El cerrojazo para el 8-M y Semana Santa recrudece la tensión política por la pandemia

Tras las fiestas de Navidad, en el ministerio y las consejerías de Sanidad había dos momentos marcados en el calendario para la gestión de la pandemia. Uno era el 8 de marzo y las celebraciones por el Día de la Mujer y el otro, la Semana Santa. Los movimientos por parte de las distintas administraciones han ido activando tensiones en diferentes puntos de la geografía nacional y también entre los partidos. La decisión de la Delegación del Gobierno de Madrid de frenar todas las manifestaciones por el 8-M ha servido de antesala a las limitaciones que se tomarán de cara al 27 de marzo y ha disparado las críticas por parte de Unidas Podemos.

Aunque Semana Santa se atisba como la próxima gran cita para disparar la movilidad y la transmisión del virus por España, el 8-M era la primera ocasión esperada, por su simbología y por su utilización política durante el último año. La suspensión en la capital, que acoge las concentraciones más emblemáticas, fortalece la idea de que no se pueden relajar las limitaciones para hacer frente al covid con las fiestas religiosas en el horizonte, aumentando la presión y la disputa con una reacia Isabel Díaz Ayuso, pero también permite a Unidas Podemos incrementar su perfil propio agitando la bandera feminista. En el resto del territorio, los actos siguen agendados.

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J. Bocanegra

Aunque hace 10 días el delegado del Ejecutivo en la capital, José Manuel Franco, dejó la puerta abierta a movilizaciones pequeñas con aforo reducido, finalmente optaron este jueves por impedir las manifestaciones feministas en la región por "salud pública". Franco defendió que las estimaciones que manejan auguraban que hasta 60.000 personas podrían congregarse en las concentraciones y puso el foco en que los datos de contagios y presión hospitalaria en Madrid están "por encima de la media nacional". "La situación de las UCI en Madrid es peor a la de la segunda ola de la pandemia", explicó el socialista, tratando de hacer hincapié en la complicada coyuntura que aún vive la capital pese a la mejora.

El movimiento, que se tomó después de haber analizado los recorridos y horarios de las distintas concentraciones, gana relevancia en el debate político por el momento en que llega y por la brecha causada entre los socios del Gobierno nacional. Este miércoles, las comunidades autónomas y Sanidad expusieron sus propuestas para afrontar la Semana Santa, constatando en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) lo que ya era público: Madrid se quedaba sola una vez más en pedir que no se apliquen cierres perimetrales entre las CCAA.

Sanidad y las autonomías casi al completo ya apostaban por mantener las restricciones en Semana Santa, pero este jueves reafirmaron sus posiciones en la Comisión de Salud Pública, en la que defendieron que se eviten los viajes innecesarios, aunque finalmente las comunidades acordaron no incluir la recomendación de que los universitarios no vuelvan a casa. En la práctica, implicaría olvidar el modelo empleado para la movilidad en Navidad, cuando las excepciones para sortear el cierre perimetral de las CCAA dejaron prácticamente vía libre para viajar por el país.

El nuevo marco tendrá que aprobarse en el CISNS, donde se prevé que la tensión se eleve, con Madrid en el centro del debate. El toque de queda entre las 22:00 y las 6:00 y la limitación de reuniones a cuatro personas serán otros elementos que previsiblemente se terminen imponiendo, además del cierre regional. La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, cargó en la tarde de este jueves contra Sanidad por impedir la movilidad entre regiones en Semana Santa. "No puede ser que el mismo Gobierno que convocó elecciones en Cataluña con peores datos ahora cierre así España estando mucho mejor".

Madrid dijo no a estas propuestas, según fuentes del Gobierno regional, pero si se acuerda en el marco del Consejo Interterritorial próximo, las medidas serán de obligado cumplimiento para todas.

La vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo ya había salido horas antes a elevar la presión sobre Madrid para recalcar que "no puede haber Semana Santa". "No hay caso. No hay ni Semana Santa ni nada, porque lo que debemos hacer ahora es terminar de hacer este esfuerzo para que las cifras se coloquen en un lugar de seguridad", insistió la socialista al ser cuestionada por la actitud de Díaz Ayuso, a la que se refirió asegurando que "esas cuestiones que algunos ponen en lo alto de la mesa son absolutamente inquietantes".

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EFE

Y más allá del tira y afloja para ver en qué quedan las restricciones, la cancelación del 8-M ya diluido por la pandemia ha generado asperezas en Unidas Podemos, donde la ministra de Igualdad, Irene Montero, habló de "criminalización" y "señalamiento" al feminismo, aunque reiteró que cumplirá con las recomendaciones sanitarias al ser parte del Ejecutivo. Incidió en que hay quienes quieren "negar" a las mujeres "el derecho a la calle". "A mí, a nosotras, no nos van a encontrar en esa criminalización del movimiento feminista".

Su compañero de bancada y líder de los comunes en el Congreso, Jaume Asens, contrapuso la reciente movilización falangista en Madrid con la decisión de suspender las manifestaciones feministas. "La normalidad democrática no es que la Delegación del Gobierno de Madrid permita una manifestación antisemita de la Falange y prohíba el 8-M del feminismo", aseveró en su cuenta de Twitter. La Comisión 8-M en la capital ya ha avanzado que estudia las vías legales con que recurrir la prohibición por parte de Delegación, así lo apuntaron en declaraciones a la Agencia EFE, por lo que esperan que la última palabra no esté dicha.

La Comunidad de Madrid no tardó en aplaudir la decisión del equipo de Franco y el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, enfatizó que "no es tiempo de manifestaciones ni concentraciones masivas".

La situación dada en Madrid no se ha repetido en el resto del país. Fuentes de la Delegación del Gobierno en Andalucía explican que si las solicitudes cumplen con las recomendaciones sanitarias y superan el estudio de las autoridades, estas serán autorizadas "sea cual sea el motivo". En Galicia, Alberto Núñez Feijóo pidió poco después de conocerse la noticia que Moncloa aclare si se permiten o no las manifestaciones de este tipo. En Cataluña, la Generalitat abogó por permitir las concentraciones por el Día de la Mujer, aunque insistió en que se han de seguir las recomendaciones. Argumentaron en el Govern que el de manifestación es un derecho fundamental y que, pese a las cuestiones sanitarias, deben garantizarlo.