La Junta Electoral asesta un golpe a Vox en su cruzada particular contra Twitter

Santiago Abascal ha emprendido en los últimos meses una especie de cruzada contra las redes sociales por las suspensiones de cuentas y eliminaciones de mensajes que Twitter y otras plataformas están realizando cuando un usuario incumple, presuntamente, sus normas por un contenido en el que se incita a la violencia o al odio. Ahora, la Junta Electoral Central se posiciona del lado de la compañía al resolver una demanda que Vox presentó durante la campaña electoral catalana, cuando se suspendió parcialmente la cuenta de la formación por unos mensajes contra el Islam.

La administración electoral concluye en un escrito al que ha tenido acceso este medio que no queda otra opción que desestimar las peticiones contra Twitter porque no se ha dado "una vulneración grave de los principios de pluralismo político, transparencia, objetividad o igualdad entre las candidaturas electorales". "Esta Junta entiende que no se ha producido una situación de esta naturaleza", señala el órgano en un documento con fecha del pasado jueves, 25 de febrero. La JEC sí que apunta a que si se pretende profundizar en esta cuestión, es una responsabilidad que tiene que ser abordada por el Poder Legislativo.

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Pese a que el fallo, contra el que cabe recurso ante el Tribunal Supremo, llega ahora, el partido interpuso su denuncia el pasado 4 de febrero, inmerso en plena campaña. Argumentó entonces que su candidato, Ignacio Garriga, se iba a ver perjudicado frente al resto de presidenciables al no contar con un instrumento de comunicación que se ha mostrado como muy relevante en la última década, especialmente en los entornos políticos y mediáticos.

La JEC entiende que al haberse presentado la demanda cuando la cuenta ya había sido restituida por completo, lo que el partido podía buscar era o bien un apercibimiento o bien una sanción, aunque ninguna se ha dado. De cualquier modo, la resolución ya no tendría efecto en la propia campaña al haber tenido ya lugar los comicios, en los que Vox logró un resultado sobresaliente con 11 diputados.

Durante las argumentaciones ejercidas por Vox, se hace eco del artículo publicado por El Confidencial en el que se señala que detrás de la salida de Nathalie Picquot como directora de la compañía en España y Portugal estaría, precisamente, su discrepancia ante estas prácticas. La Junta, que considera irrelevante el hecho para el caso, cree que la decisión de Twitter fue "razonable" al estar dando cumplimiento de sus normas de funcionamiento, que el partido debía conocer.

El fallo cuenta con un voto particular que se opone al mismo. Lo protagoniza José Miguel Serrano Ruiz-Calderón, el vocal propuesto por Abascal, que compra la argumentación de la formación en este debate al considerar que estas empresas han adoptado una "posición monopolística" y aboga por una "intervención" ante una decisión "injustificada" de privar de sus servicios a un partido en un proceso electoral.

Vox ha sido de los partidos más activos en este ámbito en los últimos tiempos, tratando de tejer una alianza con los socios ultraderechistas del entorno europeo y latinoamericano para tratar de aumentar la oposición a estas prácticas y abrir el debate a nivel internacional. Por el momento, poco más se ha sabido de esta supuesta campaña contra las grandes redes sociales, pero lo cierto es que las formaciones de este espectro han coincidido en denunciar estas prácticas al ser los principales perjudicados de las mismas. Creen que se trata de una cuestión de censura que atenta contra sus libertades y que carece de respaldo jurídico.

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Pese a que la discusión sobre esto ha cogido vuelo, especialmente tras las restricciones impuestas por Twitter al expresidente de EEUU Donald Trump, esta ya estaba en la palestra. Estas suspensiones o supresiones de contenido han ido incrementándose en los últimos años, sobre todo con la mira puesta en la desinformación y en los discursos de odio que proliferan en la red y que han sido influyentes en comicios como el de Estados Unidos de 2016 o el de Brasil en 2018.

Parte de la ciudadanía ha reclamado a estas redes que tomaran medidas ante lo que consideraban un campo abierto a las falsedades y a los contenidos que podrían provocar daños irreparables en la sociedad. Pese a que las plataformas han tomado medidas en esta línea, muchos consideran que siguen siendo insuficientes. Es en este contexto en el que partidos como Vox insisten en que se trata de una "mordaza" avalada por eso que llaman "el consenso progre" y que lo que realmente intentan es impulsar un mundo en el que solo sea posible su ideología.

Más allá de este debate, los juristas consultados por este medio en otras ocasiones enfatizan en las dificultades que entrañan estas prácticas, ya que afectan a un derecho fundamental como el de la libertad de expresión y este podría estar siendo socavado por la acción de una empresa privada, sin que un juez evalúe caso por caso para decidir si hay un posible delito en los actos.