Medio millar de intelectuales firman un manifiesto contra el independentismo

No todo es independentismo en Cataluña. El constitucionalismo también se mueve. Este viernes se cumplen 40 años del famoso 'Manifiesto de los 2.300', un documento suscrito por 2.300 ciudadanos el 12 de marzo de 1981 que, en realidad, llevaba por título ‘Por la igualdad de derechos lingüísticos en Cataluña’. Lo firmaron, entre otros, Amando de Miguel, Benjamín Oltra, Federico Jiménez Losantos, José Carralero o José María Vizcay. En mayo de aquel año, Jiménez Losantos fue secuestrado por un comando de Terra Lliure y dejado amordazado en un descampado de Esplugues de Llobregat después de pegarle un tiro en la pierna.

Aquel manifiesto denunciaba ya entonces supuestas discriminaciones de la lengua castellana en Cataluña. El manifiesto que se presenta este 12 de marzo de 2021 lleva por título ‘En defensa de la nación constitucional y por la igualdad de todos los españoles’ y recuerda que el otro manifiesto, el de 1981, “sigue vigente. No solo por la continuada validez de su diagnóstico, sino por haberse cumplido su vaticinio sobre el empeoramiento de la convivencia y las graves consecuencias que la política iniciada por la Generalitat iba a producir en la sociedad catalana y en el conjunto de España. Esta situación ha llevado a Cataluña a la división, la inseguridad, la decadencia económica y a un retroceso social que empieza a afectar a una mayoría de catalanes”.

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El nuevo texto está auspiciado por la entidad Impulso Ciudadano, que preside José Domingo, y va firmado por 500 personalidades, entre las que destacan Mario Vargas Llosa, Félix de Azúa, Félix Ovejero, Francesc de Carreras, Fernando Savater, Albert Boadella, Carlos Jiménez Villarejo, Fernando Sánchez Dragó, Francisco Vázquez o Xavier Pericay. Los firmantes se manifiestan “preocupados por el deterioro de la convivencia, ante la confusión y perplejidad en que se encuentran millones de españoles, queremos asumir un compromiso público y político en la defensa del orden democrático y de la Constitución”.

Denuncia el escrito que se presenta este viernes que “lo que empezó presentándose como ‘normalización’ del uso del catalán [ya denunciado en 1981] fue avanzando, con ambigüedad calculada, hacia la exclusión de la lengua común y el rechazo de los lazos históricos, afectivos, culturales y lingüísticos que nos unen a todos los españoles. El ‘Manifiesto’ desenmascaró las intenciones de un catalanismo que ahora se presenta abiertamente como nacionalismo hispanófobo y que tiene como objetivo derribar la Constitución de 1978, último dique de contención de su proyecto rupturista, hoy mimetizado en otras partes de España”. Hace referencia a la consigna independentista, también compartida con sectores políticos de la izquierda española del derribo del ‘régimen del 78’.

Listado de atropellos

Advierte también el nuevo documento que la crisis política, agravada por la sanitaria y la económica, "amenaza con destruir la unidad y la propia existencia de España como nación y como Estado democrático". Culpa de la situación a la desidia de los sucesivos gobiernos de España “que, entre la indolencia y la inepcia, no han sabido encarar con determinación el desafío anticonstitucional y su desprecio reiterado a la ley y a las decisiones judiciales. Tal dejación propició el ataque frontal a la democracia de septiembre y octubre de 2017, del que sus autores no solo no se arrepienten, sino que proclaman provocativamente que lo ‘volverán a hacer’. Su amenaza sigue en pie”. Esa alusión hace referencia directamente a la aprobación de las leyes de ruptura en el Parlamento catalán los días 6 y 7 de septiembre de aquel año, así como al referéndum ilegal del 1 de octubre y a la proclamación de la independencia en el Parlamento el 27 de octubre de 2017.

Opinión

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A partir de ahí, el escrito actual denuncia que en Cataluña se están atropellando derechos constitucionales, lingüísticos y cívicos “en numerosos espacios y de diversas formas”. Relata, por ejemplo, que no se puede educar a los hijos “en su lengua materna oficial”, refiriéndose a la inmersión lingüística solo en catalán. Recalca, además, que en las escuelas se adoctrina a los niños “en el desprecio a España”. Y, además, explica que los ciudadanos “no son atendidos por las administraciones en las lenguas oficiales y no pueden usar libremente cualquiera de estas lenguas en su actividad comercial, productiva, pública y privada”. Se refiere este punto a la obligatoriedad de tener toda la documentación oficial de las empresas y negocios, aunque sean comunicaciones internas, en catalán.

También denuncia que muchos ciudadanos “padecen amenazas y son estigmatizados por discrepar de la ideología independentista”, que los responsables políticos malgastan el dinero público “en la promoción del proceso separatista” y que muchos ciudadanos “reclaman medios de comunicación que ofrezcan información veraz y objetiva y que no practiquen la demagogia y fomenten la manipulación de la mente y de las emociones”, en clara alusión a TV3 y a Catalunya Ràdio, las emisoras públicas de la Generalitat.

Las ‘minorías supremacistas’

El manifiesto de este viernes asegura también que existe discriminación en el acceso al trabajo y que “contemplan día tras día la supresión de los símbolos constitucionales de las instituciones y la eliminación de todo tipo de referentes culturales comunes”.

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Con base en estos puntos, el texto señala que “la igualdad de derechos, fundamento de la democracia, es incompatible con cualquier privilegio basado en la lengua, el lugar de origen, la condición social o la ideología política. Nuestra Constitución asegura esa igualdad. Por eso rechazamos sus incumplimientos y los intentos encubiertos de mutación o explícitos de modificación, que pretenden soslayar las reglas de la reforma constitucional”.

Reivindica, así, la nación española y su riqueza cultural y lingüística, y advierte de que “no vamos a consentir que este patrimonio compartido sea destruido por minorías supremacistas y medios antidemocráticos. Nada es más importante y urgente que frenar este proceso destructivo, hacerlo retroceder y derrotarlo con las armas de la razón, de la política y del derecho. El resto de los problemas económicos y sociales no podrán ser abordados si nuestra propia existencia como nación está amenazada y carecemos de un Estado democrático fuerte y cohesionado”.

El escrito anima a recuperar y estimular “ese impulso colectivo para orientarlo hacia el estrechamiento de los vínculos comunitarios y hacia la promoción igualitaria del bienestar, promoviendo un equilibrio territorial más justo”. Y termina señalando que “defender España es defender el bien común”, haciendo un llamamiento “a todos los ciudadanos para que no se dejen llevar por el miedo, la resignación o el pesimismo y que adopten una actitud decidida en defensa del orden constitucional contra quienes quieren destruirlo”.