Sánchez firmará la transferencia de Prisiones al País Vasco una semana después del 4-M

El Gobierno firmará la transferencia de Prisiones al País Vasco el próximo 10 de mayo, una semana después de las elecciones madrileñas. Se trata del primer gran acuerdo que ha cerrado Miquel Iceta desde que fue nombrado ministro a finales del pasado mes de enero. El anuncio del acuerdo ha sido trasladado solamente por el Gobierno vasco, a través de la consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi. El encuentro del próximo 10 de mayo en el marco de la Comisión Mixta de Transferencias sellará el traspaso de las tres prisiones vascas, así como del transporte por carretera, el edificio Distrito Marítimo de Ondarroa y la gestión del código bibliográfico ISSN.

El Gobierno acordó con el PNV el pasado mes de octubre el cronograma para materializar el traspaso de las competencias estatutarias pendientes tras solicitar los informes a los ministerios competentes en las distintas materias. El objetivo era completarlas antes del mes de marzo. En junio del pasado año ya se realizaron transferencias en materia de ejecución de la legislación laboral, productos farmacéuticos y seguro escolar.

Respecto a Navarra, está en proceso el traspaso de las competencias de Tráfico, para el que ya se han solicitado los informes y celebrado distintas reuniones interministeriales para concretar los medios a traspasar, a la espera de convocar la ponencia técnica previa al acuerdo en la Comisión Mixta de Transferencias.

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Fuera del ámbito de los traspasos, el Gobierno ha avanzado en el PNV de cara a que el País Vasco cuente con selecciones deportivas para representar a este territorio en el ámbito internacional. Tras las reuniones entre la anterior presidenta del CSD y la consejería de Cultura y Política Lingüística del Gobierno autonómico, se está todavía a la espera de que estos últimos envíen su propuesta, como se recoge en el informe de rendición de cuentas sobre el primer año de legislatura.

Garamendi ha señalado durante una comparecencia celebrada la tarde de este viernes que el traspaso de las funciones y servicios sobre la ejecución de la legislación estatal penitenciaria “supone asumir la competencia exclusiva para la organización, régimen y funcionamiento de los establecimientos penitenciarios”. El Gobierno vasco asumirá una red completa de recursos materiales con los que prestar el servicio público penitenciario. Actualmente hay alrededor de 1.300 reclusos en las cárceles de Zaballa (Álava), Martutene (Guipúzcoa) y Basauri (Vizcaya), de los que aproximadamente un centenar son mujeres.

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Los tres inmuebles serán traspasados al País Vasco y le pertenecerán en las mismas condiciones jurídicas en las que pertenecían anteriormente al Estado. Cuando se construya la prisión de Zubieta, el Gobierno vasco devolverá Martutene al español y asumirá la titularidad del nuevo establecimiento penitenciario. Las obras de construcción de esta prisión fueron adjudicadas por el Gobierno español el pasado mes de marzo por un importe cercano a los 39 millones de euros. Deberá ejecutarse en 22 meses, por lo que, según los plazos de obra establecidos, será una realidad en primavera de 2023, según informan desde el departamento vasco de Gobernanza Pública y Autogobierno.

La transferencia también incluye la antigua cárcel de Nanclares, que fue clausurada por Instituciones Penitenciarias tras su cierre. Ya no acoge a población reclusa y hasta hace poco parte de sus dependencias eran utilizadas para dar alojamiento a funcionarios de prisiones. El centro penitenciario no se ha desafectado del servicio público.

Transferencias pendientes

Con respecto a Cataluña, se está trabajando, en coordinación con el Ministerio de Hacienda, en la ampliación del traspaso de medios materiales y económicos para el funcionamiento de la administración de la justicia. Con ERC se puso en marcha el acuerdo de crear la mesa de diálogo entre Gobierno y Govern, si bien hasta el momento solo celebró una única reunión, el 26 de febrero del pasado año.

El PSOE pactó con el BNG en el acuerdo de investidura al convocar la Comisión Mixta de transferencias Estado-Xunta de Galicia, pero hasta el momento no se ha activado ni ha habido conversaciones para establecer un cronograma. Tampoco se han iniciado los trabajos para promover en el Congreso la Ley del Parlamento de Galicia, que se comprometió aprobar en esta legislatura.