El 'síndic' catalán pide investigar la presencia de la extrema derecha en las policías

El 'síndic de greuges' (defensor del pueblo catalán), Rafael Ribó, quiere que se investigue “la presencia de la extrema derecha y la falta de neutralidad política en las Fuerzas Armadas y en los Cuerpos de Seguridad”. Así consta en un informe reciente, en el que reclama que en Cataluña y en España se haga lo mismo que hizo el Ministerio del Interior alemán el año pasado, cuando efectuó una investigación sobre el auge de la extrema derecha en sus cuerpos de seguridad, lo que figuró en otro informe confidencial de Europol de finales de 2019. Esta entidad advertía de que grupos de extrema derecha estaban reclutando personal dentro de las Fuerzas Armadas y las policías de Alemania.

Según una nota de la oficina de Ribó, el Departamento de Interior de la Generalitat ya le ha comunicado su voluntad de elaborar un estudio “que deberá evaluar las 217 organizaciones policiales existentes en Cataluña”. “El objetivo de esta resolución es plantear la necesidad de elaborar uno o varios informes oficiales sobre la presencia de la extrema derecha dentro de los Cuerpos Policiales y las Fuerzas Armadas. O, quizá de forma más ajustada al marco jurídico español, sobre una posible politización de algunos de estos sectores que pudieran poner en cuestión la necesidad de mantenerse al margen del debate político e, incluso, atentar contra la legalidad vigente. El precedente de esta recomendación es el informe sobre la materia elaborado en Alemania el año pasado”, dice Rafael Ribó.

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El 'síndic' afirma que “los últimos meses del año 2020 ha resucitado un debate que parecía superado: la existencia de sectores reaccionarios dentro de las Fuerzas Armadas españolas que tendrían una actitud peligrosa en relación con el sistema democrático. La opinión generalizada era que después del golpe de Estado de 1981, las reformas introducidas por Narcís Serra cuando fue ministro de Defensa (1982-1991) y la pertenencia de España a la OTAN, con los consiguientes contactos frecuentes de militares españoles con colegas de otros países democráticos, habían hecho desaparecer las opiniones nostálgicas del franquismo dentro de las Fuerzas Armadas”, dice el informe.

En ese sentido, recoge que incluso el exjefe del Estado Mayor, el general Julio Rodríguez, “es hoy un cargo de confianza del vicepresidente del Gobierno”. Pero asegura a continuación que “el proceso soberanista catalán y la formación de un Gobierno de izquierdas parece haber abierto la caja de Pandora. El alcance, se afirma, es minoritario y controlable, pero se han sucedido varios episodios preocupantes”, relata el 'síndic'.

“Episodios preocupantes”

Enumera, así, una serie de episodios que han provocado un vivo debate público: el primero de esos incidentes es “la ‘Declaración de respeto y desagravio del general Francisco Franco Bahamonde, soldado de España’, firmada en julio de 2018 por 182 militares retirados, protestando por el anuncio de exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos”. Recoge luego la carta al Parlamento Europeo, en noviembre de 2019, firmada por 39 militares en la reserva del Ejército del Aire “denunciando que el Gobierno ‘socialcomunista’ está provocando ‘la desintegración de la democracia española”.

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Otro de los episodios es una carta similar dirigida a Felipe VI por miembros de la XIX Promoción de la Academia del Aire el 10 de noviembre de 2020 y otra carta publicada en ‘El País’ el 28 de noviembre y firmada por 73 miembros de la XXIII promoción de la Academia General Militar. Otra de las quejas hace referencia a unas imágenes grabadas en diciembre de 2019, pero difundidas en diciembre de 2020, sobre una fiesta en el cuartel de Paracuellos del Jarama, donde algunos asistentes “hacen el saludo nazi y cantaban una canción de la División Azul, ‘Primavera’, que adaptó la banda neonazi Estirpe Imperial. En este caso, se trataba de militares en activo”.

El informe de Ribó recoge otros tres: “En el mismo mes de diciembre de 2020, se destapa la existencia de varios chats integrados por militares en la reserva en los que se intercambian mensajes ultraderechistas. En el primero, se habla de la posibilidad de un golpe de Estado y de fusilar a 26 millones de personas (‘hijos de puta’). En el segundo, miembros de la IX Promoción de Suboficiales de Artillería (1982-1985) se solidarizan con los integrantes del grupo de WhatsApp que había transcendido y se acusa al teniente coronel José Ignacio Domínguez de haberlo denunciado y de estar relacionado con el vicepresidente segundo del Gobierno (…) La ministra Robles afirmó que no había ningún militar en activo entre los integrantes de los chats”.

