La Fiscalía tendrá que pronunciarse antes del 4-M sobre imputar a Iglesias por el caso Dina

La Fiscalía tendrá que pronunciarse sobre la imputación de Pablo Iglesias en el caso Dina en plena campaña. Después de que el exvicepresidente abandonara el Gobierno para disputar a Isabel Díaz Ayuso la presidencia de la Comunidad de Madrid, el juzgado del caso Villarejo ha reclamado al Ministerio Público que le informe sobre la solicitud de una de las acusaciones populares de citarle como imputado, una vez perdido el aforamiento.

En una diligencia de ordenación a la que ha tenido acceso El Confidencial, el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional ordena que se dé traslado de la solicitud a los fiscales del caso para que "con su conocimiento manifiesten lo que a su derecho convenga". "Con el resultado se acordará lo que proceda", agrega el escrito. Iglesias abandonó hace unos días tanto el Ejecutivo como el escaño, semanas antes de la celebración de las elecciones anticipadas de la Comunidad de Madrid. Con esa decisión, renunció a protegerse ante una hipotética imputación manteniendo el aforamiento ante el Tribunal Supremo durante el próximo mes. Las próximas semanas, queda exclusivamente en manos del juez García-Castellón, que le investiga aún en el marco del caso Dina.

Tras las elecciones y en función de los resultados, Iglesias en principio continuará gozando de fuero, bien ante el TS bien ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Si consigue el respaldo de las urnas y se convierte en presidente, seguirá aforado en el alto tribunal, como especifica el Estatuto de Autonomía. En el caso contrario y siempre que intercambie un escaño por otro y pase a ocupar un asiento en la Asamblea de Madrid, el tribunal responsable para investigarlo es el Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid. La solicitud que provocará el nuevo informe partió de la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege.

La situación procesal de Iglesias está aún en un limbo. El pasado enero, el Tribunal Supremo rechazó abrir causa en su contra como pedía el juez García-Castellón y devolvió el procedimiento sobre la tarjeta de memoria del móvil de su antigua colaboradora Dina Bousselham a la Audiencia Nacional para que fuera el magistrado del caso Villarejo quien agotara la investigación. El TS concretó que el instructor debía practicar nueva prueba y, en caso de seguir viendo delito, remitir otra exposición razonada contra el vicepresidente. En la actualidad, la Policía se encuentra practicando una nueva pericial de la tarjeta microSD de Bousselham para la que se requiere la destrucción de la memoria extraíble con el objetivo de detectar si se dañó de forma intencionada antes de que le fuera devuelta a su dueña.

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Además, el instructor del caso Villarejo debe practicar otras diligencias necesarias para concretar si los indicios de delito existentes contra Iglesias cuentan con el perdón de Bousselham, lo que le llevará a citarla de nuevo para que aclare si vio su intimidad violada por el acceso de su jefe a datos privados. Una vez lleve a cabo lo que le indicó el TS, García-Castellón debe decidir si continúa considerando que tiene que ser imputado o no. El aforamiento —sea ante el Supremo o ante el tribunal madrileño— dejaría la decisión al respecto en manos de otros órganos judiciales ajenos a la Audiencia Nacional.

La Fiscalía ya se ha pronunciado en varias ocasiones sobre la imputación del exvicepresidente. En la última ocasión, los fiscales del Supremo apuntaron a la existencia de indicios de delitos de revelación de secretos y daños informáticos y consideraron que debía ser el juez instructor del caso Villarejo quien comprobara si la víctima otorga su perdón al líder de Podemos por acceder a sus datos personales sin autorización y retenerlos durante meses, y aclarara extremos sospechosos.

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Un segundo frente

Además del caso Dina, Iglesias tiene otro frente en los juzgados de plaza Castilla. El juez instructor del caso Neurona ordenó hace solo unos días la apertura de procedimientos independientes para investigar hechos denunciados por la antigua responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos, Mónica Carmona, entre ellos, determinadas prácticas relacionadas con el ya ex vicepresidente segundo del Gobierno.

Carmona apunta a que Iglesias pudo quedarse de forma indebida con 7.700 euros tras una condena impuesta contra al partido Unión del Pueblo Navarro (UPN). Tanto esta formación como la expresidenta del Gobierno de Navarra Yolanda Barcina habían demandado a Iglesias por haberles acusado públicamente de prácticas corruptas, pero su acusación fue desestimada y UPN tuvo que satisfacer las costas procesales ocasionadas a Podemos.

Pese a ello, Carmona sugiere que ese dinero no llegó a la formación: aunque Iglesias fue defendido en ese procedimiento por una abogada del partido, Marta Flor Núñez, y se sufragaron los honorarios del procurador, las costas fueron abonadas mediante un mandamiento de pago expedido a nombre de Iglesias en el año 2018. Carmona reconoce en su escrito que no sabe si finalmente se quedó esta cantidad o la devolvió, pero por el momento, la Fiscalía considera "preciso" seguir investigando esta cuestión.