Marlaska premia el silencio judicial del jefe de los antidisturbios con una embajada suculenta
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Marlaska premia el silencio judicial del jefe de los antidisturbios con una embajada suculenta

Interior envía al comisario de las UIP a Moscú al tiempo que evita su declaración ante el Juzgado 19 de Barcelona por el dispositivo policial desplegado tras la sentencia del 'procés'

placeholder Foto: Agentes de la Policía Nacional durante una concentración en Barcelona. (EFE)
Agentes de la Policía Nacional durante una concentración en Barcelona. (EFE)

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sigue con atención el proceso del Juzgado de Instrucción 19 de Barcelona que investiga la presunta comisión de un delito contra la seguridad de los trabajadores por parte del director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, y de su número dos, el comisario principal José Ángel González, por dotar presuntamente de medios insuficientes a los agentes desplegados en Cataluña para combatir los altercados que tuvieron lugar en la región tras la sentencia del 'procés', publicada en octubre de 2019.

Los representantes legales de los dos investigados se opusieron recientemente a que declarara como testigo el que ha sido durante casi una década jefe de los antidisturbios, José Miguel Ruiz Iguzquiza, responsable del dispositivo policial que trató de controlar las batallas campales que asolaron las principales vías de la comunidad durante los días posteriores a la mencionada resolución del Tribunal Supremo, que condenó a nueve líderes independentistas a penas de entre nueve y 13 años de prisión por un delito de sedición. La declaración había sido solicitada por Jupol, el sindicato mayoritario en la Policía Nacional, que denunció ante los tribunales que los agentes fueron enviados a una contienda callejera sin apenas medios materiales.

Foto: Antidisturbios en las protestas de Barcelona contra la sentencia del 1-O, en octubre de 2019. (EFE)

Jupol considera que el testimonio de Ruiz Iguzquiza es determinante para continuar con el procedimiento, pues será quien aclare qué personas dieron las órdenes para que los funcionarios trabajaran durante "jornadas maratonianas" con un "material insuficiente" y con unos mandatos de contención que generaron enormes protestas entre los agentes. La situación de desamparo se producía apenas dos años después de la operación Copérnico, que generó tal conciencia en el seno de la Policía que por primera vez en la historia provocó una reducción de la demanda de plazas en las Unidades de Intervención (conocidas popularmente como antidisturbios), que siempre habían sido la joya de la corona, el lugar donde casi todos los funcionarios querían ir por las buenas condiciones que había. Llovía por lo tanto sobre mojado.

"Si Iguzquiza dice que fueron los dos investigados quienes le ordenaron actuar de ese modo, continuaremos acusándoles y además tendremos más pruebas contra el director general y su número dos", reflexionan desde Jupol. El sindicato se pone en la posición de que el jefe de los antidisturbios optara por asumir él mismo la responsabilidad. "En el caso de que Iguzquiza explicara que fue él quien tomó la decisión, tendríamos que pedir su imputación", adelanta. "Por eso es tan importante que declare", añade, antes de recordar que, sin embargo, han sido los abogados de los dos investigados quienes se han opuesto a que el comisario de las Unidades de Intervención Policial (UIP) aporte luz al caso.

Foto: Francisco Pardo Piqueras durante el pasado Día de la Policía en Logroño. (EFE)

El titular del Juzgado de Instrucción 19 de Barcelona, de momento, ha asumido el criterio de los representantes procesales de Pardo y de González y ha rechazado la declaración de Iguzquiza. Sin embargo, esta aún está en el aire. Jupol ha recurrido la decisión y será ahora la Audiencia Provincial de Barcelona la que decida sobre la conveniencia o no de que el jefe de los antidisturbios se pronuncie en esta causa, extremo que el alto tribunal de la Ciudad Condal decidirá en los próximos días. Mientras esto ocurre, la Dirección General ha tomado una decisión, cuando menos polémica, en relación con destino del propio Iguzquiza, que se torna como pieza clave en el futuro profesional del titular de la institución y de su segundo.

