía plazos: si no había acuerdo, se llevaría la reforma para eliminar la mayoría reforzada necesaria para renovar el CGPJ al pleno del 15 de diciembre.

A principios de ese mes, lo que se hacía era presentar otra reforma, "blanda", pero no para modificar el sistema de elección, sino para limitar las funciones del órgano de gobierno del poder judicial cuando haya caducado su mandato. El CGPJ lleva en funciones desde diciembre de 2018. La nueva iniciativa se justificó para acabar con la "anomalía" de que un órgano caducado pudiera tomar decisiones importantes, al igual que tampoco pueden hacer otras instituciones como el Congreso o el Gobierno.

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Las negociaciones volvieron a retomarse tras el parón provocado por la campaña de las elecciones catalanas. Nuevamente sin acuerdo y nuevamente rompiéndose cuando estaba prácticamente cerrado. Eran finales de febrero y los vetos cruzados de última hora por uno de los nombres propuestos por cada parte hicieron saltar por los aires el acuerdo. De hecho, sí se pactó entonces la renovación del consejo de administración de RTVE.

El presidente del Gobierno convocó a los medios de comunicación a Moncloa y descargó toda la responsabilidad sobre la falta de acuerdo en el líder de la oposición, Pablo Casado, a quien sin nombrarlo ha reclamado que "recapacite" para facilitar un acuerdo en línea con el que se había alcanzado el día previo en el Congreso para renovar el consejo de administración de RTVE. "Cuando se da un paso adelante, nadie entiende que se dé un paso atrás", lamentó.

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Dos semanas después, se aprobaba en el Congreso la reforma blanda del CGPJ, esta sí avalada por Bruselas. Con esta reforma, quedaron excluidas diversas facultades del CGPJ, como la de proponer el nombramiento del presidente del Tribunal Supremo, de los presidentes de las audiencias, de los tribunales superiores de Justicia y la Audiencia Nacional, de los presidentes de Sala y los magistrados del Tribunal Supremo o de los magistrados del Tribunal Constitucional. Asimismo, tampoco se podrán nombrar los directores de la Escuela Judicial y del Centro de Documentación Judicial, así como el vicepresidente del Tribunal Supremo, el promotor de la Acción Disciplinaria, el director del Gabinete Técnico del Consejo General del Poder Judicial y el jefe de la inspección de Tribunales.

Ahora, seis meses después del órdago para modificar el sistema de elección y sin conseguir acercar posturas con el PP para la renovación del CGPJ, el Gobierno se ha decidido a retirar su propuesta. Un compromiso que se asume tan solo unas horas después de que la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourova, trasladase al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, esta petición durante una reunión telemática. Si en un principio se anunció que la reforma sería exprés, lo que realmente fue exprés fue la decisión de retirarla a instancias de la UE. Tanto, que fuentes del grupo parlamentario de Unidas Podemos han reconocido que ni siquiera habían sido informados de la decisión.

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Los socios minoritarios amenazaron en un primer momento con mantener la reforma si no se valoraban "alternativas al bloqueo". Horas después, se matizaba desde el grupo confederal que la propuesta de reforma del CGPJ estaba muerta desde hacía tiempo porque el PSOE no le daba apoyo y, por lo tanto, se había asumido "su retirada 'de facto". No obstante, se insiste en la idea de negociar "una alternativa para acabar con el bloqueo del CGPJ". "Si persiste la voluntad de bloqueo, tenemos que encontrar vías para solucionarlo. Nosotros estamos dispuestos a estudiar otros mecanismos alternativos, pero de momento no hay ninguno sobre la mesa y hasta que no lo tengamos no estamos de acuerdo en retirarla", había avanzado el presidente del grupo confederal en el Congreso nada más conocer el anuncio del titular de Justicia.

Desde la formación morada, ya comenzaron a buscar el pasado mes de diciembre alternativas a la reforma de la Ley del Poder Judicial en caso de que el Gobierno no alcance un acuerdo con el PP para la renovación. Las diferentes propuestas que estudian, basadas en la modificación del sistema de mayorías, que permitiría al Ejecutivo no tener que contar con los populares, tienen como denominador común el objetivo de reforzar la legitimidad de esta polémica reforma. Buscan combinar tanto la mayoría absoluta de 176 apoyos, en segunda votación, como la mayoría de grupos parlamentarios en el Congreso o, al menos, la mitad, para que pudiese salir adelante.

Este sistema de mayoría de votos, complementado con el respaldo de al menos la mitad de los grupos del Congreso, sería similar al que ya existe para la renovación del consejo de administración de RTVE. Propuestas alternativas que el PSOE ha desechado y que ahora, tras el compromiso adquirido con Bruselas, ni siquiera se plantea valorarlas. Vuelven las llamadas al PP para negociar la renovación de un órgano que lleva 28 meses caducado, con el objetivo de volver a sentarse tras las elecciones en la Comunidad de Madrid. La reforma fantasma del CGPJ se ha demostrado seis meses después de registrarse como un improductivo farol, que además de atrancar las negociaciones le ha valido a España varios reproches de Bruselas.