El plan de Moncloa y Cs con las mociones acaba debilitando a Sánchez y a las CCAA

El pasado 10 de marzo PSOE y Ciudadanos pusieron en marcha una operación política cuyo balance provisional ha sido haber logrado desestabilizar y debilitar, en distinto grado, cuatro gobiernos autonómicos, sin que por el momento haya cambiado el signo político de ninguno de ellos. Además, ha quedado afectado también el Gobierno central de Pedro Sánchez y algunos ayuntamientos y se han traspasado líneas rojas sobre los acuerdos contra el transfuguismo, normalizando y justificando prácticas rechazadas por todos durante los últimos años.

La operación, diseñada en la Moncloa, no ha terminado aún porque este lunes el número dos del PSOE, José Luis Ábalos, ha hecho un llamamiento a Ciudadanos a “romper por dignidad” todos sus pactos de gobierno con el PP. Es decir, la ofensiva sigue justo en el momento en el que las comunidades autónomas tienen competencia plena para hacer frente a la pandemia y para ejecutar el plan de vacunación contra el coronavirus. Presidentes autonómicos del PSOE, en un atisbo de autocrítica, consideran incomprensible la operación, porque debilita a esos gobiernos de las comunidades, sin obtener resultado concreto. Ha afectado a los gobiernos de Murcia, Castilla y León, Andalucía y Madrid y, de hecho, en esta última comunidad se ha abierto una precampaña electoral incierta hasta el 4 de mayo.

12 días después, el hasta ahora último episodio es el fracaso de la moción presentada por el PSOE en Castilla y León. El Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, fruto de un pacto entre PP y Ciudadanos, ha resistido, pero a costa de quedar en minoría al perder su mayoría absoluta. El bloque ha perdido un escaño de Ciudadanos que se ha ido al Grupo Mixto.

En el debate, el socialista Luis Tudanca ha apelado a los 11 parlamentarios de Ciudadanos a romper con Francisco Igea, vicepresidente de la comunidad y líder autonómico del partido naranja. Es decir, el aspirante ha invitado a los parlamentarios a comportarse como tránsfugas, teniendo en cuenta la literalidad del Pacto Antitransfuguismo que había sido respetado durante años. Tudanca, respaldado plenamente por Ferraz y Moncloa, ha augurado, además, que los dos años de legislatura se le harán ingobernables a Fernández Mañueco. Es decir, que la ofensiva sigue en Castilla y León.

Hace unos días fue el PP quien utilizó a tres tránsfugas en Murcia y, curiosamente, Pedro Sánchez se lo afeó a Pablo Casado en el Congreso. Ahora, ha sido el PSOE quien ha apelado al transfuguismo para romper el Gobierno de Fernández Mañueco. La diferencia está en que el PP lo consuma y el PSOE solo lo intenta.

El PP lo hizo tan abiertamente como que los tres diputados que rompieron la disciplina de voto fueron incorporados al Gobierno autonómico en una Vicepresidencia y dos consejerías. No hay noticias de la convocatoria del pacto antitransfuguismo que, tradicionalmente, se reunía cuando había algún caso, lo que no ocurría hace años.

En Madrid, se ha roto la tregua electoral que, teóricamente debía durar casi dos años y está en el aire la estabilidad del Gobierno regional, con el PP como favorito y Ciudadanos en riesgo de desaparecer como consecuencia de la operación que pactó con el PSOE.

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La inestabilidad ha afectado al Gobierno central por la salida del Consejo de Ministros de Pablo Iglesias para ser candidato en Madrid y también porque el Grupo Parlamentario de Ciudadanos en el Congreso ha sufrido la baja de una diputada que abandonó su escaño y de otro que ha pasado al Grupo Mixto. La opción buscada por Moncloa de lograr pactos también con Ciudadanos es ahora un poco más difícil.

Se puede sumar a la inestabilidad autonómica la de Cataluña, donde aún no hoy Gobierno, aunque sea por causas ajenas y previas a la operación de PSOE y Ciudadanos. O el distanciamiento de socios parlamentarios del Gobierno de coalición, como ERC y PNV.

Y sí está relacionado con el hecho de que será imposible retomar las conversaciones para renovar instituciones como el Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional al menos hasta después de las autonómicas de Madrid del 4 de mayo.