Los jueces piden a la UE que condicione las ayudas al respeto a la independencia judicial

Las consecuencias de la reforma impulsada por los partidos del Ejecutivo que limita las funciones del Consejo General del Poder Judicial aún no han terminado. Tres asociaciones de jueces —APM, FdV y el Foro Judicial Independiente— han dirigido un escrito a la vicepresidenta de la UE, Vêra Jourová, y al comisario de Justicia en el que solicitan que si España insiste en desatender las recomendaciones de la Unión, se aplique el reglamento y se inicie un procedimiento para constatar "el riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho" por amenaza contra la independencia judicial. Según las normas europeas, si un país incumple principios fundamentales, la UE puede reducir o condicionar fondos europeos, apuntan fuentes jurídicas.

"Nos dirigimos a la Comisión Europea para poner de manifiesto el riesgo a que se ve sometido el Estado de Derecho en España a causa de la deriva legislativa por reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en trámite", indican en el durísimo escrito, suscrito por más de 2.500 jueces. Añaden que "puede afirmarse que el actual sistema 'de facto' es contrario a la Constitución, y a las exigencias de las instituciones europeas, según las cuales 'las autoridades políticas no pueden intervenir en ningún momento del proceso en la elección de los vocales de procedencia judicial".

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Reclaman así a la Unión que tome conocimiento de su denuncia acerca de las reformas legislativas "sobre el apagón y desapoderamiento del CGPJ y su colonización por los partidos políticos, que comprometen los nombramientos de altos cargos judiciales, así como toda la actividad gubernativa sobre jueces (disciplinaria, promoción, formación), y con ello su independencia e imparcialidad". "Esta actuación pone en riesgo el Estado de Derecho, lo que constituye un riesgo claro de violación grave por parte de España de los valores contemplados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y, por lo tanto, del propio Derecho de la Unión".

Solicitan que desde el ámbito de competencia de la Comisión se inste al Gobierno de España para que aborde las reformas legislativas que resulten compatibles con las garantías que demanda el Tratado de la Unión y que, en su caso, se valore la procedencia de la aplicación del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2020, sobre un régimen general de condicionalidad para la protección del presupuesto de la Unión. "En última instancia y de no subsanarse la situación denunciada, inicie el procedimiento previsto en el art. 7 del Tratado de la Unión Europea, de constatación de riesgo claro de violación grave por parte del Reino de España, como Estado miembro, de los valores contemplados en el artículo 2 y del Estado de Derecho", finaliza el escrito.

"Esta actuación pone en riesgo el Estado de Derecho, lo que constituye un riesgo claro de violación grave por parte de España"

A lo largo de seis páginas, el escrito recuerda que tras la dilación de más de dos años en la renovación del CGPJ y dado que este sigue cumpliendo sus funciones institucionales, entre ellas la de nombrar a los jueces de altos tribunales, de acuerdo con la ley, los partidos que gobiernan en coalición (PSOE y Unidas Podemos) han promovido dos reformas legislativas.

"La primera consiste en reducir las mayorías necesarias para la elección de los vocales de procedencia judicial, que pasa de 3/5 a ser la misma que para formar Gobierno. La reforma supone eliminar la única garantía del deficiente sistema español de elección de vocales judiciales del CGPJ. Esta propuesta ha sido rechazada duramente por los operadores jurídicos —especialmente, casi todas las asociaciones judiciales—, la prensa y el propio CGPJ", indican y destacan que la Comisión Europea expresó su oposición por ser contraria a las recomendaciones de la propia UE. Esta proposición está paralizada, si bien sus promotores han manifestado públicamente que continuarán adelante si el CGPJ no se renueva.

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La segunda "tiene como finalidad que el CGPJ no pueda realizar su función más importante, que es la de nombrar a los altos cargos judiciales, cuando su mandato haya expirado". Esta reforma legal ha entrado en vigor el 31 de marzo de 2021 y "suprime otras facultades del CGPJ que consideremos esenciales, como la legitimación para promover conflictos de competencias entre órganos constitucionales". "En suma, reduce las funciones del CGPJ a aspectos meramente burocráticos, en detrimento de su función esencial: ser el garante de la independencia judicial", agregan.

"Estamos ante una Ley de Apagón o Desapoderamiento del CGPJ, ya que esta limitación persistirá hasta que se elija al nuevo CGPJ, acentuando la dependencia política del órgano de gobierno de los jueces respecto de las Cámaras que lo nombraron. 8. No se ha solicitado el parecer de la Comisión de Venecia, en salvaguarda de las garantías del Estado de Derecho y la independencia judicial, como era debido, según en su día subrayó esta Comisión Europea, al valorar la primera de las propuestas. Además, la segunda propuesta ha prosperado sin dar audiencia ni al CGPJ ni a las asociaciones judiciales, a pesar de que se había solicitado expresamente este trámite", destacan.