El Defensor del Pueblo criticó con dureza la gestión migratoria en la que participó Jalloul

Pedro Sánchez tiene ya una fundada fama de atrevido. Solo él se atreve a presentar como revulsivo electoral en Cataluña al ministro que gestiona la pandemia y de número dos en Madrid, con pretensiones de cabeza de lista en el futuro, a una de las gestoras de la crisis humanitaria que se ha vivido en Canarias desde hace un año.

Hana Jalloul acompañará a Ángel Gabilondo en la lista del PSOE y hasta el martes es secretaria de Estado de Migraciones. En esa gestión, Jalloul deja atrás un año marcado por la grave crisis provocada por la pandemia, que dio lugar a situaciones como el hacinamiento de migrantes en Canarias, con meses de dudas, descoordinaciones y enfrentamientos internos entre ministerios que agravaron la situación, tal y como denuncia el propio Defensor del Pueblo en un duro informe sobre esa gestión emitido hace varias semanas. El plan de choque del Gobierno no fue anunciado hasta el pasado noviembre, cuando la crisis humanitaria ya desbordaba Canarias desde hacía meses y provocaba situaciones como el hacinamiento en el muelle de Arguineguin.

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El Ministerio de Inclusión Social atribuye a Interior la mayoría de hechos denunciados por ese informe y se remite a los argumentos que dio José Luis Escrivá el pasado 18 de marzo en su comparecencia en el Senado. "En Canarias teníamos muy poca dotación, unas 800 plazas, y ante una situación sobrevenida tan rápida llegamos a acuerdos en distintas islas con empresarios hoteleros que tenían sus hoteles cerrados a consecuencia de la pandemia, y empezamos a alojarlos allí y en los seis centros que hemos abierto en Canarias, y que pusimos en marcha en noviembre, así como las plazas máximas distribuidas en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura, que suponen un número de plazas disponibles por encima de las 6.000, que se unen a las otras casi 1.000 plazas que teníamos antes en nuestro sistema (…); llegamos a estar por encima de 8.000 inmigrantes a finales del año pasado acogidos en los hoteles y en este momento hay algo más de 1.700, pero de aquí a final de mes, con el calendario de traslados hacia los nuevos centros, vamos a reducir ese 20% que nos queda y lo vamos a llevar a cero", explicó el ministro.

En la respuesta, todos los portavoces (salvo el del PSOE) criticaron esa gestión, de la que Jalloul era responsable, con frases como "parece que el Gobierno del Estado sigue siendo insensible con Canarias en materia migratoria y, lejos de dar la cara, lo que hace es alardear de lo que ustedes creen que son éxitos” y “la política migratoria del Gobierno de España es convertir a Canarias en la cárcel de la frontera sur de Europa".

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El informe del Defensor del Pueblo denuncia en varias ocasiones las graves carencias en la atención a los migrantes y el retraso en tomar decisiones. Es cierto que habla reiteradamente de la falta de coordinación de las administraciones y centra sus críticas en el Ministerio del Interior pero, precisamente, lo que se denuncia es la forma en la que el departamento de Fernando Grande Marlaska ha impuesto sus posiciones a José Luis Escrivá, titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Jalloul es hasta el martes la teórica ejecutora de las políticas de migración.

El Defensor del Pueblo menciona expresamente la falta de instalaciones, el descontrol sobre la presencia de menores migrantes o la falta de traslados a la península para aligerar los centros existentes, entre otras carencias. "En unas mismas instalaciones se encuentran personas en situaciones muy diferentes: inexpulsables, solicitantes de protección internacional y otros perfiles vulnerables, entre otros menores sin identificar, que deberían estar en recursos específicos", asegura.

Es cierto que el informe habla en varias ocasiones del "esfuerzo realizado por las administraciones para poner en marcha en un tiempo récord un número de plazas de acogida de emergencia, imprescindibles para dar solución a la situación de miles de personas que, de otro modo, hubiesen quedado totalmente desasistidas". Pero añade multitud de objeciones a esa gestión.

