Juan Carlos I atiende las exigencias de Zarzuela y Moncloa para preparar su regreso temporal

La presidencia del Gobierno y la Casa del Rey han trasladado al letrado de Juan Carlos I, Javier Sánchez-Junco, que es preciso que el emérito realice todos “los esfuerzos posibles” para reparar las infracciones tributarias que ha cometido y evite cualquier posible acción penal por posibles delitos fiscales mediante las regularizaciones voluntarias “que sean precisas”. Para el jefe del Estado y para el presidente del Gobierno, el peor escenario de todos los posibles es que la Fiscalía ante el Tribunal Supremo inicie una acción penal ante su Sala Segunda contra el monarca abdicado y en la actualidad expatriado en Emiratos Árabes Unidos.

Atendiendo a estas exigencias —en un contexto nacional de crisis económica y pérdida masiva de empleos— y para evitar también la eventualidad de una querella criminal, Juan Carlos I ha planteado una segunda regularización por un importe de varios millones de euros en concepto de cuotas impagadas por el IRPF por percepción de rentas en dinero y en especie durante varios ejercicios, cantidades opacas al fisco procedentes de la Fundación Zagatka, que gestiona su pariente Álvaro de Orleans. El grueso del fraude perpetrado por Juan Carlos I consiste en los vuelos privados que costeó la fundación de Orleans detallados por José María Olmo y Beatriz Parera en este diario.

TE PUEDE INTERESAR

Los ocho millones en vuelos de Juan Carlos I que explican su segunda regularización fiscal

José María Olmo Beatriz Parera

Esta fundación se constituyó en 2003 para subvenir necesidades de Juan Carlos I y de otros miembros de su familia, aunque la Justicia suiza investiga si el aristócrata fue o no un testaferro del Rey emérito en el cobro de comisiones, extremo que él negó rotundamente en una entrevista en el diario 'El País' en marzo de 2020. No obstante, la Fiscalía helvética no ha descartado una imputación a Álvaro de Orleans por el delito de blanqueo.

El 9 de diciembre del pasado año, el padre del Rey regularizó voluntariamente el impago a la Comunidad de Madrid del impuesto de donaciones correspondientes a cantidades transferidas por su amigo mexicano Allen Sanginés-Krause a cuentas contra las que se abonaron diversos gastos —viajes, hoteles, restaurante y regalos— realizados por Juan Carlos I para sí y para sus nietos Marichalar Borbón en los años 2016, 2017 y 2018. Por este concepto, ingresó más de 678.000 euros.

TE PUEDE INTERESAR

Juan Carlos I gastó 8 millones en vuelos de placer al Caribe, golfo Pérsico y Canadá

José María Olmo Pablo Gabilondo Infografía: Irene de Pablo

Esa regularización ha pasado a la comprobación de la Fiscalía ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo con el fin de que quede acreditado que fue “veraz, completa y espontánea”, y ha tenido el efecto inmediato de paralizar el previsto archivo de las diligencias abiertas por decreto de Dolores Delgado, fiscal general del Estado, del 5 de junio de 2020, que designó a Juan Ignacio Campos —ahora teniente fiscal del Supremo—, especializado en delitos económicos y financieros, para dirigir las indagaciones prejudiciales.

La nueva regularización que se plantea por los representantes del Rey emérito trata de enervar una posible imputación penal por uno o varios delitos fiscales acogiéndose a la excusa absolutoria prevista en el artículo 305 del Código Penal, que exime de responsabilidad si se produce el pago voluntario (cuota, intereses y multa) sin que previamente se haya incoado expediente por la Agencia Tributaria o iniciado un procedimiento criminal. Esta iniciativa del letrado del emérito se ha conocido —aunque todavía no se ha consumado— de la misma manera que se filtró la anterior en diciembre del pasado año.

TE PUEDE INTERESAR

Juan Carlos I recibió 6,5 millones en Suiza en 5 transferencias de origen anónimo

José María Olmo

Fuentes consultadas sobre este movimiento de los representantes del Rey emérito aseguran que la nueva regularización pasará también a la Fiscalía ante el Supremo para investigar el origen del dinero con el que se financia y de la obtención de las rentas en especie opacas a la Hacienda pública. Por esa razón, esas mismas fuentes aventuran que “quizás hasta dentro de varios meses” la Fiscalía no pueda cerrar sus investigaciones que, si se archivan, ofrecerán un “duro relato” de las conductas del Rey emérito, la mayoría de ellas no perseguibles por efecto de la inviolabilidad, la prescripción y la regularización fiscal voluntaria de diciembre y de ahora, si se presenta ante la Agencia Tributaria.

Desde la Moncloa, y con la mayor discreción, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, está en contacto permanente con el jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín. Juan Carlos I sigue insistiendo en su deseo de regresar a España, pero, por el momento, ni el Gobierno ni Felipe VI consideran que se dan las circunstancias adecuadas. El Rey emérito debe mostrar “una plena disponibilidad para reparar económicamente a la Hacienda pública” y esta nueva regularización sería “un primer paso”. Pero deberá esperar a que terminen las investigaciones del Ministerio Fiscal, también a que se determine el lugar de su residencia en España —descartado por completo que sea la Zarzuela— y acepte la condición de que su estancia será temporal y que se instalará definitivamente en un país cercano y en ningún caso regresará a Abu Dabi.

TE PUEDE INTERESAR

Juan Carlos I metió en España miles de euros en billetes por los controles de Barajas

José María Olmo

Si se dan todas estas condiciones, tanto la Zarzuela como la Moncloa se replantearían “en serio” una vuelta del monarca abdicado, siempre de manera temporal. Al mismo tiempo, entre Carmen Calvo y Jaime Alfonsín se está estudiando adoptar medidas que mejoren la percepción pública de la Corona en línea con el impulso del Rey, que quiere materializar los compromisos que asumió en su discurso de proclamación ante las Cortes Generales en junio de 2014. Y a este efecto se baraja la posibilidad de que el régimen de regalos, donaciones, premios dinerarios y préstamos a la familia real dictado por Felipe VI en el mes de enero de 2015 y el código de conducta que impuso a los empleados de su casa en diciembre de 2014 se traspongan en reales decretos aprobados por el Consejo de Ministros, de modo que se integren en el ordenamiento jurídico y dispongan de fuerza de obligar.

Adicionalmente, la vicepresidenta primera del Gobierno planteará a la Casa del Rey —con la que mantiene una relación fluida— alguna medida adicional “de transparencia”, todavía sin concretar. En principio, Pedro Sánchez ha descartado una ley de la Corona, pero no el estudio de las posibilidades legales de acotar la inviolabilidad del jefe del Estado sin recurrir a una reforma constitucional agravada, lo que plantea serias dificultades y obligaría al Ejecutivo a someter a estudio previo del Consejo de Estado cualquier medida de esta naturaleza, además de a otros órganos consultivos.

Tanto Moncloa como Zarzuela consideran que una repatriación temporal de Juan Carlos I —a meses vista— desactivaría la “especie” de que el emérito ha “huido” o se ha “fugado” de la Justicia, como sostienen Unidas Podemos y los partidos independentistas, y se alcanzaría así una cierta normalización de una situación que provoca indeseables expectativas especulativas sobre el Rey emérito que siguen interfiriendo en la gestión de la jefatura del Estado por Felipe VI.