Montero llega a su segundo 8-M con el contador legislativo de Igualdad a cero

Un año después de que se aprobase en el Consejo de Ministros el proyecto de ley de libertades sexuales, conocida como ley del 'solo sí es sí', ni esta norma ha iniciado su tramitación parlamentaria ni el resto del paquete legislativo previsto en esta materia por el Ministerio de Igualdad, desde la ley trans a la LGTBI, ha superado el primer corte. El bloqueo persiste por los choques entre PSOE y Unidas Podemos, siendo significativo que la única ley de igualdad que ha iniciado su trámite parlamentario, la de igualdad de trato, no ha sido promovida desde el ministerio competente, en manos de Irene Montero, sino desde el grupo parlamentario socialista. Una ley sobre la que el PSOE ha marcado territorio y subrayado su autoría apodándola 'ley Zerolo', en referencia al histórico dirigente socialista.

La competición entre los dos partidos que forman parte de la coalición por hacerse con la bandera del feminismo ha generado zancadillas, vetos cruzados y, en definitiva, una parálisis que ha frenado los avances en igualdad. El feminismo se ha convertido en un rehén político, en un campo de batalla donde los socialistas se resisten a perder su peso histórico frente a la irrupción cada vez más hegemónica de los morados entre las nuevas expresiones del movimiento. De ahí emana el trasfondo del debate sobre la ley trans.

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Los resultados de esta carrera partidista están siendo poco fructíferos para los intereses del movimiento al que se pretende representar. El CIS publicado antes del 8-M del pasado año da algunas claves: PSOE y Unidas Podemos eran los principales partidos que los electores identifican como las organizaciones que más están haciendo por la igualdad. Los socialistas ganaban entre los grupos de más edad, sumando el 22,4% del total, y los morados, entre los más jóvenes que, además, son quienes más se identifican con el feminismo, sumando el 23,6%. Otro dato: el porcentaje de votantes que se definían ideológicamente como feministas pasaba del 7 al 11%.

Para encontrar el origen de esta disputa electoralista, hay que remontarse a las negociaciones para el reparto de ministerios. Igualdad estaba previamente en manos de Carmen Calvo, y se llegaron a considerar estas competencias como 'la joya de la corona' de la vicepresidencia primera. El PSOE no las quería ceder, y precisamente las infructuosas negociaciones que derivaron en la repetición electoral se rompieron en la mesa que pilotaban Carmen Calvo y Pablo Echenique. "Unidas Podemos no quiere entrar en el Gobierno a cualquier precio, queremos competencias para desarrollar políticas sociales en Igualdad, Trabajo, Hacienda y Transición Ecológica", justificaban los morados tras la ruptura. No es baladí que se enumerase en primer lugar Igualdad. Se llegó a renunciar a las "competencias en políticas activas de empleo", más allá de la vicepresidencia de Iglesias, pero no a las que ostentaba en aquel momento Calvo. Tras la repetición electoral, y sin alternativa a la coalición, Sánchez cedió estas competencias a los morados.

Los motivos son la falta de seguridad jurídica, las deficiencias en técnica legislativa y la falta de consenso. Inexperiencia y precipitación

La primera gran tensión en el Gobierno se produjo con este trasfondo. La vicepresidencia primera realizó numerosas objeciones a la ley del 'solo sí es sí', y aunque finalmente Montero ganó la batalla y logró llevarla al Consejo de Ministros antes del 8-M, se frenó su tramitación 'a posteriori'. Los motivos son los mismos que se vienen esgrimiendo ahora para justificar la paralización del paquete legislativo del ministerio: falta de seguridad jurídica, deficiencias en técnica legislativa y falta de consenso. O lo que es lo mismo, inexperiencia y precipitación.

"Carmen Calvo no ha soportado perder el Ministerio de Igualdad", se decía entonces y se vuelve a repetir ahora desde las filas moradas. Incluso se habría resistido a realizar en persona la entrega de la cartera que ostentó durante la pasada legislatura a su nueva titular, Irene Montero. Finalmente, siempre según la versión de fuentes moradas conocedoras de lo sucedido, fueron las gestiones del propio presidente, Pedro Sánchez, lo que habría propiciado un cambio de actitud para asistir a dicho acto protocolario.

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Acusaciones cruzadas de unilateralismo y unas tensiones que se recrudecen hasta el punto de revisarse 'de facto' las normas de la coalición para forzar el blindaje de las competencias de Igualdad ante las supuestas interferencias. Con el desarrollo de las leyes trans y LGTBI, que no han llegado al Consejo de Ministros antes de este 8-M, como se pretendía desde Igualdad, por un "nuevo bloqueo" atribuido a la parte socialista del Ejecutivo, el debate no se limita solo a lo jurídico, sino que también se extiende a los contenidos. A las distintas tradiciones que representan socialistas y morados, con los primeros instalados en la línea más clásica.

Diferencias que se enfatizan en lo referente a la llamada teoría queer, por lo que los socialistas llegaron a expresar su temor de que las leyes impulsadas desde Igualdad acaben "desdibujando" a la mujer. A través de un argumentario difundido el pasado mes de junio, se criticó que la teoría queer va "ganando terreno en el mundo académico y activista" y "niega la existencia del sexo biológico, por lo que desdibuja y difumina la realidad de las mujeres". Un texto que anticipaba una batalla frente a las leyes que están pendientes de impulsarse por el Ministerio de Igualdad.

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Sin posibilidad de sacar adelante las leyes trans y LGTBI antes de este 8-M, el Ministerio de Igualdad tendrá que conformarse con la aprobación el próximo martes de un plan, dotado de 200 millones en transferencias a las comunidades autónomas, según se recogía ya en los Presupuestos, para fomentar la conciliación. Desde este departamento, han presentado el proyecto como política pública feminista y una 'semilla' para garantizar el derecho al cuidado en España y que el Estado se haga corresponsable por primera vez de la conciliación de las familias.

La ley de igualdad de trato promovida por los socialistas ha visibilizado en el Congreso las divergencias que siguen instaladas desde el inicio de la legislatura. Los morados rompieron así la unidad de voto con sus socios a la que obliga su acuerdo de gobierno, votando por primera vez de forma diferente en una propuesta de ley. Los morados llegaron a pedir a los socialistas que retirasen de su cupo esta iniciativa, al considerar que se presentó de forma unilateral, rompiendo las negociaciones y sin respetar los acuerdos programáticos del Gobierno de coalición. "No es cierto que el texto sea en solitario del PSOE, sino que hay varias cuestiones que incluyó Unidas Podemos. Es cierto que no hubo acuerdo en todo", enmendaba la portavoz de los socialistas, Adriana Lastra. La competición entre los socios de gobierno en materia de igualdad ha marcado la primera fase de la legislatura más que el avance en medidas concretas. La agenda feminista sigue pendiente.