El juez ordena a Podemos que justifique los sobresueldos de su gerente y su tesorero

El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha reclamado este martes a Unidas Podemos que le concrete de forma urgente si el partido tenía conocimiento de los sobresueldos que cobraron algunos de sus cargos, entre ellos, la gerente Esther del Val y el tesorero Daniel de Frutos, mediante complementos incluidos en sus nóminas.

En concreto, solicita a la formación que, en un plazo de cinco días, le informe sobre el aumento de sueldo de Del Val, De Frutos y de otros trabajadores a través de la inclusión de un plus en concepto de "coordinación". El instructor del procedimiento en el que se investigan irregularidades en la financiación quiere saber si la subida fue aceptada por el consejo encargado de esta coordinación y que se le presente copia del acta de dicho órgano del partido en tal sentido.

Como adelantó este diario, distintos empleados obtuvieron pluses para soslayar la norma que fija el tope máximo en tres salarios mínimos y que afecta tanto a cargos públicos (a través del reglamento del partido) como a trabajadores. En el caso de De Frutos, el tesorero, cobró complementos mensuales que añadían 820 euros a su salario. Al final, su nómina quedaba en 3.202 euros brutos en 12 pagas, por encima de los tres SMI y 7.300 euros brutos más al año de lo que marca el salario más alto en las tablas internas.

TE PUEDE INTERESAR

Podemos justifica sus pagos a Neurona con cortes de La Sexta y vídeos sin usar

José María Olmo Pablo Gabilondo Beatriz Parera Vídeo: Giulio Piantadosi

En la denuncia que dio origen a las actuaciones, el antiguo responsable de los servicios jurídicos José Manuel Calvente indicaba que estas subidas salariales se realizaban añadiendo a los salarios base y los complementos de responsabilidad personal, "dos complementos salariales mensuales que no constan en las tablas salariales del partido: un complemento de coordinación por importe de 210,32 euros y un complemento de coordinación ejecutiva por importe de 400,00 euros mensuales, que suman una subida salarial mensual de 610,32 euros". Agregaba que tanto De Frutos como Del Val se convirtieron en los empleados del partido "con la nómina más abultada". En su opinión, este sistema se empleó para premiar su opacidad en determinadas irregularidades.

Testigos

En la providencia en la que el magistrado cita además como imputado al fundador del partido Juan Carlos Monedero, el juez Escalonilla acuerda además tomar declaración como testigo el mismo 15 de marzo a Eric Alfredo Guerrero. Según sostiene en el escrito que remitió al juez la ex responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona, él es el miembro del partido que confeccionó los contratos con Neurona: "Le identificamos como un empleado de Podemos amigo del señor Juan Carlos Monedero llamado Eric Alfredo Guerrero Márquez —alias 'el Colibrí'— y así consta en los metadatos del archivo PDF", explica en el mismo.

TE PUEDE INTERESAR

El juez del caso Neurona imputa a Juan Carlos Monedero

José María Olmo Pablo Gabilondo Beatriz Parera

Carmona también apunta en su escrito a que, antes de que el partido les cesara a ella y a su compañero José Manuel Calvente, ambos investigaron las noticias sobre el caso Neurona en Bolivia y su posible relación con Podemos, "sobre todo a la vista de que el partido había celebrado un contrato cuantioso con Neurona y que existía una estrecha relación personal y profesional entre algunos dirigentes del partido como el señor Monedero y César Hernández Paredes, responsable de la empresa mexicana".

El escrito del juez ordena también interrogatorios dirigidos a indagar en otro de los aspectos denunciados por la que fuera responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos Mónica Carmona. La encargada de auditoría de la formación apuntó que se firmó un contrato paralelo al suscrito con Neurona con otra empresa, Yugen Media, y presentó el borrador de un contrato entre el partido y esta compañía, fundada por el 'youtuber' José Manuel Climent, más conocido como 'Fortfast'.

El concepto que aparece en el documento, que se remonta al 21 de febrero de 2019, es la prestación de servicios de redes sociales y de producción audiovisual, encargo similar al que Podemos hizo en esas mismas fechas a la consultora Neurona Comunidad SL por 363.000 euros y que ahora se investiga ante la sospecha de que pudo servir como pantalla para desviar dinero electoral. Con Yugen Media, el partido se comprometía a pagar 15.200 euros por estos servicios. Para establecer si los dos contratos tenían el mismo fin, la cobertura de servicios electorales para la campaña de abril de 2019, el juez cita como testigo al representante legal de Yugen, José Miguel Almazán.