Vox pide al juez del caso Dina que cite a declarar a los abogados de Podemos

Pablo Iglesias se enfrenta a la petición de nuevas diligencias en el caso Dina, la pieza separada de la operación Tándem en la que se investiga si el actual vicepresidente segundo del Gobierno accedió al contenido de una tarjeta de memoria de su antigua asesora Dina Bousselham y si destruyó ese soporte informático antes de devolvérselo a su legítima propietaria.

Los representantes legales del partido político Vox, personado en el caso como acusación popular, han solicitado al instructor, el juez Manuel García-Castellón, que acuerde el interrogatorio de varios miembros del equipo jurídico de Podemos que habrían participado en la redacción de la denuncia que interpusieron Bousselham y el propio Iglesias al inicio de las actuaciones sosteniendo que la tarjeta de memoria había sido sustraída por una mafia policial y que el líder del partido morado era un perjudicado directo por ese episodio.

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En concreto, Vox reclama la toma de declaración a la antigua responsable de los servicios jurídicos de Podemos, la diputada Gloria Elizo, y a los también letrados de la formación Raúl Carballedo y Alejandro Gámez. También solicita la comparecencia de la pareja de Bousselham, Ricardo Sa Ferreira, que habría tenido conocimiento de los hechos que se investigan.

Además, pide que se incorporen a la causa las diligencias que se abrieron en el Juzgado número 32 de Madrid por un delito de acoso sexual contra el antiguo coordinador jurídico de Podemos José Manuel Calvente, cesado tras denunciar irregularidades en la financiación del partido. La querella contra Calvente fue interpuesta por otra de las presuntas implicadas en el caso Tándem, la también abogada de Podemos Marta Flor, y fue archivada tras concluir que no había ningún indicio para sostener esa acusación.

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En la misma línea, Vox pide que se incorpore a la causa “el expediente completo abierto por Fiscalía con motivo de las denuncias presentadas contra Marta Flor” y el antiguo fiscal anticorrupción asignado al caso Dina Ignacio Stampa. La formación de Santiago Abascal denunció que Stampa proporcionó información secreta del procedimiento a los letrados de Podemos. Sin embargo, el Ministerio Público acordó recientemente el archivo de una investigación interna sobre ese episodio y concluyó que no había responsabilidades penales en el comportamiento del fiscal, aunque lo hizo sin analizar los mensajes que presuntamente demostraban esa complicidad.

Vox también reclama las actas de los órganos de Podemos en los que se tomó la decisión de denunciar la supuesta sustracción del móvil a Bousselham. El juez y la Fiscalía tendrán que pronunciarse ahora sobre la oportunidad de estas diligencias solicitadas por la acusación popular.

El propio instructor de Tándem reactivó el pasado febrero la causa solicitando a la Policía Científica que realice una pericial sobre la tarjeta SD del móvil de Bousselham para averiguar si consiguen acceder a los archivos que contiene. Hasta ahora todos los intentos habían sido infructuosos.

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Es previsible que el magistrado, una vez tenga sobre la mesa esa pericial informática, ordene nuevas diligencias en el marco de esa pieza separada número 10 de la causa 'Tándem'. Las solicitadas por Vox podrían entrar en ese grupo. De hecho, el juez ya indicaba en su último escrito que la pericial de la tarjeta se realiza con carácter previo a practicar las nuevas diligencias instadas por el Tribunal Supremo.

Fue el magistrado quien en octubre remitió una exposición razonada al Supremo al considerar, indiciaria y provisionalmente, que Iglesias había cometido tres delitos: uno de descubrimiento y revelación de secretos; otro de daños informáticos; y otro de acusación y denuncia falsa, en relación con el robo del móvil Dina Bousselham en noviembre de 2015.

Sin embargo, el Supremo devolvió en enero el expediente a la Audiencia Nacional resolviendo que García-Castellón debía agotar primero la investigación con la práctica de nuevas pruebas. Sólo entonces debería decidir si procede remitir una nueva exposición razonada contra el vicepresidente segundo del Gobierno, que una vez más recalaría en el Supremo dado que está aforado.