El ayuntamiento de Colau ha dado casi 1.000 contratos sin concurso durante el último año

El Ayuntamiento de Barcelona adjudicó un total de 986 contratos de emergencia por decenas de millones de euros durante la etapa de la pandemia y hasta el pasado 28 de febrero, según ha podido conocer El Confidencial de fuentes solventes. Algunos de esos contratos se acogieron de manera arbitraria a la tramitación “de urgencia” o extraordinaria con motivo de la crisis sanitaria aunque habrían podido ser tramitados de manera normal. De ese modo, evitaban el prolijo proceso de convocatoria de concurso y eran adjudicados directamente a las empresas que designaban los mandos municipales. En otras palabras, la fiscalización de esos contratos ha sido nula.

Del total de esos expedientes, 423 corresponden directamente a las dependencias del ayuntamiento y el resto, 563, son de los diferentes organismos y empresas públicas municipales. Ninguno de ellos pasó por concurso alguno y ello ha levantado recelos entre funcionarios, hasta el punto de que algunos sectores municipales elaboraron informes con supuestas irregularidades detectadas en el otorgamiento de esos contratos.

Uno de los casos más curiosos es el de la empresa Brothers Control. Esta empresa recibió 173.200 y 467.775 euros, en mayo y en junio del año pasado, para el corte de calles durante los fines de semana (un experimento de la alcaldesa Ada Colau que no tuvo la acogida esperada). Sin embargo, según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, desde el despacho del arquitecto jefe se le concedió otro contrato de 1,2 millones de euros. El expediente fue tan rápido que la Agencia de Salud Pública emitió un informe de una página el 21 de mayo, en tanto que los trámites de informe técnico, informe justificativo del interés municipal, elevación de la propuesta hasta el gerente y emisión del decreto ordenando la ejecución de los encargos se hicieron en un mismo día, el 22 de mayo. Una adjudicación relámpago.

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A. Fernández. Barcelona

El interés de la cúpula municipal era desterrar el coche de la vida urbana de la ciudad de Barcelona y la forma más efectiva de hacerlo era vetando su circulación. De ese modo, durante varios fines de semana de 2020, el ayuntamiento cerró algunas de las principales vías de la capital catalana al tráfico y las convirtió en peatonales. El experimento costó, solo en infraestructuras, millones de euros. Para cubrir ese gasto extraordinario de 1,2 millones de euros de uno de los contratos (destinados solo a poner y quitar las vallas de las calles ‘tapiadas’), la Agencia de Salud Pública municipal confeccionó el citado informe de una página, en el que dice que “desde el punto de vista de la salud pública, para el avance hacia la recuperación de la movilidad de la ciudad, ya sea motorizada o a pie, en el contexto actual de emergencia por el covid-19, es preciso aumentar el espacio público disponible para los viandantes”.

La Agencia daba tres escuetas razones: la necesidad de garantizar la distancia social; la necesidad de que Barcelona dispusiese de suficientes itinerarios y espacios seguros; y que “el cierre de calles al tráfico y la pacificación del espacio público comporta una reducción del número de vehículos motorizados en la ciudad a la vez que implicará una mejora de la calidad del aire de la ciudad”. Así, poco menos que por prescripción médica, Colau cortó durante algunos fines de semana determinadas calles al tráfico.

La polémica ampliación de terrazas

La misma Agencia de Salud Pública había realizado otro informe para que el ayuntamiento pudiese tener argumentos en su particular guerra contra el coche y en el cual recomendaba “fomentar los desplazamientos a pie, implementar medidas de mejora y espacio seguro en el transporte público, fomentar los desplazamientos en bicicleta y favorecer la transición energética y compartida de la movilidad privada”. Con base en esas recomendaciones, el consistorio decidió “cerrar al tráfico algunas de las vías y espacios de la ciudad en fines de semana y festivos con el objetivo de ampliar la cantidad de espacio público dedicado a las actividades de ocio, la práctica deportiva así como la movilidad activa”. Ese cierre supuso el otorgamiento de varios contratos a dedo que supusieron millones de euros de desembolso para las arcas públicas.

Por su parte, la empresa pública BIMSA, que otorgó 40 contratos de emergencia, gastó 8 millones de euros en “obras de ampliación del espacio libre para destinarlo a la reapertura de terrazas”. Esas obras se debían hacer en la calzada, restando espacio a las zonas de aparcamiento. Todo formaba parte de la lucha contra el coche; y así, para permitir a los bares ampliar su superficie, exigían que en vez de tener las mesas en las aceras, como toda la vida, debían ampliarlas en la calzada, eliminando aparcamientos. Paralelamente, el Instituto Municipal del Paisaje Urbano y Calidad de Vida encargó a la empresa Solucions Geogràfiques la asistencia técnica “a la redistribución de terrazas en Barcelona” en junio pasado por 85.394 euros. El trabajo fue tramitado por vía de urgencia.

