La Guardia Civil registra la sede de Abengoa en una operación de la Audiencia Nacional

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está realizando desde primera hora de este martes un registro en la sede central de Abengoa en Sevilla, en la zona de Palmas Altas, por orden del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. Se investigan presuntos delitos societarios y contra el mercado y los consumidores, según han confirmado a El Confidencial fuentes próximas al caso.

Las actuaciones han sido declaradas secretas por el instructor del procedimiento, el juez Ismael Moreno, que mantiene abiertas varias causas relacionadas con la quiebra de la multinacional española. Entre ellas, una pieza separada en la que ha descubierto un sistema interno de facturación que habría permitido a los responsables de la compañía inflar artificialmente sus beneficios y ocultar de manera sistemática sus pérdidas.

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El artificio contable de Abengoa habría provocado pérdidas millonarias a miles de accionistas y bonistas, que invirtieron en la compañía creyendo que su estado financiero era mucho más solvente del que realmente tenía. El engaño se habría producido al menos en las cuentas correspondientes al periodo 2014-2016. En la instrucción está teniendo un peso la acusación que ejerce la Plataforma de Afectados por Abengoa, representada por el despacho Ius+Aequitas.

Se investigan presuntos delitos societarios y contra el mercado y los consumidores

Los especialistas en delitos económicos de la Guardia Civil han intervenido los ordenadores que hay en las oficinas de la empresa y han pedido a los empleados que no se muevan de sus puestos de trabajo hasta que concluya el registro. Buscan todo tipo de documentación relacionada con la contabilidad de la compañía. En 2018, las mismas instalaciones ya fueron registradas por la Policía Nacional en busca de correos electrónicos vinculados a un presunto pago de comisiones ilegales en Argelia.

El juez Moreno mantiene imputados desde abril de 2020 al expresidente Felipe Benjumea, el ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega, las exconsejeras Mercedes Gracia y Alicia Velarde y el socio auditor de Deloitte Manuel Arranz y la propia Deloitte por la alteración de la realidad económica, financiera y patrimonial de la sociedad.