Galicia juzga el colapso de su autovía AP-9 y sus atascos constantes
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A JUICIO EN LA AUDIENCIA DE PONTEVEDRA

Galicia juzga el colapso de su autovía AP-9 y sus atascos constantes

Los conductores que padecieron tres años de embotellamientos por las obras en esta autovía gallega declaran para reclamar indemnizaciones

Usuarios de una autopista relatando los atascos ante el tribunal. Ésta es la insólita escena que se produjo esta semana ante la Audiencia de Pontevedra, donde se analizan los tres años de colapso que se vivieron en la principal arteria de comunicación de Galicia, la AP-9, debido a las obras ampliación del puente de Rande, en Vigo. Después de que en primera instancia sus declaraciones no fueran consideradas “útiles ni pertinentes”, ahora han tenido la posibilidad de describir los embotellamientos que padecían a diario sin que la concesionaria de la autopista dejara de cobrar el peaje. El caso originó una demanda colectiva que ahora se juzga en la Sección Primera de la Audiencia provincial.

“El puente era un embudo”, “los atascos eran diarios”, “llegaba siempre con retraso a mi trabajo”… Los afectados, todos ellos usuarios habituales de la AP-9, detallaron ante la sala los trastornos en una vía que carece de alternativa, ya que la carretera convencional requiere un rodeo de 25 kilómetros por la ría de Vigo. El caso provocó varias demandas colectivas y una denuncia de la fiscalía, que contabilizó más de 200 incidencias entre 2015 y 2018, dato que la concesionaria Audasa rebajó a 14. El caso lo vio el Juzgado de lo Mercantil 1 de Pontevedra, que obligó a restituir los peajes de un total de 81 casos. La vista de apelación que ahora se celebra en la Audiencia es consecuencia de los recursos presentados por la empresa, la fiscalía y los usuarios.

En juego está algo más que la simple devolución de peajes, ya que el fiscal reclama que se dicte una orden de cesación cada vez que se produzca un colapso, esto es: que se levanten las barreras y se deje de cobrar por circular por la autopista. Audasa, mientras, pide anular el fallo de los peajes abusivos por “falta de jurisdicción” del juzgado de lo Mercantil y considera “irreflexiva” la decisión del juez de identificar 81 incidencias de tráfico en las obras de Rande.

En la sala se escucharon este miércoles los testimonios de cinco afectados. “Hubieran dicho lo mismo los 81 que propusimos al tribunal”, aseguró el abogado de En-Colectivo, una de las acusaciones particulares. Comparecieron ante el tribunal un guardia civil que trabaja en Porriño; tres profesionales que se desplazaban diariamente a Vigo y un ciudadano de Santiago que cruzaba el puente con frecuencia. Sus relatos fueron en el mismo sentido: “Todos los días era igual: pasabas el peaje y te encontrabas con la sorpresa”, narró uno de ellos. Otro aseguró que sufrió dos reventones causados por tornillos sueltos de la obra.

Los atascos, afirmaron los cinco testigos, se repetían a distintas horas y cualquiera de los días laborales, especialmente entre septiembre de 2017 y junio del año siguiente. Cuando no había obras casi siempre se encontraban maquinaria en la calzada, un carril cortado y señales de reducción de velocidad. Lamentaron también la falta de información a los usuarios, que en algún caso hubiera permitido tomar la ruta alternativa como mal menor. “Para ir por la carretera normal, me tendría que levantar a las cinco de la mañana para llegar al trabajo”, advirtió una conductora. Solo algún día en que la caravana de vehículos se extendió del puente a Pontevedra, a 27 kilómetros, la concesionaria abrió las barreras y dejó de cobrar peajes.

En sus conclusiones, el fiscal lamentó que la sentencia recurrida hable de retrasos de pocos minutos. “Hemos visto que esto no era así. Están diciendo simple y llanamente lo que pasó, que es algo que toda la provincia conoce”, denunció. Reiteró además que las retenciones eran diarias y que de ahí surge un “cobro abusivo”. La vía, añadió, era insegura y su concesionaria no advertía de las circunstancia excepcionales de la circulación, antes de entrar en una autopista que era “objeto de su explotación comercial”. Para las acusaciones particulares, los testimonios acreditaron un “incumplimiento flagrante de la empresa de las obligaciones que tenía con sus clientes”.

La defensa de Audasa, mientras, descalificó los testimonios oídos en la sala al considerarlos “interesados”, en su calidad de “posibles perceptores de la indemnización”. La concesionaria, que apeló a la “percepción subjetiva” de los testigos, niega que la circulación se restringiese a un único carril durante las obras, porque de ser así habría sido sancionada por el ministerio, y minimizó la importancia de los cinco relatos frente a los “miles de usuarios” que emplearon la autopista en aquel periodo.

El recurso presentado por Audasa a la sentencia del juzgado de lo Mercantil reclama restringir la pena a los dos atascos más graves que se produjeron durante las obras, los únicos en su opinión que pudieron generar derecho de reclamación a los usuarios. La Fiscalía, en cambio, recurrió por no estimar la sentencia que los beneficiarios sean todos los conductores que pasaron por la AP-9 durante los tres años de trabajos en Rande.

El proyecto de ampliación del puente fue polémico desde su inicio, ya que a cambio de financiar los trabajos —ejecutados por ACS en UTE con Puentes—, Audasa aplica en una de las autopistas más caras de España un incremento de los peajes del 1% anual acumulable durante 20 años. El puente tenía antes de la pandemia un tráfico medio de en torno a 58.000 vehículos, con picos en verano de 71.500. Lo utilizan principalmente residentes de los ayuntamientos de Cangas, Moaña y Bueu, con una estrecha vinculación familiar, laboral y sanitaria con Vigo. Las entradas y salidas en el extremo norte del puente se benefician de un sistema de peaje en la sobra, mediante el cual la concesionaria contabiliza los vehículos que lo utilizan y pasa la factura a la Xunta y a Fomento, que lo costean al 50%. Se abrió al tráfico en 1981, por lo que los colectivos de usuarios lo consideran ampliamente amortizado.

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