Las obras relacionadas con esos cometidos, más las de las terrazas, ascendieron a casi 8,8 millones de euros.

Uno de los informes internos municipales la los que ha tenido acceso El Confidencial señala que a través de la empresa municipal Bimsa, por ejemplo, no se tramitaron los expedientes de reparación de los desperfectos causados en el Port Fòrum por el temporal Gloria (lo hizo directamente el ayuntamiento), pero sí se realizaron muchas actuaciones para reducir el espacio de los coches, pintando de colores el pavimento (las polémicas pinturas de color amarillo de Colau en algunas calles céntricas) o colocando bloques de hormigón. Según ese informe, las obras relacionadas con esos cometidos más las de las terrazas, tramitadas por vía urgente, ascendieron a casi 8,8 millones de euros.

Por el método “de emergencia” se encargaron también tareas de vigilancia de edificios que, en realidad, podrían haberse tramitado como servicios normales. Durante la etapa del confinamiento más duro, no obstante, la mitad de los contratos otorgados por el ayuntamiento se fueron para campañas de publicidad en las que se gastaron casi 6,6 millones de euros, la mayoría vehiculados a través de Havas Media Group Spain (1,3 millones), Carat España (un millón) y Zenith Media (605.000 euros). En mayo del año pasado, Colau fichó como director creativo a Nacho Padilla, que de 2016 a 2019 había ocupado el mismo cargo en el Ayuntamiento de Madrid con Manuela Carmena.

Actuaciones justificadas

Otras actuaciones de urgencia despiertan menos recelos. El Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) es, de lejos, el organismo municipal que más contratos de emergencia otorgó: un total de 262 expedientes a dedo hasta el pasado 28 de febrero. Algunas de esas adjudicaciones son tan relevantes como las de Avoris Retail Division: el 13 de junio pasado, le concedió dos contratos para “alojamiento temporal” de más de 5,2 millones y de un millón de euros. El pasado 22 de diciembre, le volvió a conceder otro contrato de más de 6,8 millones de euros con el mismo fin. A finales de mayo, también había recibido otros dos encargos para “alojamiento de personas” por 335.000 euros. Esos alojamientos eran para personas o familias a las que la crisis había golpeado duramente, aunque paralelamente la Administración también sufragaba los gastos de mantenimiento.

Según un informe técnico del ayuntamiento en poder de este diario, firmado por Eladi Torres, director ejecutivo del IMSS, estos contratos se decidieron para ayudar “al alojamiento temporal y manutención de personas y familias en riesgo de exclusión social y vulnerabilidad en Barcelona y parte de su área metropolitana”. Al no poder hacerse cargo de esa labor por insuficiencia de medios personales, técnicos y materiales, el consistorio barcelonés externalizó los servicios a la compañía Avoris Retail Division, que pertenece a Avoris Corporación Empresarial, a su vez empresa perteneciente al grupo hotelero y turístico Barceló Viajes.

El Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación (IMHAB), que en total adjudicó 48 contratos por vía de urgencia, echó también mano de esa situación de excepcionalidad para otorgar a Everis BPO varios contratos: en mayo y diciembre, dos encargos para la “atención telefónica y apoyo administrativo en la gestión de las nuevas líneas de ayuda” le costaron al consistorio barcelonés sendos desembolsos de 261.965 euros. El 28 de septiembre, esta empresa se llevó otro contrato de 85.305 euros para el “apoyo externo de la agenda de coitas previas para los usuarios de servicios del parque público de viviendas” y el 2 de diciembre volvió a tener otro contrato de 716.320 euros para el “refuerzo en la atención ciudadana en relación con los servicios de vivienda”.

En casos como el del Instituto Municial de Mercados (IMMB), que otorgó también 40 contratos, se encargó el 18 de junio a la firma Aina Servicios Generales un sistema de control de aforo de los diferentes mercados por 623.712 euros. Es cierto que diferentes organismos municipales tramitaron por vía de urgencia la compra de ordenadores portátiles, pero esa fue una cuestión justificada por el hecho de que se implementó el teletrabajo en muchas áreas de la Administración y se hizo necesario dotar a los funcionarios de herramientas para que pudiesen trabajar desde casa.

El Instituto Municipal de Informática (IMI), por ejemplo, solo otorgó una treintena de contratos de emergencia, el mayor de los cuales fue adjudicado el 16 de junio pasado por 781.870 euros a Saytel Servicios Informáticos (una compañía del grupo Seidor) para el suministro de 741 portátiles Toshiba. El Instituto Municipal de Urbanismo solo tuvo un contrato de emergencia para comprar portátiles por 50.721,65 euros, precisamente también a Saytel. Y el Instituto Municipal de Hacienda (solo 6 contratos de emergencia) compró 100 portátiles a Servicios Microinformática por 109.232 euros, otra compañía que también se benefició del único contrato de emergencia del Institut Barcelona Esports, al venderle portátiles por 17.463 euros.