La Inteligencia española sospecha que Rusia estuvo tras el ciberataque al SEPE

La investigación sobre el ciberataque que padeció el 9 de marzo el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) apunta a Rusia, no tanto por razones técnicas, sino más bien políticas y geoestratégicas, según indican fuentes gubernamentales. Es la reacción de Moscú tras una serie de roces e incidentes diplomáticos y militares entre, por un lado, el Kremlin, y, por otro, el Gobierno y las Fuerzas Armadas españolas.

El SEPE fue atacado con un virus del tipo 'ramsomware' que encripta archivos y bloquea ordenadores con el propósito de obtener un rescate, generalmente en criptomonedas, a cambio de restablecer su normal funcionamiento. Estos ciberataques tienen sentido contra empresas, que a veces pagan a los 'hackers', pero no contra instituciones que no pueden ceder al chantaje.

El objetivo de un golpe como el sufrido por el SEPE es más bien desprestigiar a la institución pública y al Estado al que pertenece y suscitar el descontento de la ciudadanía por la cancelación de miles de citas en toda España y la paralización de la tramitación de nuevas prestaciones por desempleo especialmente en tiempos de crisis. Solo una potencia que trate de ajustar cuentas con España puede estar interesada en inspirar un tal ataque, indican fuentes conocedoras de la investigación en curso.

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España es, junto con Alemania, la potencia con cierto peso en la Unión Europea que peores relaciones mantiene estos últimos meses con Rusia. En este país se fabricó hace tres años el programa malicioso Ruyk con el que grupos de ciberdelincuentes han efectuado numerosos ataques, muchos de ellos probablemente por encargo del FSB ruso, que, como los demás servicios secretos, no actúa directamente, sino a través de intermediarios.

Trata así de evitar que una investigación, como la que en España llevan a cabo el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) y el Centro Criptológico Nacional (adscrito al Centro Nacional de Inteligencia), pueda señalar nítidamente a Moscú como el responsable de las desdichas del SEPE. Aun así, las averiguaciones de los servicios secretos, sobre todo aquellas en las que participa la potente NSA norteamericana, sí permiten llegar a veces a conclusiones más precisas. Por eso el martes pasado se publicó en EE UU un documento de 15 páginas en el que todas las agencias acusan a Rusia e Irán de intentar interferir en las elecciones presidenciales de noviembre desacreditando la candidatura de Joe Biden.

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Si Alemania se ha enfrentado a Rusia por el caso Alexéi Navalni, el disidente ruso ahora de nuevo encarcelado, España ha tenido sus roces con el Kremlin desde que, a principios de febrero, Josep Borrell, representante de la UE para Asuntos Exteriores, viajó a Moscú y fue maltratado en público por Serguéi Lavrov, el jefe de la diplomacia rusa. Tras esa fracasada visita, los 27 Estados miembros aprobaron el 22 de febrero nuevas sanciones a Rusia.

El Gobierno español se implicó en la polémica Borrell-Lavrov a través de la ministra de Exteriores, Arancha González Laya. Esta acabó recordando que España es “una de las 23 democracias plenas del mundo” mientras “Rusia está en el puesto 124 de 167 países”. Le respondieron, con ironía o en tono agrío, el 8 de febrero, la portavoz del Ministerio ruso de Exteriores y hasta la propia portavoz del presidente Vladímir Putin.

Cazas españoles en Rumanía

Un mes después del viaje de Borrell, el 4 de marzo, dos 'eurofighters' españoles interceptaron a dos cazas rusos Su-30, que volaban sin transpondedor ni plan de vuelo, en el sur del Mar Negro. Desde el 1 de febrero el Ejército del Aire español se ha desplegado, por primera vez, en esa zona —concretamente en la base rumana de Milail Koglaniceanu— en el marco de una misión de la OTAN, de protección del espacio aéreo de Rumanía, a la que aporta seis cazas y 130 militares.

Tres barcos de la Armada española han entrado además desde febrero en el Mar Negro que Moscú querría vetar a las flotas de los países no ribereños mientras que la OTAN recuerda que tres de sus miembros (Rumanía, Bulgaria y Turquía) lo bordean. Sus patrullas navales, recalca además la OTAN, son una respuesta “defensiva” al incremento en la zona del poderío militar ruso, sobre todo desde la anexión de Crimea por Rusia en 2014.

El Centro Nacional de Gestión de la Defensa de Rusia señaló, el pasado miércoles, en un comunicado recogido por la agencia de prensa Sputnik, que “las fuerzas de la Flota del Mar Negro comenzaron a vigilar las acciones de la fragata española Méndez Núñez de la Armada española que entró en aguas del Mar Negro”. Esta se ha colocado allí ahora al frente de la agrupación naval de la OTAN sustituyendo a otra fragata, la Cristóbal Colón. A partir del 25 de febrero fue el dragaminas Tajo, cuyos movimientos en esas aguas fueron también seguidos de cerca por Moscú.

Casi cada vez que un buque de guerra de un país no ribereño del Mar Muerto cruza el Estrecho del Bósforo, el Ministerio ruso de Exteriores recuerda que su presencia “puede afectar a la estabilidad de la región” dando así a entender que no es bienvenido. Estas últimas semanas ha puesto quizás más el énfasis con los españoles porque hasta ahora raras veces habían adentrado por allí.

La presencia militar española en el sureste de Rusia se añade a la que desde hace a un lustro mantiene en el suroeste de ese país. El Ejército de Tierra cuenta con unos 300 efectivos y carros de combate Leopard en Letonia donde el 6 de marzo concluyeron su participación en el ejercicio Alertex. En Estonia, el Ejército del Aire ejerció el año pasado el mando de la policía aérea de la OTAN a la que, junto con el Reino Unido y Francia, aportó seis cazas EF-18 y 132 militares. Un oficial español también está al frente en Tallin (Estonia) del Mando de Operaciones del Centro de Excelencia de la OTAN en ciberdefensa.