EEUU señala a Iglesias por sus ataques a la prensa el día en que se lanza al 4-M

Estados Unidos ha entrado en la campaña del 4-M. De modo completamente involuntario, pero ha entrado. La publicación de su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo ha aterrizado en España en el mismo día en que Pablo Iglesias ha iniciado un nuevo ciclo político. La casualidad sería inane si no fuera porque, según menciona la administración norteamericana en el texto, el líder de Unidas Podemos, desde este martes candidato a gobernar la Comunidad de Madrid, ha intentado coaccionar e intimidar a periodistas. En otras palabras: ha amenazado a la libertad de prensa siendo vicepresidente segundo. Tampoco se libra Pedro Sánchez.

El informe en realidad es una recopilación de citas y declaraciones de organizaciones civiles que, al ser enumeradas, configuran un determinado paisaje social. Las pinceladas políticas, en este momento, son inevitables. En el documento relativo a España hay retazos de lucha contra la corrupción, de gestión migratoria, de defensa de las minorías y, en líneas generales, de todo lo que permite analizar la salud de los derechos humanos y de las libertades esenciales del país.

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La pandemia del coronavirus ha tensado la maquinaria legislativa hasta extremos inauditos. La aprobación del estado de alarma para frenar el aumento de casos de covid entre la población española se ha enfrentado a derechos fundamentales, entre ellos el del movimiento de los ciudadanos por el territorio. La libertad de prensa también se ha visto afectada. El informe de la diplomacia estadounidense recuerda aquel formato de comparecencias del presidente, precisamente tras aprobar el estado de alarma, en las que los periodistas "debían enviar sus preguntas con antelación". "No todas pasaban", indican los autores antes de incidir en que los informadores, por si fuera poco, no podían establecer un cauce directo de comunicación con los responsables del Gobierno. Más de 400 profesionales suscribieron una carta titulada 'La libertad de preguntar', recuerda Estados Unidos.

Tras conocerse el informe, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, lo ha descalificado y, además de negar las acusaciones, ha cuestionado su autoría: "Es el último coletazo de la Administración Trump", ha sostenido. "Niego la mayor —ha contestado Calvo durante su asistencia al acto de toma de posesión de Mercedes González como nueva delegada del Gobierno en Madrid—. Ni es un informe ni una amonestación".

A su juicio, ningún país se puede "permitir el lujo" de decir a la democracia española cómo funcionan nuestras libertades y en este caso nuestros medios y la libertad de expresión". Y "mucho menos", ha añadido, que sea la Administración Trump la que "precisamente" pueda decir a un país como España cuestiones relativas a "la libertad y la dignidad de los medios".

El texto subraya casos concretos, como cuando Sánchez, el 1 de marzo, acusó a la prensa conservadora de "agitar a la sociedad cada vez" que los partidos cuyos intereses defendían perdían las elecciones. Ese mismo día, añade el informe, Iglesias aseguró que la prensa crítica con el Ejecutivo "había ofendido la dignidad del periodismo". Otro caso más relacionado con el exvicepresidente es la amenaza de llevar a prisión a un periodista que había publicado información comprometedora sobre la financiación de Podemos. Financiación que atraviesa actualmente un proceso judicial por presunto fraude electoral. La formación, de hecho, está imputada.

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Aunque no se extiende en ello, la diplomacia de Estados Unidos subraya que el portavoz parlamentario del partido morado, Pablo Echenique, en julio del año pasado, escribió en su perfil de Twitter una alusión directa al presentador de un informativo de televisión. En el documento se rememora la posición que entonces adoptó la Federación de Asociaciones de Periodistas al respecto: la condena por "intentar coaccionar e intimidar a periodistas para evitar que ejerzan libremente su profesión".

Y así, en el día en el que Iglesias se ha despedido del Gobierno, en el día en el que se ha encarado con un integrante de un grupo neonazi y en el día, en suma, en el que se ha lanzado a la arena electoral para intentar que Isabel Díaz Ayuso no siga gobernando en Madrid, un informe sobre derechos humanos de la administración estadounidense le menciona en un apartado dedicado a enumerar casos de coacción a la prensa en España.

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No es novedosa la relación de Podemos con medios de comunicación específicos, entre ellos El Confidencial, al que puso en la diana de su estrategia en redes cuando publicó una información relativa a la ministra Irene Montero y a una de sus asesoras más próximas, pero lo que sí es novedoso es que Estados Unidos haga eco de las protestas de las asociaciones de profesionales por esa misma relación y las recoja en un informe oficial.

Referencias también a Vox y a Cataluña

El respeto a la libertad de prensa no es un punto fuerte de la formación que lidera Santiago Abascal. La diplomacia de Estados Unidas menciona "ataques verbales y físicos a reporteros durante las protestas de mayo (de 2020) contra las medidas del Gobierno" para atajar la expansión del covid. Recalcan la agresión a un informador gráfico, así como "el acoso" en redes a "periodistas críticos" y a los verificadores de determinados medios, es decir, los profesionales encargados de probar la falsedad de determinadas afirmaciones.

