La Eurocámara da el primer paso para retirar la inmunidad a Puigdemont

El Parlamento Europeo está ya a un paso de levantar la inmunidad de los tres eurodiputados independentistas catalanes que son requeridos por la justicia española: el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, y los 'exconsellers' Toni Comín y Clara Ponsatí. Este martes, la Comisión de Asuntos Jurídicos ha votado a favor de aceptar el suplicatorio enviado por el juez Pablo Llarena el pasado mes de enero, con 15 votos a favor del levantamiento, 8 en contra y dos abstenciones.

El siguiente paso será que el pleno del Parlamento Europeo vote en la segunda semana de marzo también a favor del informe elaborado por el eurodiputado conservador búlgaro Angel Dzhambazki, que comparte grupo con Vox, en el que se recomienda levantar la inmunidad a los tres afectados. Al finalizar la votación Adrián Vázquez, eurodiputado de Ciudadanos y presidente de la comisión, ha asegurado que los miembros de la comisión "nunca habían sufrido tantas presiones en un proceso de levantamiento de inmunidad", asegurando que ha habido muchas "intoxicaciones".

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El razonamiento detrás de la decisión aprobada por la Comisión de Asuntos Jurídicos es que, sin entrar en el fondo de la cuestión, la justicia española requiere a los tres eurodiputados por acciones anteriores a su entrada en la institución, y que por lo tanto la inmunidad parlamentaria no cumple su función principal, que es la de proteger la actividad de los miembros de la cámara en tanto que eurodiputados.

Los números serán también muy favorables cuando la votación llegue al pleno del Parlamento Europeo: solamente entre el Partido Popular Europeo, socialdemócratas, que son liderados por la española Iratxe García, y los liberales de Renew Europe contarán ya con los suficientes votos para sacar el suplicatorio adelante. Habrá que sumar, además, los votos de buena parte de los Conservadores y Reformistas, familia política de Vox, además de otros eurodiputados de familias políticas minoritarias.

Habrá algunos grupos que se opongan, pero no tendrán los votos suficientes. Será probablemente el caso de la inmensa mayoría del grupo de la Izquierda Unitaria Europea a la que pertenece Unidas Podemos o también miembros de la siempre heterogénea familia de los ecologistas. Puigdemont, Comín y Ponsatí todavía tratarán de defender su caso en los próximos días, y señalarán que el proceso no ha cumplido con las garantías necesarias, algo que ya dejó caer el expresidente de la Generalitat al inicio de las audiencias.

Si finalmente se retira la inmunidad parlamentaria de Puigdemont, Comín y Ponsatí se regresará entonces al escenario de la tramitación de la orden europea de arresto y entrega (euroorden). Hasta ahora las autoridades judiciales españolas no han tenido demasiada suerte, y las últimas noticias tampoco son muy alentadoras para el Supremo: el juez belga rechazó la euroorden contra el 'exconseller' Lluís Puig alegando que la orden no había sido emitida por la autoridad competente.

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Más lento de lo normal

El suplicatorio llegó al Parlamento Europeo en enero de 2020, poco después de que el 20 de diciembre de 2019, inmediatamente después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) fallara que los eurodiputados lo son directamente por el hecho de haber sido electos en los comicios, la Eurocámara comenzara el proceso para reconocer a Puigdemont y Comín como eurodiputados. Ambos líderes independentistas accedieron al pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo en enero. Ponsatí lo haría después, en febrero, debido a la redistribución de asientos tras la salida de los eurodiputados británicos.

Normalmente el proceso completo del suplicatorio habría tomado entre tres y cinco meses, según explicaban entonces fuentes parlamentarias en la que a la postre sería la penúltima sesión plenaria en Estrasburgo antes de que la pandemia obligara a cortar las sesiones en la capital de Alsacia y toda la actividad se centrara en Francia. Pero con la llegada del coronavirus en la Unión Europea gran parte de la actividad de la institución pasó a ser digital, y en algunos ámbitos eso no era un problema, pero sí lo era para la Comisión de Asuntos Jurídicos.

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El proceso requiere una total confidencialidad, y hasta hace pocos meses no estaba claro que esas condiciones pudieran cumplirse si parte de los miembros de la comisión participaban de forma digital. Vázquez consultó con los servicios jurídicos de la cámara después del verano con el objetivo de arrancar con el suplicatorio aunque fuera de forma semipresencial. Con el “OK” de los abogados de la institución, el pasado 16 de noviembre arrancó el proceso que finalmente durará unos cuatro meses.

Pero precisamente esa confidencialidad que quería preservar Vázquez ha sido uno de los asuntos más espinosos del proceso, especialmente después de que se filtrara el pasado jueves a la prensa el contenido del informe del eurodiputado Dzhambazki, lo que ha provocado que el presidente de la comisión anuncie una investigación que ha puesto ya en manos del presidente de la Eurocámara, David Sassoli, y que podría concluir con sanciones al filtrador si se llegara a conocer la fuente original.