El Gobierno descarta iniciar el plan piloto de la semana laboral de 4 días antes de 2022

El plan piloto para ensayar la semana laboral de cuatro días o 32 horas no verá la luz hasta bien entrado 2022. La demora se debe a que los costes del proyecto no irán a cargo de los fondos europeos, como se planteó en un principio, sino a los Presupuestos del próximo año, según fuentes del Ministerio de Industria. El paquete de 50 millones de euros que el Gobierno acordó con Más País para este proyecto queda así a expensas de que no se prorroguen las actuales cuentas, y por tanto, de que se aprueben unas nuevas. El plan, en consecuencia, "no será implantable antes de 2022", recalcan las mismas fuentes, porque los Presupuestos llegarían al Congreso, como pronto, entre los meses de octubre y noviembre y su tramitación acabaría a finales de año.

Desde Industria, ya advirtieron en la primera reunión negociadora con Más País de sus dudas sobre el uso de los fondos de recuperación económica con el propósito de subvencionar a las empresas que se sumasen al proyecto. Tras analizarlo, en el departamento encargado de desarrollar el plan se reafirman en que el proyecto deberá ser presupuestado y así lo trasladarán en la próxima reunión de trabajo, prevista para mediados de este mes, entre el director de gabinete de la ministra de Industria, Juan Ignacio Díaz, y el responsable de programa y coordinador político de Más País, Héctor Tejero.

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En la formación liderada por Íñigo Errejón, remarcan que el compromiso alcanzado con el Gobierno, concretamente con la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, pasa por implementar el plan a lo largo de este año. Sus cálculos, de hecho, eran que echase a andar en otoño, una vez que comenzasen a llegar los fondos europeos para cargar en estos las ayudas otorgadas a las empresas vía subvenciones.

El acuerdo con el Gobierno surgió precisamente como moneda de cambio para el apoyo de Más País al decreto de los fondos europeos que el Congreso amenazó con derogar tras el descuelgue de ERC del bloque de investidura y el rechazo también de PP y Ciudadanos. Durante la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para este 2021, Más País ya exigió a cambio de su voto favorable que se incluyese una partida para financiar un proyecto piloto para la reducción de la jornada laboral. La propuesta fue rechazada, pero Más País asumió esta renuncia a cambio de que se siguiese negociando cómo aterrizar esta medida.

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En cualquier caso, desde el equipo negociador de Más País no se oponen a que el paquete de 50 millones tenga que ser presupuestado, siempre que sea aprovechando en los actuales Presupuestos algunas de las partidas abiertas, o denominadas cajón de sastre. Lo contrario no solo supondría demorar una de las medidas estrella de su programa electoral que lograron arrancar al Ejecutivo, sino también dejarlo al vaivén de que se aprueben o no los PGE para 2022.

La campaña electoral del 4-M también ha tocado de lleno en estas negociaciones, cuyas reuniones llevan aplazándose dos semanas, y que ahora se encuentran con un escollo fundamental. Sin fecha cerrada para el próximo encuentro, aunque se prevé dentro de una o dos semanas como máximo, la intención antes de que apareciese esta controversia era comenzar a definir los métodos de selección de las empresas y el consorcio encargado de diseñar las líneas maestras del plan piloto.

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La propuesta de Más País es que se incluyan en este ensayo dos centenares de empresas, principalmente pymes, y entre 3.000 y 6.000 trabajadores. Entre los sectores a los que se pretende dirigir este plan, que sería de carácter anual, destacan principalmente la consultoría, programación, abogacía, 'telemarketing' o arquitectura. Sin embargo, se busca sumar otros sectores en principio menos receptivos a este plan, como es el caso de la hostelería. El objetivo pasa por comprobar al cabo de un año, aunque el seguimiento será continuo, si se han producido aumentos de la productividad y del bienestar de los trabajadores.

Para diseñar el plan y monitorizar sus efectos, se propone crear un grupo de expertos independientes, del ámbito universitario, que trabajen a modo de consorcio junto a sindicatos y patronal, además de los técnicos del Ministerio de Industria, que dirige Reyes Maroto. Se analizarán así los efectos en el mercado laboral de la reducción de la jornada, con vistas a impulsar en el futuro cambios legislativos en esta dirección.

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El paquete de ayudas se destinaría en un principio a cubrir el 100% de los gastos por los incrementos salariales o de las transformaciones necesarias en materia de digitalización, pero se pretende que luego esta cantidad sea descendente en función de que se vaya aumentando la productividad o, por ejemplo, el ahorro en las empresas por la reducción de horas extra. La filosofía es establecer un plan de ayudas "a aquellas empresas que quieran, en el marco del diálogo social, aumentar su productividad, disminuir su impacto ambiental y mejorar la salud de sus empleados reduciendo la jornada laboral de sus trabajadores y trabajadoras", según Más País.

En su programa electoral, Más País defendía que esta medida presenta ventajas sociales y ambientales: "Reparto justo e igualitario de la carga de trabajo remunerado; mejor conciliación familiar para que el trabajo no remunerado (esencialmente de cuidados y de mantenimiento doméstico) se reparta de forma equitativa entre hombres y mujeres; reducción de los desplazamientos al trabajo y más tiempo para implicarnos en actividades bajas en carbono: deportivas, culturales, etc., y una economía más próspera debido a una mejor salud de las personas trabajadoras".

La reducción paulatina de la jornada laboral es una de las principales demandas de Más País, dicen, "en progresión a los avances tecnológicos", y en línea con las reivindicaciones históricas del movimiento obrero y sindical. Su motivación responde, según señalan, "a un reclamo justo de ganancia en soberanía vital y derecho al tiempo libre, imprescindible para un desarrollo pleno de la personalidad humana, para la conciliación y para una participación ciudadana adecuada en los asuntos públicos".