UP y PSOE, cerca de un acuerdo sobre los desahucios en la futura ley de vivienda
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SIN AVANCES EN LOS ALQUILERES

UP y PSOE, cerca de un acuerdo sobre los desahucios en la futura ley de vivienda

Ambos partidos son favorables a incluir las medidas del decreto que está en vigor mientras dure el estado de alarma para frenar los lanzamientos sin alternativa habitacional

placeholder Foto: Concentración de la Coordinadora de Vivienda de Madrid en la Puerta del Sol. (EFE)
Concentración de la Coordinadora de Vivienda de Madrid en la Puerta del Sol. (EFE)

Unidas Podemos y el PSOE han avanzado este jueves en un acuerdo para incluir en la nueva ley de vivienda medidas orientadas a frenar los desahucios sin alternativa habitacional para personas en situación de vulnerabilidad, en términos similares a los recogidos en el decreto antidesahucios que está en vigor mientras dure el estado de alarma.

Sin embargo, la cuestión de la regulación del precio del alquiler, que ha generado tensiones entre los dos socios de coalición, sigue sin clarificarse y la formación morada reprocha a los socialistas que sigan sin presentarle una propuesta para ejecutar este compromiso adquirido tanto en el acuerdo de gobierno como en el de Presupuestos.

Así se ha constatado en la reunión mantenida este jueves entre los equipos de la Vicepresidencia Segunda, liderado por la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, y del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, con el secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, al frente.

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, durante la presentación del proyecto de Presupuestos. (Reuters)

Según han explicado fuentes de Unidas Podemos a Europa Press, en el encuentro se ha constatado progresos de cara a un acuerdo que incluya el freno a los desahucios en términos similares al mecanismo utilizado para el estado de alarma. Esta era una de las reivindicaciones de Belarra en el marco de la negociación con el PSOE.

En concreto, se está acordando que los juzgados se vean obligados a solicitar un informe preceptivo en los procesos de desahucios a los servicios sociales de los distintos territorios. Estos determinarán si existe una situación de vulnerabilidad y, en ese caso, las comunidades autónomas tendrán la obligación de ofrecer una alternativa habitacional "digna".

Mientras, la propuesta escrita entregada por el Ministerio de Transportes en esta cita, a la que ha tenido acceso Europa Press, expone que la nueva propuesta a incluir en la Ley Estatal de Vivienda "no da continuidad a las medidas excepcionales establecidas como consecuencia del estado de alarma, sino que pretende perfeccionar las existentes y reguladas actualmente en la Ley de Enjuiciamiento Civil".

Foto: El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos (i), en la firma de un protocolo general de la Agenda Urbana Española en Logroño. (EFE)

Por tanto, se procedería a modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil para ampliar más allá de los supuestos de impagos de rentas por arrendatarios ya existente desde 2019 y previas a las medidas covid en materia de vivienda, adelantar el momento de la notificación por el juzgado a los servicios sociales a un momento procesal "previo al lanzamiento", concretamente al momento de admisión de la demanda.

Una notificación que se produciría de "oficio", como "obligación legal" impuesta al propio tribunal, de forma que no sería necesario el consentimiento del "demandado", sin perjuicio de que se le informe de que tiene derecho a acudir por propia iniciativa a los servicios sociales si así lo desea.

Según este texto, se incorporaría una disposición para se produzca "comunicación a los servicios sociales" en los procesos penales en los que se esté enjuiciando la comisión de un posible delito de usurpación de personas en situaciones de vulnerabilidad (personas dependientes, víctimas de violencia sobre la mujer o aquellas que tengan a su cargo, conviviendo en la misma vivienda, alguna persona dependiente o menor de edad), si bien en este caso "no se produciría suspensión en el proceso de desahucio".

Foto: El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos. (EFE)

Tras una intensa negociación a finales del año pasado, ambas formaciones lograron un consenso para aprobar en el Consejo de Ministros el decreto antidesahucios, que suspendía los lanzamientos cuando los servicios sociales, a través de un informe vinculante, reconocieran la situación de vulnerabilidad, que los tribunales debían solicitar de forma obligatoria en caso de que los afectados lo pidieran. El decreto también recogía una compensación económica para los grandes tenedores de vivienda cuando pasaran tres meses sin que la Administración ofrezca una alternativa habitacional al inquilino.

La regulación del alquiler, sin avances

Pese a este avance en materia de desahucios, Unidas Podemos ha mostrado su preocupación sobre el hecho de que su socio no haya compartido, "una vez más y tras dos meses de negociación", una propuesta en torno a la regulación del alquiler en las zonas tensionadas. De hecho, la plasmación de la nueva ley ya va con retraso, dado que la previsión trasladada por el PSOE es que se pueda llevar al Consejo de Ministros este mes de marzo.

Para los morados, la regulación es "primordial" y "debe incluirse" en la futura ley, tal y como se pactó en el acuerdo de gobierno y en el de Presupuestos Generales del Estado de este año. Además, el pasado martes el Gobierno incluyó, en la Estrategia de Desarrollo Sostenible, el compromiso de regular los precios del alquiler en la futura ley de vivienda.

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