La Junta Electoral impulsa el debate para que el Congreso regule los poderes de Twitter
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UNA RESOLUCIÓN CONTRA VOX

La Junta Electoral impulsa el debate para que el Congreso regule los poderes de Twitter

El órgano se posicionó este jueves en contra del partido de Santiago Abascal, pero abogó por que se legisle para regular hasta dónde pueden llegar las plataformas

placeholder Foto: Imagen de archivo de Twitter. (Reuters)
Imagen de archivo de Twitter. (Reuters)

La Junta Electoral Central abordó esta semana uno de los debates que han ido marcando la agenda a nivel internacional en los últimos tiempos: el poder de las redes sociales para decidir qué es tolerable y qué debe ser censurado. El órgano falló en contra de Vox en una demanda contra Twitter por haber suspendido parcialmente su cuenta en la campaña para las elecciones catalanas, pero se mostró a favor de que sea el Congreso de los Diputados el que se implique en este asunto y se abra a regular un tema que apunta a ser clave en los años venideros.

"Cuestión distinta es que esta materia deba ser objeto de regulación por el legislador", reza el escrito en el que se resuelve en contra del partido de Abascal al considerar que los hechos denunciados no son de extrema gravedad. Pese a esto, enfatiza que la "Junta es consciente de los peligros y riesgos que pueden suponer algunas decisiones de los responsables de las redes sociales durante la campaña electoral". Y en esta misma línea apostilla que no sería "exagerado" entender que estas prácticas pudieran limitar "seriamente" la campaña de los aspirantes a un cargo público.

Foto: Santiago Abascal e Ignacio Garriga. (EFE)

En este sentido, va más allá y ahonda en un elemento que resulta fundamental en estas denuncias: las opciones del demandante para poder apelar. "Dada la perentoriedad de los periodos electorales, apenas tendrá tiempo para obtener una tutela judicial eficaz frente a esas decisiones", insiste la JEC en la documentación a la que tuvo acceso este medio. "Tampoco resulta satisfactorio que decisiones de esta naturaleza se adopten de plano sin oír con carácter previo a las personas perjudicadas", esboza sobre los procedimientos que emplea Twitter en estos casos.

"Todas estas cuestiones deben ser abordadas por el legislador", concluye la Junta Electoral. En el texto, con fecha del pasado jueves 25 de febrero, el órgano se escuda en que sus capacidades son limitadas ante la ausencia de una regulación clara al respecto. Así, indica que solo podría posicionarse contra la red social si se produjera "una vulneración grave de los principios de pluralismo político, transparencia, objetividad o igualdad entre las candidaturas electorales", algo que a su parecer no se da en este caso concreto.

Más allá de España

El fallo aborda la suspensión parcial y temporal de Twitter durante una semana después de que la cuenta de la formación tuiteara un mensaje contrario al islam y en el que se vinculaba a los creyentes de esta religión con la delincuencia. La plataforma sostiene que el contenido vulneraba sus normas internas, unas reglas a las que se habría comprometido Vox cuando abrió su cuenta y que ahora estaría incumpliendo. La Junta valora que la decisión de la firma tecnológica fue "razonable".

La demanda se interpuso ante la JEC, contra la que cabe recurso en el Tribunal Supremo, el pasado 4 de febrero, justo el día en el que acabó la sanción parcial impuesta por Twitter. Para los de Abascal se trató de una vulneración clara de derechos y de las herramientas disponibles para su candidato, Ignacio Garriga, que terminó siendo una de las sorpresas de la noche al hacerse con 11 diputados en el Parlament.

Vox se hace eco en su denuncia de un artículo publicado por este medio en el que se recogía que una de las razones que han llevado a Nathalie Picquot a dejar la dirección ibérica de Twitter es, precisamente, este tipo de suspensiones.

Foto: El presidente de Vox, Santiago Abascal. (EFE)

La resolución no contó con el respaldo de todos los miembros de la JEC. El vocal propuesto por Vox, José Miguel Serrano Ruiz-Calderón, se posicionó del lado de esta formación al entender que la "posición monopolística" de estas firmas los lleva a tener una gran influencia en los discursos políticos. Por ello, aboga por una "intervención" ante una decisión "injustificada" de privar de sus servicios a un partido en un proceso electoral.

Se trata de un debate que ha suscitado grandes dudas a nivel nacional, ya que una empresa privada puede decidir sin respaldo judicial alguno lo que una persona puede decir o no. Sus defensores defienden que sin este tipo de prácticas los discursos del odio cabalgan a sus anchas por la red sin ningún tipo de freno y que si no se atajan de forma rápida y eficaz pueden causar daños a la población, tanto físicos como mentales.

Los sectores que se han visto más afectados por estas limitaciones son los vinculados a la derecha más radical en todo el mundo. El caso más paradigmático fue, quizá, el del ya expresidente de EEUU Donald Trump, que cuando aún dormía en la Casa Blanca vio cómo Twitter le eliminaba mensajes y suspendía su cuenta al considerar que vulneraba sus políticas internas. Desde entonces Abascal y otros actores del espectro han impulsado una suerte de cruzada contra la "censura totalitaria" en este tipo de plataformas con el objetivo de expandir el debate más allá de sus propias fronteras ante lo que consideran un atentado contra sus derechos fundamentales.

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