Rescate del puerto de A Coruña: Feijóo pide la condonación de 200 millones

La fiesta del puerto exterior de A Coruña, una obra milmillonaria sin apenas actividad, ha dejado una resaca mortal en su Autoridad Portuaria. El pinchazo de la operación inmobiliaria sobre la que descansaba el proyecto —la recalificación de tres céntricas dársenas para construir viviendas— se ha traducido en una deuda de 310 millones de euros, diez veces sus ingresos anuales. Tras diez años de carencia, en 2021 toca comenzar a amortizar un préstamo de Puertos del Estado de 200 millones. La carga financiera será de 19 millones anuales a partir de 2028, una amenaza real de bancarrota que ha movilizado al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que implora al Gobierno que haga borrón y cuenta nueva con el pasivo.

De momento, la alcaldesa de A Coruña, la socialista Inés Rey, ha conformado un frente común con la Xunta, los grupos políticos locales y el diputado del BNG Néstor Rego, y ha conseguido sentar en una misma mesa a todas las instituciones implicadas. Será el 23 de febrero, en una reunión convocada por Rey a la que asistirán Puertos del Estado, Autoridad Portuaria, Diputación, Adif, Ministerio, Xunta y Ayuntamiento. Hasta la fecha, la actitud del ministerio y de Puertos, que enviarán a representantes de rango menor a la cita, ha sido de tibieza frente a la reclamación de condonación.

El dilema: dejar caer un organismo adscrito al Ministerio de Transportes o engordar la factura de una operación de rentabilidad dudosa

Diez años después de que comenzaran las operaciones en la dársena exterior del puerto coruñés, impulsadas por el Plan Galicia de la época del Prestige, la infraestructura carece del tráfico previsto y ha contemplado la huida de inversiones millonarias como las de la mexicana Pemex y la china Beijing 3E. No le favorecen las condiciones de la zona, advertidas por informes técnicos previos a las obras, ya que está ubicada en una de las áreas más peligrosas y batidas por el mar de Galicia. En cambio, se ha demostrado de gran utilidad para la extracción de percebe de excepcional calidad y tamaño, que crece en los bloques de hormigón de su dique principal y es objeto de disputa por las cofradías de la zona.

La receta que encabezan Feijóo y Rey para rescatar el puerto pasa no solo por anular el préstamo de 200 millones, sino que sube la apuesta con la construcción de una línea ferroviaria que aumentará la factura de Punta Langosteira en 140 millones, que se sumarán a los en torno a 1.000 millones ya gastados. Al Gobierno se le presenta el dilema entre dejar caer un organismo adscrito al Ministerio de Transportes y Movilidad o engordar la factura de una operación de rentabilidad más que dudosa. El tiempo apremia para los defensores de la obra, ya que a finales de junio caducará la declaración de impacto ambiental del trazado ferroviario.

Con cargo a los fondos europeos

En la reunión que mantuvo en la Moncloa el pasado 29 de enero con Pedro Sánchez, Feijóo le reclamó la contratación inmediata de la obra con cargo a fondos europeos. "Puertos del Estado tiene que buscar una solución y la ciudad de A Coruña corresponder para que el puerto salga de esta situación financiera comprometida", sentenció después de una reciente entrevista con el presidente de la Autoridad Portuaria coruñesa, Martín Fernández Prado. Feijóo puso el ejemplo del puerto de Valencia, aunque en realidad no fue la Autoridad Portuaria sino el consorcio Valencia 2007 el que generó el débito para la celebración de la 32ª Copa América asumido por el Estado. Según afirmó, la deuda del organismo coruñés "la tienen que resolver las administraciones que la han creado".

La conexión ferroviaria, mientras, es para Feijóo una actuación de "emergencia", ya que no ejecutarla significaría la "pérdida de competitividad" de Punta Langosteira. "Sería como tirar 1.000 millones al mar", sostiene. Desde Puertos del Estado se rechaza de momento la inversión en el ferrocarril, que se considera que corresponde a Adif, aunque su presidenta, Isabel Pardo de Vera, ya adelantó que no asumirá en solitario ese coste. El Gobierno, por su parte, pone en duda la "rentabilidad económica y social" del tren, afectado también por el cierre de la central térmica de Meirama, según expuso en una respuesta parlamentaria.

La caducidad de la evaluación de impacto ambiental del tren y el fin de la carencia de crédito de 200 millones no son los únicos plazos que amenazan la viabilidad de la Autoridad Portuaria de A Coruña. Si en 2021 debe amortizar dos millones del crédito de 200 millones, la anualidad se duplicará en el siguiente año, para dispararse a partir de 2028 hasta los 9 millones anuales. Además, el organismo tiene que hacer frente a otra deuda de 110 millones derivada de un préstamo del Banco Europeo de Inversiones, que supone gasto financiero de 3,5 millones anuales hasta 2025 y de 9,7 millones anuales a partir 2028. En esa fecha, por lo tanto, deberá afrontar una carga financiera de 18,7 millones anuales con unos ingresos de apenas 30.

Desde Puertos del Estado se rechaza de momento la inversión en el ferrocarril, que se considera que corresponde a Adif

El pinchazo de la operación urbanística que debía costear la ejecución del puerto exterior es la principal causa de su naufragio, pero hay otras. La existencia de presuntas irregularidades contables en el proyecto llevaron a la Unión Europea a descartar la aportación de 67,6 millones, al detectar contratos contrarios a la normativa europea y criterios de valoración de dudoso cumplimiento de las directivas comunitarias y de la legislación estatal. Así, los fondos de la UE solo cubrieron el 53% de los trabajos previstos inicialmente, cuando en la planificación de la subvención se estimaba que serían un 71% de su coste.

El presupuesto del proyecto está resultando en todo caso muy superior al inicialmente previsto. La operación arrastra un sobrecoste de casi un 300%, lo que no ha impedido que, como ha denunciado la Unión Europea, la infraestructura se use apenas al 10% de la capacidad con que fue concebida. Además de las críticas del organismo de fiscalización de la UE, el Tribunal de Cuentas español emitió un informe en el que alertó del incumplimiento de las previsiones y abrió una investigación sobre presuntas responsabilidades contables.