La lucha de un guardia civil contra Interior para reducir su jornada y cuidar de su hijo
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INTERIOR RECURRE LA SENTENCIA QUE Lo AMPARA

La lucha de un guardia civil contra Interior para reducir su jornada y cuidar de su hijo

El menor es cada vez más agresivo contra sí mismo y hacia los profesores, lo que ha forzado al padre a modificar su vida; la Justicia lo ampara, pero sus superiores quieren agotar todas las vías judiciales

placeholder Foto: La directora de la Guardia Civil, María Gámez, durante una jornada sobre mujer e igualdad. (EFE)
La directora de la Guardia Civil, María Gámez, durante una jornada sobre mujer e igualdad. (EFE)

El pasado 15 de marzo, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Pontevedra le dio la razón: tiene derecho a una reducción de jornada del 50% para cuidar a su único hijo, un chaval de 10 años con autismo. Que intervenga la Justicia en una decisión así llama la atención, pero si se repara en que el demandante es guardia civil, que la instancia a la que pertenecen sus jefes es el Ministerio de Interior y que precisamente este departamento ha puesto obstáculos el caso, llama muchísimo la atención.

Porque fueron los superiores de este agente los que denegaron el permiso tanto el 24 de octubre de 2019, cuando así lo decidió el jefe de la comandancia, como el 7 de febrero de 2020, cuando el general de zona hizo lo propio tras el recurso elevado por el afectado ante la negativa del primero. El funcionario ve ahora cómo la Justicia lo ampara y confirma que su petición era ajustada a derecho. Sin embargo, ni siquiera con esta resolución en la mano puede comenzar la nueva vida que ha planteado.

La Dirección General del instituto armado ha decidido presentar un recurso contra la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo con el fin de evitar que el guardia civil pueda reducirse la jornada para cuidar a su hijo. El escrito defenderá presumiblemente lo que hizo durante el proceso, que la petición del agente no cumple con los requisitos legales exigibles, pues la norma contempla esta concesión únicamente para casos en los que exista una "hospitalización y tratamiento continuado" o que "requieran la necesidad de cuidado directo y permanente acreditado por informe del servicio público de salud". La Dirección General entiende que no es el caso, pues no existen hospitalización ni cuidados domiciliarios análogos o al menos, a su juicio, esto no ha quedado acreditado.

Foto: Foto de archivo de la jura de bandera de guardias civiles en Baeza. (EFE)

El chico está escolarizado en un colegio público y, según el recurrente, esto vendría a demostrar que no tiene que recibir esos intensos cuidados, extremo que ahora deberá resolver la Audiencia Provincial, pero que de momento ha quedado desmontado por la sentencia de la vía contenciosa. Esta última dejó claro que, según dijo el Tribunal Supremo en un caso similar, "no es óbice la escolarización del menor cuando se acredita la imposibilidad de ser atendido en el centro escolar por personal sanitario, inexistente, o incluso docentes que ni están preparados ni quieren hacerlo".

"Cierto es que no se acredita régimen de hospitalización actual, pero sí la necesidad de cuidado permanente, que no se cubre con el régimen de escolarización en el que se encuentra, el cual no puede ser considerado para concluir que no es necesaria la reducción de jornada solicitada por el progenitor", concluye la sentencia del Juzgado Contencioso 2 de Pontevedra, que insiste en que no es en el colegio donde le aportan los cuidados que el chico necesita en el ámbito médico.

"El hecho de que la enfermedad grave del menor requiere un cuidado directo, continuado y permanente viene apoyado en la documental que aportó el recurrente", añadió la sentencia en relación con el informe de la orientadora escolar que reveló que el niño requiere de una "precisa y constante atención individualizada", algo que el colegio no puede darle. El mencionado informe, de hecho, destaca "la imposibilidad de que con el servicio ordinario que puede prestar el centro sea suficiente", en línea con lo que alegó el Supremo en el citado caso similar.

Foto: El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. (EFE)

El informe del pediatra, por otra parte, constató "la necesidad" de que el menor reciba "ayuda y vigilancia constantes tanto en el ámbito familiar como escolar", extremo que confirma también el servicio de psiquiatría de Adeslas que observó al chico, que apoyó que el pequeño requiere "atención continua ante el grado de dependencia y falta de autonomía", como por otra parte es propio de quien sufre autismo a esa edad. El chaval presenta un elevado grado de esta enfermedad, un trastorno grave de conducta, un nivel de dependencia 3 y una discapacidad muy grave, del 75%, que requiere la ayuda de tercera persona, como explicó el padre durante el procedimiento judicial, en que incluso destacó que su hijo había experimentado "un incremento de las conductas agresivas tanto hacia sí mismo como hacia el profesorado".

Pedro Carmona, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), organización que ha dirigido la defensa letrada del agente, critica la doble cara que presenta la directora general, María Gámez, con estos asuntos en público y en privado. "Las ideas de la directora general parecen no coincidir con lo que en la realidad ocurre, que es que los guardias civiles tienen que seguir buscando el reconocimiento de sus derechos en los tribunales", asegura Carmona. "Este proceso judicial muestra lo mucho que queda por hacer en materia de conciliación en la Guardia Civil; muestra cómo los guardias civiles tienen que acudir continuamente a los tribunales para reclamar lo que en teoría debería ser un derecho ya consolidado", subraya el portavoz de AUGC.

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