Fingía que empleaba a mujeres víctimas de maltrato y el juez (de otro caso) la reprende

Lo que en un principio parecía un mero asunto laboral ha acabado destapando otra irregularidad en el interior de una empresa cacereña. El magistrado Mariano Mecerreyes Jiménez, titular del Juzgado de lo Social nº 1 de la ciudad, debía juzgar un posible caso de insubordinación, ofensas y falta grave, de los que la dueña de un centro de estética de la capital acusaba a una trabajadora.

Según hace constar en su sentencia, la jefa del local —que el año pasado había difundido ampliamente en la prensa que daba trabajo a mujeres víctimas de violencia de género— se reunió un viernes del pasado julio con sus dos empleadas para informarles de que pretendía firmar un contrato de colaboración con un club polideportivo de Cáceres, lo que suponía abrir un nuevo establecimiento, a lo que ambas se negaron considerando que el negocio "aún necesitaba mejoras para poder consolidarse" y pidiendo una mejora en las instalaciones.

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Al día siguiente, una de las peluqueras le escribió por WhatsApp para comunicarle que "cogería el lunes para asuntos propios", ya que debía asistir al médico. La empleadora respondió al mensaje negándose a la libranza. Antes, le había enviado un correo electrónico asegurando que iba a enviarle una "carta de amonestación por lo ocurrido el viernes", por una "insubordinación grave".

La empleada, que llevaba en la empresa desde diciembre de 2019, se defendió, negando "haberle faltado el respeto a nadie" y recordando que la escena fue vista por otra testigo, ante lo que la dueña insistió: "Te vas directamente a la gestoría a firmar tu despido el lunes". El domingo, recula: si quiere abandonar el trabajo, le dice, "será por baja voluntaria", recoge la sentencia. Ante el "calentón" de la jefa —en palabras de la empleada—, esta última desconoce si la ha echado o no. La responsable del negocio reitera: "O ir a trabajar el lunes o ir a la gestoría a firmar la baja voluntaria y devolver las llaves de la tienda; lo que tú decidas", le responde.

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Es entonces cuando la empleada —vía WhatsApp— estalla: "Tengo la opción de denunciarte directamente por todo lo que estás haciéndome e inventándote de mí", le responde, entre otros comentarios.

Interrogada la testigo de estos hechos —la otra trabajadora— por el juez, confirma que, al igual que su compañera, se había negado a la apertura de un nuevo local, ya que el actual aún tenía deficiencias de mobiliario y le faltaba aire acondicionado. Sin embargo, preguntada por la condición de víctimas de maltrato del personal del negocio, esta lo niega. Su jefa, recuerda el juez, promocionó en la prensa cacereña la apertura del establecimiento aludiendo al beneficio social que suponía reinsertar a mujeres maltratadas en el mercado laboral. Pero, según asegura la testigo, ni ella ni las otras dos empleadas han manifestado nunca haber sufrido violencia de género.

"Busca enriquecerse publicitando un drama personal o falso o difundido sin autorización"

"Aquí es donde entra en juego el anuncio que hizo en los medios de comunicación social a propósito de que su negocio lo atendían mujeres víctimas de malos tratos; anuncio —uno de ellos es de 13 de enero de 2020— que, o es falso, visto lo que declara la testigo y la empleada, o bien invadió de modo gravísimo la intimidad de quien, pudiendo serlo en sentido hipotético, nunca consintió semejante difusión", cuestiona el magistrado, que critica que tal promoción "beneficia o pretende beneficiar a la empleadora y a la prosperidad de su negocio, pues pretende enriquecerse publicitando un drama personal".

"O es falso o es difundido sin autorización de las víctimas, a fin de propiciar la solidaridad y la simpatía de los clientes potenciales que, pudiendo elegir otro centro de estética en el que ser atendidos, decidan, por esta única razón, acudir al suyo", expone el juez en relación a este comportamiento de la jefa, que, aunque es totalmente ajeno a los hechos juzgados, no se queda sin el rapapolvo en la sentencia.

Sobre el motivo del litigio, el juez considera que el griterío y el intercambio de mensajes no es punible jurídicamente, sino que constituye una exposición de "razones, con tino o sin él, pero sin ofender, vejar, o humillar". "No hubo desaire, ni insubordinación u ofensa dignas de legítima censura", remata. La sanción a la trabajadora ha quedado anulada.