Sánchez viaja a Senegal para intentar su reto migratorio pendiente: las repatriaciones

De los 41.861 inmigrantes irregulares que llegaron a España desde África en 2020, los senegaleses fueron el quinto contingente más numeroso, y de los 3.200 'sin papeles' que desembarcaron en Canarias en lo que va de año, fueron el cuarto: 400 personas. El país africano se ha convertido en una prioridad de la política migratoria del Gobierno español, y, por ello, Pedro Sánchez viajará dentro de dos días a Dakar.

El terreno se lo ha preparado la ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, ya que a finales de noviembre viajó a la ciudad para anunciar a bombo y platillo que “en breve” se reanudaría la repatriación de inmigrantes irregulares en vuelos especiales, una medida prevista en el acuerdo bilateral de 2009 al que acompañó otro sobre menores no acompañados. Sin embargo, desde 2018, el Ministerio del Interior no ha efectuado un solo vuelo de repatriación: en los tres primeros meses de este año, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska tuvo listos, incluida la lista de pasajeros, hasta tres vuelos de Tenerife a Dakar, pero ninguno llegó a despegar.

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Desde el miércoles hasta el viernes, el presidente visitará Angola y Senegal para hablar sobre inmigración con Macky Sall, el jefe de Estado senegalés. Todos los viajes del jefe del Gobierno a África, tanto el primero, que efectuó a Marruecos en noviembre de 2018, como el último a Argelia en octubre de 2020 o el de Mauritania, en junio pasado, tienen un claro acento migratorio. Moncloa trata de restarle importancia.

2020 fue un mal año para España (especialmente para Canarias, con 23.023 llegadas) en materia de inmigración irregular procedente de África. El año en curso va a ser peor, a juzgar por los datos incompletos del primer trimestre de los que informó el lunes Interior. En ese periodo, desembarcaron 6.122 'sin papeles', más de la mitad (3.436) en el archipiélago, un 117% más que en 2020. Los meses de invierno son los más flojos a causa del mal tiempo; de ahí que probablemente el flujo se intensifique a medida que transcurra el año.

A diferencia del ejercicio anterior, la mayoría de los inmigrantes que ponen pie en las islas ya no son marroquíes, sino subsaharianos, pero siguen zarpando principalmente desde las costas del Sáhara Occidental, uno de los territorios más militarizados de África y controlado por Marruecos, según informes de inteligencia que se intercambian las policías europeas.

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“No hay ninguna patera que llegue sin que haya cuatro, cinco o seis menores, tanto acompañados como no acompañados” a bordo, señaló en marzo Francisco Moñux, consejero de Interior adscrito a la embajada de España en Rabat, en una conversación pública mantenida con su ministro. El Gobierno canario tiene bajo su tutela a 2.658 niños y adolescentes extranjeros.

Grande-Marlaska consiguió, a finales de noviembre pasado, tras su séptimo viaje a Rabat, que Marruecos acepte la devolución semanal de 80 inmigrantes irregulares marroquíes, acompañados cada uno por dos policías españoles, todos ellos provistos de un test PCR negativo efectuado en Canarias antes de su salida. Los consulados de Marruecos “son además muy remisos a documentar a los marroquíes” que carecen de “papeles” para que puedan volver, se lamentó también Francisco Moñux.

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Cuando por fin les otorgan el salvoconducto, solo pueden ser entregados en el aeropuerto de El Aaiún, la capital del Sáhara Occidental, una exigencia con la que Rabat trata de forzar el reconocimiento de España de su soberanía sobre esa antigua colonia española. Cientos de marroquíes que habían desembarcado en Andalucía han tenido que ser, primero, trasladados de la Península a Canarias para después embarcar en los aviones de Royal Air Maroc que enlazan Las Palmas con El Aaiún.

A este ritmo de repatriación —antes de la pandemia se hacían en mayor número a través de las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla—, España tardaría tres años en devolver a los marroquíes llegados irregularmente en 2020. Más importante que el número de repatriados es, sin embargo, a ojos de Interior, el efecto disuasorio de esos vuelos a El Aaiún sobre la juventud marroquí tentada por la aventura migratoria. Aunque la prensa marroquí no informa de la existencia de esos vuelos, la noticia corre como la pólvora y desanima.

Grande-Marlaska ansía que, tras la visita de Sánchez a Dakar, noticias parecidas circulen también entre los senegaleses dispuestos a echarse a la mar para alcanzar Europa. Senegal acaba de padecer una oleada de disturbios provocados por la pauperización de una franja de la población por culpa de la crisis económica desatada por la pandemia. Quizá no sea este el momento en que el presidente Macky Sall se atreva a cerrar parcialmente esa válvula de escape migratoria y cumpla lo pactado con España hace 12 años.

El viaje de Sánchez a las dos capitales africanas tiene también una vertiente económica, más con Angola (32 millones de habitantes) que con Senegal (16 millones). Cuando tomó posesión, hace ya cuatro años, el presidente angoleño, Joao Lourenço, citó a España entre los países con los que deseaba establecer una relación privilegiada.

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La semana pasada, Sánchez anunció en Madrid, ante otro presidente africano, el ghanés Nana Akufo-Addo, que había “llegado la hora de convertir esta década en la década de España en África”. A continuación, desgranó su proyecto Foco África 2023, un catálogo de buenas intenciones para reforzar la presencia española en ese continente.

La estancia de Sánchez en Luanda plantea un inesperado problema protocolario. Si no mejora rápidamente, no podrá ser atendido por el embajador de España en la capital de Angola, Manuel Hernández Ruigómez. Padece covid y guarda cuarentena.