La reclamación de 50 policías que le puede costar 300.000 euros a Estepona

En Estepona (Málaga) se ha producido un enfrentamiento judicial entre sus policías locales y el Ayuntamiento que puede costar al consistorio ni más ni menos que 300.000 euros. El próximo 8 de abril la justicia deberá dirimir el primero de una decena de procesos abiertos tras las demandas interpuestas por 50 funcionarios que exigen que se les vuelva a pagar el denominado “Complemento de puntualidad y reducción del absentismo”, la forma en la que se denominó una especie de ‘paga extra’ que se abonaba a todo el personal por acudir a su puesto de trabajo. La sucesión de reclamaciones se extiende hasta 2023 y supone en total 295.143,63 euros.

Según la documentación a la que ha tenido acceso El Confidencial, hasta 53 policías locales que han impulsado estos contenciosos laborales exigen la cantidad de 5.699,24 euros. Solo un agente pide una cuantía diferente, en concreto 4.482,39 euros, debido a un gasto por prestación sanitaria.

Esta cadena de juicios ha estado precedida de los correspondientes decretos de Alcaldía en los que el consistorio desestimaba las solicitudes de abono de estas cantidades. La argumentación para ello es amplia. En 2011, el equipo de Gobierno municipal, acuciado por la crisis económica que se desató tres años antes, sellaba con los representantes de los trabajadores un acuerdo para suprimir el pago de este singular plus, que era de 1.300 euros anuales a los que se les iba restando una cantidad por cada retraso o falta al puesto de trabajo.

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En 2013, con las arcas municipales en una situación aún paupérrima —la deuda alcanzó los 300 millones—, las partes implicadas decidieron prorrogar el acuerdo dos años más. Esta medida se iría extendiendo mientras nadie se opusiese, hasta que finalmente quedó reafirmada por la mesa de negociación el 2 de julio de 2019

A pesar de estos pactos, y de un precedente que en diciembre de 2019 daba la razón al Ayuntamiento, los funcionarios han decidido seguir adelante y acudir a la vía judicial. En uno de los recursos contenciosos, al que ha tenido acceso este periódico, se detalla en 22 páginas el andamiaje normativo por el que se rigen estos trabajadores públicos, así como los derechos que les asisten, y se reclama al juzgado en su súplica que deje sin efecto el decreto del consistorio en el que rechazaba el pago de este plus.

Qué pide la defensa de los policías

Lo que defiende la defensa de los demandantes es que “se declare nula” la resolución por la que “se desestiman las reclamaciones administrativas previas de abono de complementos de productividad y reducción del absentismo correspondiente a los periodos que comprenden entre 2016 y 2019”. Por ende, solicita que “se condene al Ayuntamiento a abonar a cada uno de los —dos— recurrentes la cantidad de 5.699,24 euros, más intereses moratorios y las costas del procedimiento”.

Uno de sus principales argumentos es que el acuerdo de la mesa de negociación no fue rubricado “en el pleno municipal, la Junta de Gobierno Local o por un decreto”, a lo que añade que tampoco se publicó “en el boletín oficial del ámbito territorial que corresponde” y genera dudas sobre la aplicación de esta medida más allá del personal laboral.

No obstante, el precedente señalado previamente dibuja un complicado recorrido a las denuncias de estos agentes. ¿Por qué? Pues porque, además de las pruebas documentales presentadas por el consistorio, la testifical del entonces presidente del comité de empresa fue contundente y avaló las tesis municipales. Esto llevó al titular del el Juzgado de lo Social número 9 de Málaga a rechazar la demanda interpuesta por un componente de la orquesta municipal que reclamaba 1.465,98 euros.

En el artículo 11 del Convenio Colectivo se especificaba que esta ‘paga extra’ se enmarcaba dentro de un programa para lograr “el estricto cumplimiento de los horarios establecidos y la disminución de la tasa de absentismo laboral”, lo que en opinión de sus impulsores —de la época en la que el Ayuntamiento era gobernado por el PSOE— “se traducirá en un incremento del rendimiento de los empleados municipales y una mejora en la prestación de los servicios municipales que tienen encomendados”. Este plus era disfrutado por la totalidad de la plantilla y suponía al Ayuntamiento un total de 1,2 millones de euros anuales, por lo que si los tribunales cambiaran el sentido de las sentencias emitidas hasta el momento podría provocar una cascada de reclamaciones que supondrían un grave quebranto a las cuentas municipales.