Pardo puso el pasado 23 de marzo sobre la mesa de la Comisión de Destinos en el Exterior el nombre del jefe de las UIP. El director general le propuso, en concreto, para que ocupara el cargo de consejero de Interior en la Embajada de España en Moscú, una de las plazas más codiciadas del instituto armado, ya que tiene aparejado uno de los sueldos más elevados. Según fuentes policiales, un consejero de Interior en la capital rusa cobra cerca de 20.000 euros netos al mes, una cifra muy elevada a la que hay que añadir complementos anuales y que se multiplica por el tiempo que dura el cargo, que en principio se alarga durante cuatro años.

Foto: Actuación de los antidisturbios en el barrio madrileño de Lavapiés, en 2018. (EFE)

Como publicó el diario 'El Independiente', Pardo señaló que Iguzquiza era "el más adecuado" para ocupar el cargo. El director de la corporación ponía así al testigo clave del procedimiento judicial en el que está investigado el número uno del cuerpo como principal favorito, por delante de otros 13 comisarios que también aspiraban al preciado puesto consular. Según ha podido confirmar El Confidencial de fuentes policiales, la decisión ya está tomada, por lo que Iguzquiza ya está preparando las maletas para trasladarse a la capital rusa. La Comisión de Destinos en el Exterior, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad, analizó el 23 de marzo la plaza de Moscú, pero también las vacantes que deben ser ocupadas en otras 11 embajadas (México, Colombia, Cuba, India, Nigeria, Guinea, Reino Unido, Turquía, Tailandia, Perú y Portugal).

El inminente traslado de Iguzquiza conllevará un pequeño terremoto también en el seno de las Unidades de Intervención, pues el comisario ha sido responsable de los antidisturbios durante los últimos nueve años, desde que fue nombrado en 2012 para sustituir a José Antonio Togores. Tanto el despliegue policial en Cataluña, en el marco de la operación Copérnico de 2017, como el que tuvo lugar tras la sentencia del 'procés' en 2019 o las denominadas Marchas por la Dignidad de 2014 —que provocaron casi medio centenar de agentes heridos por las calles de Madrid— fueron supervisados por Iguzquiza. Todos ellos resultaron polémicos y provocaron las protestas de los sindicatos policiales, que entendieron que la previsión operativa brillaba por su ausencia y que se quejaron de la falta de medios y de las órdenes políticas que obligaron a los agentes a aguantar palos sin apenas ofrecer resistencia.

Foto: Imagen del 'making of' de 'Antidisturbios'. (Movistar)

Las protestas de los sindicatos no fueron únicamente por lo que entendían como una mala gestión de los dispositivos, sino también por la actitud del Ministerio del Interior de la época, dirigido en esos tiempos por el popular Jorge Fernández Díaz, quien otorgó la medalla al mérito policial con distintito rojo a Iguzquiza por su labor al frente del despliegue policial que se enfrentó a las Marchas por la Dignidad. La condecoración conlleva también un incremento del sueldo del 10% de por vida.

El procedimiento que se sigue contra Pardo y González en el Juzgado de Instrucción 19 de Barcelona continúa vivo por la decisión de la Audiencia Provincial, que ahora tendrá que decidir sobre si declara finalmente Iguzquiza o no. El Juzgado se posicionó inicialmente en contra de admitir a trámite la querella de Jupol, pero fue el alto tribunal de apelación el que ordenó abrir la investigación con base en el mencionado escrito sindical. Tanto Pardo como González han declarado ya en sede judicial, como ordenó la Audiencia Provincial.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sigue con atención el proceso del Juzgado de Instrucción 19 de Barcelona que investiga la presunta comisión de un delito contra la seguridad de los trabajadores por parte del director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, y de su número dos, el comisario principal José Ángel González, por dotar presuntamente de medios insuficientes a los agentes desplegados en Cataluña para combatir los altercados que tuvieron lugar en la región tras la sentencia del 'procés', publicada en octubre de 2019.

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