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Del mismo modo, en el texto, la diplomacia de Estados Unidos llama la atención sobre "el incremento de casos de violencia contra el ejercicio del periodismo en Cataluña", que describe como "un territorio peligroso para los periodistas".

Aparece el caso Neurona

El informe señala que la corrupción es un claro “problema” en España, que atraviesa a los partidos y los territorios. Sin embargo, se centra solo en el caso Neurona y en el partido de Iglesias. “El 11 de agosto, un juez de Madrid acusó formalmente a destacados dirigentes de Podemos de presunta malversación de caudales públicos y fraude relacionados con la financiación de la reforma de la sede y contratos de consultoría durante las campañas electorales de 2019”. Y aunque se añade que la acumulación de casos es "significativa", los analistas destacan que los jueces siguen persiguiendo a los culpables sacudiéndose la “presión política”.

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Esta investigación, insiste el informe elaborado por el Departamento de Estado norteamericano, tuvo su origen en el testimonio de los exabogados del partido, José Manuel Calvente y Mónica Carmona, quienes denunciaron irregularidades económicas, incluida la adjudicación de la reforma de la sede y el pago de sobresueldos a los miembros de la formación de Pablo Iglesias. “Los abogados también afirmaron que Podemos estaba vinculado a Neurona Consulting, una supuesta empresa pantalla utilizada para desviar dinero a través de contratos realizados durante la campaña de las elecciones generales de abril de 2019 y supuestamente para pagar comisiones al fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero”, recoge el documento oficial.

Colisiones del estado de alarma

Los autores del informe vuelven a marzo y a abril de 2020 para repasar las medidas que adoptó el Gobierno de coalición para frenar la expansión de la pandemia. Vuelve entonces para remarcar que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado fueron empoderados para garantizar el cumplimiento de la medida más severa de aquel momento: el confinamiento domiciliario.

"De acuerdo con datos ofrecidos por el Gobierno, durante el estado de alarma hubo más de 1,1 millones de sanciones propuestas, generalmente multas, y más de 9.000 arrestos por violar" el confinamiento. Los analistas estadounidenses se hacen eco de las protestas y dudas que entidades civiles manifestaron sobre la rigidez del estado de alarma, hasta el punto de que tacharon de "arbitraria" su aplicación en algunos preceptos.

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Uno de los aspectos en los que se detiene el informe es en la sanción a personas migrantes que trabajan en la llamada economía 'informal' y que, en sus desplazamientos a sus lugares de trabajo, fueron sancionados por no tener la documentación necesaria de su empleador. También se detiene el informe en la situación en la que quedaron las personas sin hogar.

Migración y derechos humanos

El documento también aborda la grave situación en el puerto de Arguineguín, en la isla de Gran Canaria, donde solo a mediados de noviembre se registró un pico de llegadas de 2.600 migrantes, a los que la Cruz Roja alojó en tiendas de campaña como solución de emergencia. Hoy muchos siguen sin ser realojados ante la respuesta insuficiente del Ejecutivo. “Las ONG y los funcionarios del Gobierno local informaron de que los inodoros y otros suministros de saneamiento, ropa de cama y alimentos nutritivos para los migrantes eran insuficientes. El 28 de noviembre, el defensor del pueblo, citando condiciones de hacinamiento, pidió al ministro del Interior que cerrase el puerto de inmediato y trasladase a los migrantes a otras instalaciones. El 1 de diciembre, el Gobierno cerró el puerto y trasladó a los migrantes recién llegados a una instalación militar, también en Gran Canaria”, resumen los analistas del Departamento de Estado norteamericano.

Asimismo, se denuncia la situación de “grave hacinamiento” en algunos centros de internamiento para extranjeros, y en concreto en Melilla, donde hubo tal saturación que las autoridades decidieron albergar temporalmente a los migrantes en la plaza de toros de la ciudad. “El 26 de agosto, la policía arrestó a 33 migrantes en un CETI tras una protesta violenta contra las malas condiciones y las preocupaciones de contagio”, señala el informe, que recoge la preocupación expresada por las ONG y el comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa ante el “deterioro” de las condiciones en ese centro melillense. Se reclamó al Gobierno de España su inmediato traslado de los migrantes a la Península.

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El impacto de la pandemia del coronavirus ha dificultado la gestión para los gobiernos regionales de Andalucía, Murcia y las Islas Canarias, principales receptores, para la elaboración de pruebas covid-19 y el sometimiento a la debida cuarentena a las personas llegadas por mar. “Las ONG locales en las Islas Canarias informaron estar abrumadas por la gran cantidad de llegadas de migrantes a las islas”, tal y como se indica en el documento, que alude a la decisión del Ejecutivo central de no transferir a la mayoría de los migrantes a la Península para evitar el efecto llamada.

Por último, se recoge la denuncia del Comité de los Derechos del Niño (CRC) de Naciones Unidas, que adoptó 14 decisiones contra España relativas a la determinación de la edad de los menores no acompañados que buscan asilo en nuestro país.