La tarjeta de Dina vuelve por el 4-M: la Policía fuerza el acceso pese al riesgo de destruirla

Seis días antes de que Pablo Iglesias anunciara su decisión de abandonar el Gobierno para embarcarse en la batalla por la Presidencia de la Comunidad de Madrid, un agente de la Comisaría General de Policía Científica se presentaba en el edificio de la Audiencia Nacional en la calle Génova. Eran las 11 de la mañana del 9 de marzo y el funcionario policial acudía para llevarse un sobre con la leyenda "19-52029 VESTIGIO 1". Dentro, una tarjeta microSD Samsung evo 32 de color naranja y blanco, con el número de serie casi ilegible.

La tarjeta, propiedad de la exayudante del lider de Podemos Dina Bousselham, se encuentra bajo análisis de los expertos que han forzado el acceso al dispositivo pese a advertir que existe un riesgo elevado de que "esta pueda verse dañada irremediablemente para su análisis presente o futuro". Según los oficios a los que ha tenido acceso El Confidencial, los peritos tratan de ampliar las conclusiones "acerca de los daños externos observados por los especialistas". De los resultados que obtengan dependerá la imputación o exoneración completa de Iglesias respecto al delito de daños informáticos.

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"Las técnicas a utilizar suponen una intervención física y directa sobre la propia tarjeta, con el riesgo que, en el ámbito de la reparación electrónica de vestigios digitales, puede tener dicha intervención. Si la reparación finalmente fuera exitosa, el segundo de los pasos sería la realización de una copia forense del contenido de la misma para su posterior análisis y determinación de la información obrante, trabajando posteriormente sobre dichos datos", avisaron al juez.

Pese a las posibilidades de inutilizar el dispositivo de memoria, el instructor del caso Villarejo, Manuel García Castellón, decidió seguir adelante en cumplimiento de las instrucciones que le dio el Supremo, que indicó al juez que debía llevarse a cabo "una ampliación de la pericial cualificada informática" para precisar cuáles son las causas que impiden acceder a la información de la tarjeta, cuál fue el sistema o la técnica empleada para proceder al borrado, eliminación, deterioro, inservibilidad o inaccesibilidad de los archivos que la tarjeta contenía, y si es posible proceder a la recuperación de todos estos datos y obtener la fecha del último acceso.

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De esta forma, el caso Dina, que irrumpió a las puertas de las generales de 2019, cuando declaró como perjudicado por una presunta trama en su contra liderada por Villarejo justo a las puertas de la campaña electoral, vuelve con el desarrollo de la diligencia más delicada para el vicepresidente coinciendo con otra campaña. Las intrucciones del magistrado a los peritos policiales son claras. Considera que el estudio "puede aportar elementos de cargo o de descargo" respecto a los hechos que atribuía a Iglesias y que motivaron que se dirigiera al Supremo para solicitar su imputación.

Según precisó Castellón en un auto, los agentes deben intentar acceder al contenido de la memoria, averiguar qué información almacenaba, si hubo modificaciones posteriores al 1 de noviembre de 2015 y determinar qué le sucedió a la tarjeta para que, cuando su propietaria la recuperó de manos de Iglesias, que la había retenido sin su conocimiento durante meses, no pudiera abrirla. "Todo ello puede tener influencia en la investigación de los diferentes hechos investigados", recalca el juez.

El 'otro' informe

No será la primera vez que los peritos se pronuncien sobre la tarjeta. Si ahora deben proceder a una intervención más agresiva es precisamente porque el primero de sus análisis resultó infructuoso. En un primer informe enviado el pasado agosto, antes de que el juez se dirigiera al Supremo para solicitar que investigara al vicepresidente, los expertos indicaron que no habían podido determinar si la memoria se encontraba dañada a nivel interno cuando Bousselham la recuperó. No consiguieron 'leer' el dispositivo porque el raspado que realizó la empresa de recuperación de datos a la que la remitió Dina cuando Iglesias se la devolvió ha dañado una de las pistas.

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El pasado 27 de enero, el alto tribunal devolvió el procedimiento a la Audiencia Nacional para que fuera García-Castellón quien agotara la investigación y, en su caso, decida posteriormente remitir una nueva exposición razonada contra el vicepresidente. Para ello, el instructor del caso Villarejo tendrá que practicar todas las diligencias necesarias para concretar si los indicios de delito existentes contra Iglesias cuentan con el perdón de Bousselham, lo que le llevará a citarla de nuevo para que aclare si vio su intimidad violada por el acceso de su jefe a datos privados. No la escuchará hasta que los peritos le contesten.

En cuanto al delito de daños informáticos, las sospechas del instructor se centraban en el estado en el que se encontraba la tarjeta cuando Iglesias se la entregó finalmente a su asesora después de retenerla varios meses una vez que la recuperó de 'Interviú'. En la Audiencia Nacional, Dina dio distintas versiones, variando su declaración sobre el momento y el estado en que recuperó la microSD. Cuando entendió que su alusión a que al recuperarla ya no funcionaba podía encajar con un delito de daños informáticos, matizó lo dicho: explicó que Iglesias le entregó la tarjeta "antes de que se iniciaran estas actuaciones" y que, "inicialmente, cuando se me entregó, funcionaba, y comprobé que en su interior estaban contenidos de mi teléfono". En ocasiones anteriores había declarado que se la entregó, como pronto, en junio de 2016, y que ya entonces resultaba imposible acceder a la misma.