La Fiscalía pide investigar el uso como niñera de una asesora de Irene Montero
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También el cobro de 7.700 euros de Iglesias

La Fiscalía pide investigar el uso como niñera de una asesora de Irene Montero

Según la exresponsable de Cumplimiento Normativo de la formación, los dirigentes habrían confiado el cuidado de la menor a la exdiputada del partido, María Teresa Arévalo Caraballo

placeholder Foto: Irene Montero y Maria Teresa Arévalo, en un 'frame' de un programa de televisión. (EC)
Irene Montero y Maria Teresa Arévalo, en un 'frame' de un programa de televisión. (EC)

La Fiscalía de Madrid ha reclamado en un escrito dirigido al juez del caso Neurona, Juan José Escalonilla, que abra una pieza separada para investigar la denuncia formulada por la exresponsable de Cumplimiento Normativo de Podemos, Mónica Carmona, sobre el uso por parte de Pablo Iglesias e Irene Montero de una asesora del Ministerio de Igualdad como niñera de su hija pequeña.

Según sostiene Carmona, los dirigentes habrían confiado el cuidado de la menor desde que esta nació en agosto de 2019 a la exdiputada del partido María Teresa Arévalo Caraballo. Pese al carácter privado del encargo, Arévalo lo compatibilizó en un primer momento con un sueldo del grupo parlamentario de la organización y, después de la llegada de Podemos al Gobierno en enero de 2020, con un salario de Igualdad tras ser nombrada por Montero jefa de gabinete adjunta de su cartera.

Foto: Irene Montero y Maria Teresa Arévalo, en un 'frame' de un programa de televisión. (EC)

En el escrito remitido al juez, la Fiscalía hace referencia a esta denuncia de que "Irene Montero habría contratado a un miembro del partido como cuidadora de sus hijos" y a "una situación similar en relación a otra persona miembro del partido que según la noticia actuaría como escolta de Irene Montero". Respecto a la niñera, Carmona presentó ante el juez los billetes que demuestran que la ministra viajó a Alicante con su hija y Arévalo para un acto de campaña el 20 de octubre de 2019. Como destapó El Confidencial, otros altos cargos de Podemos integraron esa comitiva, pero estos últimos intervinieron o se dejaron ver en el mitin. Sin embargo, la jefa de gabinete adjunta no aparece en ninguna imagen del evento: supuestamente se quedó cuidando de la niña del vicepresidente segundo del Gobierno y la ministra de Igualdad durante la intervención de esta.

La Fiscalía también reclama al juez que se investigue por separado "cuestiones relativas al abono de costas" por parte del secretario general del partido y vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias. "Se alega que miembros del partido [Pablo Iglesias] estaban cobrando costas en procedimientos particulares cuando les habían representado profesionales del partido", destaca el Ministerio Público. La sospecha parte una vez más de la denuncia de Carmona, que sugiere que Iglesias pudo quedarse de forma indebida con 7.700 euros tras una condena en un procedimiento civil impuesta por el Juzgado de Primera Instancia 7 de Pamplona al partido Unión del Pueblo Navarro (UPN).

Foto: El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias. (EFE)

Tanto este partido como la expresidenta del Gobierno de Navarra, Yolanda Barcina, habían demandado a Iglesias por haberles acusado públicamente de prácticas corruptas, pero su acusación fue desestimada y UPN tuvo que satisfacer las costas procesales ocasionadas a Podemos. Pese a ello, Carmona sospecha que ese dinero no llegó a la formación: aunque Iglesias fue defendido en ese procedimiento por una abogada del partido, Marta Flor Núñez, y se le sufragaron los honorarios del procurador, las costas fueron abonadas mediante un mandamiento de pago expedido a nombre de Iglesias en el año 2018. Carmona reconoce en su escrito que no sabe si finalmente se quedó esta cantidad o la devolvió.

La tercera cuestión que la Fiscalía pide investigar en pieza separada es la denuncia de la abogada sobre las donaciones a la escuela Pablo Freire y a la Fundación 25M. En cuanto a la escuela, Carmona señala que supuestamente "se había donado una cantidad elevada de dinero para actos de formación" a través de la fundación de Podemos Instituto 25M, y todo ello "sin que existiera la debida transparencia sobre el destino real de dichos fondos". Apoyándose en esta idea, deja caer "la sospecha de que hubieran sido utilizados realmente como tapadera para desviar dinero del partido, atendiendo al elevado coste del proyecto en relación al servicio efectivamente prestado".

Foto: El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias. (EFE)

"El proyecto Escuela Popular Paulo Freire estaba vinculado en esas fechas a la Secretaría de Sociedad Civil dirigida por Rafael Mayoral y pretendía ofrecer cursos de formación política", explica. "Es un hecho notorio que la realización de cursos de formación ha sido utilizado como mecanismo para el desvío de fondos. De ahí mis sospechas a que los cursos de formación de Podemos pudieran ser utilizados de manera fraudulenta".

La abogada expone una línea similar respecto a las donaciones de la Fundación 25M. "Recibimos denuncia interna avisando de la negociación de un convenio de colaboración entre el partido Podemos y su fundación Instituto 25M por importe de 200.000 euros para fines poco definidos". "Personalmente me sorprendió esta petición de fondos tan elevada de la fundación justo al inicio de un proceso electoral y cuando el equipo de finanzas exigía una contención del gasto". "Desconozco si finalmente se llegó a firmar el documento que nos pasaron, si se abonó dicho importe y cuál fue su destino final".

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El escrito de la Fiscalía llega después de que Podemos solicitara "la expulsión del procedimiento de las manifestaciones realizadas" por Carmona, alegando para ello que "muchos de los hechos referidos en el escrito no son objeto del presente procedimiento o por cuanto se refieren a hechos que ya han sido investigados y respecto de los que se ha acordado el sobreseimiento provisional". El partido también pedía dejar al margen la documentación aportada por la abogada, pero la Fiscalía se opone a esta idea y pide abrir una pieza separada.

Foto: El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. (EFE)

Los documentos que inciden en aspectos ya investigados se incorporan así a la pieza principal, mientras que los nuevos quedan a la espera de que el juez atienda la petición de la Fiscalía y abra una nueva pieza: "Entendemos que lo que procede al amparo del artítculo 17.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es incoar pieza separada, incorporando testimonio del escrito presentado y desglosando la documentación referida a estos hechos que ninguna relación guarda con este procedimiento", sostiene el Ministerio Público. "Desde luego lo que no procede es acumular la investigación dando lugar a un procedimiento de auditoría de la actuación de un partido político que excede de lo que corresponde a una investigación penal".

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