Restricciones, 8-M y elecciones: cuando el TSJM es blanco de críticas haga lo que haga

El adelanto de elecciones decretado por Isabel Díaz Ayuso ya está en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). La Asamblea acató este jueves su disolución y las mociones de censura de Más Madrid y PSOE quedaron congeladas, pero un día después la Mesa recurrió la decisión al entender que la maniobra de la izquierda debe prevalecer. Al haber solicitado medidas cautelarísimas, el tribunal no tiene que escuchar a las partes y su primer pronunciamiento se espera como tarde para el próximo martes. Una vez más, la pugna política acaba en embrollo jurídico. Y una vez más, el TSJM será blanco de críticas haga lo que haga.

Arbitrar cuestiones políticas se ha convertido en una labor habitual para el tribunal durante el último año. Aprobar o tumbar las restricciones por la pandemia es el ejemplo más claro y para entender esta responsabilidad hay que remontarse a mayo. El Congreso votaba la cuarta prórroga del estado de alarma y la oposición se revolvía contra ella. "No hay plan B. El único plan es el estado de alarma", repetía Pedro Sánchez. No mentía. El Gobierno jamás preparó un plan B y, cuando el estado de alarma llegó a su fin el 21 de junio, a las comunidades solo les quedó agarrarse a una combinación de leyes de salud pública, protección civil y seguridad nacional.

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La fórmula funcionó a la hora de aplicar restricciones puntuales durante el verano, pero siempre con la incógnita de que un tribunal se negase a ratificar las mismas. La fragilidad de ese armazón legal hizo que cualquier patinazo llevase a rechazar las medidas que se querían aplicar, y ese riesgo terminó por plasmarse en el fallo que el tribunal madrileño emitió el 8 de octubre, cuando tumbó el cierre de la capital decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez una semana antes. La decisión llegó 13 días después de que hubieran dado luz verde a confinar barrios, por lo que los argumentos jurídicos no tardaron en quedar superados por las críticas.

"A lo mejor es que TSJM significa Tribunal Superior de Justicia de La Moraleja", tuiteó la tarde del 8 de octubre el portavoz de Podemos, Pablo Echenique. Daba igual que la Comunidad de Madrid hubiese pasado por alto las leyes clave para pedir el cierre de la capital y que solo hubiese basado este confinamiento en la orden de Sanidad del Gobierno de Pedro Sánchez. Este texto en ningún caso incluía la competencia para adoptar medidas preventivas de contención y otras que supusiesen limitación de actividades y desplazamiento de personas, pero la pelea política acabó con los propios políticos poniendo a los jueces en el punto de mira.

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Situación similar se produjo la semana pasada con el 8-M. En este caso, la polémica llegó a su punto álgido cuando la delegación del Gobierno de Madrid prohibió las concentraciones que habían sido anunciadas para el Día de la Mujer "por motivos de salud pública". El 6 de marzo, el TSJM mantuvo la prohibición y desestimó los cinco recursos interpuestos. Las críticas se centraron en el Gobierno, pero también en los jueces: la Comisión 8M interpretó su fallo como "un ataque a las mujeres" y lo comparó con la permisividad de las "manifestaciones de neonazis". La prohibición o no de estas segundas concentraciones jamás llegó al TSJM.

"Las mujeres de la Comisión 8M nos hemos adaptado, como no podía ser de otra manera, al contexto de pandemia. Hemos acatado restricciones, hemos sido propositivas, hemos dado alternativas y nos hemos organizado en concentraciones que cumplen con todas las garantías sanitarias establecidas en los propios informes de la delegación de Gobierno", denunciaron a través de un comunicado. "No hay que elegir entre derechos", sino que "son las autoridades las que tienen que garantizar que los derechos no se vulneran". Pese a sus argumentos, el mismo 8 de marzo el Tribunal Constitucional confirmó la suspensión de las manifestaciones.

Se consideren o no adecuadas las dos decisiones del TSJM, estas son fruto de una anterior pugna política. También de la renuncia del Gobierno a abordar una reforma legal que sustituyera al estado de alarma y evitara los vaivenes judiciales: "Resulta llamativo que ante el escenario sanitario descrito no se abordara una reforma de nuestro marco normativo más acorde con las confesadas necesidades de combatir eficazmente la pandemia de covid-19", advertían los magistrados en su auto de octubre. Ahora, la historia se repite con el adelanto de elecciones y, hagan lo que hagan, serán blanco de críticas. Ante la judicialización de la política, nunca hay decisión 'correcta'.