El Defensor del Pueblo denuncia en varias ocasiones las graves carencias en la atención a los migrantes y el retraso en tomar decisiones

Esas críticas a la gestión que teóricamente encabezó la Secretaría de Estado de Migración se completan con las de otros miembros del Gobierno consultados y por ONGs que trabajan sobre el terreno y que son sumamente críticos.

La gestión de la crisis humanitaria que hizo el Gobierno tiene, incluso, un procedimiento penal abierto en el Juzgado de Instrucción núm. 2 de San Bartolomé de Tirajana. El juez archivó inicialmente la investigación abierta, pero el fiscal pidió su reapertura al apreciar posibles delitos y así lo ordenó la Audiencia Provincial de Las Palmas. La investigación se refiere a la situación de hacinamiento que vivieron miles de migrantes en el muelle de Aguineguin y es previsible que el juez instructor tome declaración a los responsables.

Está pendiente también meses después conocer el resultado de una investigación que abrió Marlaska sobre un episodio nunca aclarado: la apertura del muelle para que deambularan por Gran Canaria migrantes recién llegados.

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El peso de las decisiones sobre el muelle fue de Interior y la Secretaría de Estado de Migraciones quedó al margen. Pero la falta de instalaciones a cargo del departamento de Jalloul provocó su retención en el muelle y decisiones improvisadas como el alojamiento de los migrantes en hoteles. La propia Secretaría de Estado de Migraciones ha reconocido que la gran afluencia a las costas canarias hace muy difícil la adopción de soluciones inmediatas que cumplan con la garantía de mejora de las condiciones de recepción y acogida de población inmigrante.

Señala el Defensor del Pueblo que "en 2019, se disponían en todas las islas de tres centros de acogida, con un total de 78 plazas. Durante 2020, se incrementaron a 11 centros de acogida integral, con 388 plazas. Al no contar con plazas suficientes, una vez más, se ha tenido que acudir a recursos de emergencia, tanto para personas en situación irregular como para solicitantes de asilo".

Pero aporta objeciones a esas instalaciones como “pone de manifiesto la situación creada por la concentración de estos centros en varios municipios canarios. Las manifestaciones xenófobas deben ser perseguidas con contundencia y, al mismo tiempo, se debería evitar a toda costa la concentración de grandes centros de personas migrantes en barrios especialmente castigados por la grave crisis económica que la pandemia ha provocado en Canarias”.

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Señala que "tras las últimas sentencias del Tribunal Supremo, deberían cesar de inmediato las trabas que se continúan poniendo a estas personas para abandonar las islas" y afirma que "es imprescindible seguir trabajando en la búsqueda de espacios adecuados en Canarias, pero también promover traslados a la península, fundamentalmente de aquellas personas en una situación más delicada". De esos traslados son responsabilidad de la Secretaría de Estado de Migraciones los referidos a personas vulnerables que se han ido produciendo, pero a un ritmo menor que el pedido por el Defensor del Pueblo.

Añade que "son dos las principales carencias identificadas: la falta de instalaciones adecuadas y la inexistencia de protocolos de identificación ágiles y eficaces para la derivación de personas vulnerables". Según los datos de Interior, "23.023 personas llegaron irregularmente a Canarias por vía marítima en el año 2020. Lo hicieron en 745 embarcaciones que, en muchos casos, tuvieron que ser rescatadas. El ACNUR estima que al menos 480 perdieron la vida tratando de alcanzar las islas en 2020".
En sus conclusiones, la institución que encabeza Francisco Fernández Marugán habla de "la carencia de una política migratoria de Estado que contemple el fenómeno en su totalidad".

"A juicio del Defensor del Pueblo, la dispersión de competencias en materia de gestión migratoria entre diferentes departamentos ministeriales y entre el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, es una cuestión que explica en parte las carencias de coordinación que, una vez más, se han podido apreciar con este repunte de llegadas en Canarias. De nuevo, se ha asistido a una carrera contra el tiempo en la búsqueda de lugares que permitan acoger con dignidad a las personas que llegan", concluye.