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En diciembre, también trascendieron mensajes de militares en activo a través de Facebook “a favor de Franco, José Antonio Primo de Rivera y Millán Astray, expresando el apoyo a las tesis del partido de extrema derecha Vox”. Y, por último, relata que “el Ministerio de Defensa se vio obligado a publicar la instrucción 2/2021 de 8 de enero instando en los centros de formación militares a instruir a sus alumnos en la Constitución. Esta actuación surge después de que se hiciera público que en la Escuela Naval de La Graña se había celebrado el hundimiento de un submarino republicano en 1937 utilizando expresiones como ‘rojos’ y ‘nacionales’. El jefe de Estudios de la escuela fue cesado”.

Garantizar la neutralidad política

Respecto a los cuerpos policiales, Ribó considera que las actuaciones son menores, pero destaca “determinadas actuaciones de la Guardia Civil sobre la sentencia 20/2020 de la Audiencia Nacional”, que "podrían atribuirse a prejuicios ideológicos vinculados a la extrema derecha: los gritos de ‘A por ellos’ de octubre de 2017; atestados como los que evaluaron el papel de los Mossos d’Esquadra por su actuación el mismo año, desautorizados por la sentencia 10/2020; el discurso del director general de la Guardia Civil en el cuartel de Sant Andreu de la Barca en octubre de 2019; casos como los vinculados a la investigación del Gobierno central con motivo de la pandemia (que provocaron la destitución del coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos); el papel como policía judicial en investigaciones como las que afectaron a Tamara Carrasco o Adrià Carrasco, ambas desestimadas por la Justicia, o las del caso Alsasua, que los tribunales avalaron", relata Ribó mezclando actuaciones sobreseídas y actuaciones confirmadas luego con sentencias.

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No obstante, destaca que “es cierto que estos ejemplos se podrían atribuir a una determinada visión especialmente punitiva del ordenamiento jurídico y no a una ideología concreta ni a una actuación presuntamente delictiva”. No obstante, tras haber cargado contra la “extrema derecha” y exigido una investigación en las 217 organizaciones policiales existentes en Cataluña (pertenecientes a todos los cuerpos de seguridad, incluyendo policías locales), Ribó se descuelga reconociendo que “más que investigar la presencia de la extrema derecha en los cuerpos policiales y las Fuerzas Armadas, cosa difícilmente compatible con el marco legal, que no penaliza la existencia de esta ideología ni de otra, habría que analizar hasta qué punto se está cumpliendo con la obligación de mantener la neutralidad política en casos como los que hemos citado”.

Considera urgente que se analice si las actividades detectadas pueden ser constitutivas de delito. “Haría falta que Gobierno central, gobiernos autonómicos y locales no actuaran en función de los casos que consideran aislados, sino que investigaran a fondo las actuaciones incorrectas en el marco de una visión global. Esta sería la enseñanza principal del informe del Gobierno alemán”. En Alemania, recuerda, se detectaron más de 1.400 casos en que militares y policías aparecían como sospechosos de cometer acciones extremistas.

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Agencias

Aunque Ribó reconoce que los marcos jurídicos alemán y español son muy diferentes, asegura que “parecería poco responsable que los gobiernos del Estado y de la Generalitat se mostraran insensibles a informes como el alemán cuando en España se han detectado últimamente casos preocupantes. Y no se puede olvidar que determinadas actuaciones denunciadas por el informe alemán, como la participación en chats y el hecho de compartir imágenes de dudosa legalidad, también se han producido en España”.

Recuerda también el 'síndic' que en Alemania la investigación tuvo sus frutos: “El mes de junio de 2020, el ministro de Defensa disolvió una unidad de fuerzas especiales después de detectar materiales explosivos, armas y objetos en recuerdo de las SS en manos de un sargento mayor. El mes de septiembre, el estado de Renania-Westfalia tuvo que suspender a 29 agentes de policía acusados de difundir imágenes de Hitler y propaganda neonazi en varios chats. El mes de octubre, fue destituido Christof Gramm, jefe de la Agencia de Contrainteligencia Militar, por los errores cometidos en la dirección del extremismo en las Fuerzas Armadas. Todos estos casos son posteriores al periodo analizado en el informe”.

Por ello, pide que la Consejería de Interior de la Generalitat traduzca el informe alemán, que se elabore luego un informe similar respecto a los Mossos d’Esquadra, con la intención de que luego se haga extensible ese estudio a las policías locales. Pide, asimismo, que el Ayuntamiento de Barcelona haga lo propio con la Guardia Urbana y demanda a los demás síndicos del Estado "que propongan un estudio sistemático y global sobre los casos de carencia de neutralidad política dentro, respectivamente, de los cuerpos policiales del Estado y las Fuerzas Armadas y las policías forales".