Garajes, naves y hasta joyerías: crecen las fiestas clandestinas de confinados en Madrid

Las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid están investigando la polémica boda en el Casino de Madrid que ha provocado todo tipo de comentarios críticos en las redes sociales. En principio, la celebración contaba con el permiso del Gobierno regional, que autoriza estas celebraciones tanto al aire libre como en recintos cerrados siempre que cumplan los protocolos de seguridad, como el uso de mascarillas, la separación mínima entre comensales o la ausencia de bailes. Sin embargo, las imágenes difundidas mostraban a gente de pie, sin protección y en pleno jolgorio, unas secuencias visuales que serán analizadas por los responsables de la Consejería de Sanidad con detenimiento con el fin de determinar si en algún momento los asistentes incumplieron los protocolos.

Estos expertos tienen mucho trabajo durante los últimos días. La del Casino no era ni mucho menos la única celebración que tuvo lugar el pasado fin de semana, cuando la Policía Municipal de Madrid detectó 246 reuniones ilegales, una cifra similar a la que registró la corporación una semana antes, aunque inferior a la de 15 días atrás. Todas las actas que toman los agentes en estos casos son derivadas a la Consejería de Sanidad con el fin de que sus responsables determinen su carácter ilegal y planteen las sanciones correspondientes. Los funcionarios tienen aquí un papel de policía sanitaria, rol que les concedió el Gobierno de la Comunidad de Madrid al inicio de la pandemia con el objetivo de perseguir los comportamientos poco adecuados que no benefician la lucha de las autoridades contra la expansión del coronavirus.

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Estas 246 fiestas del pasado fin de semana confirman una tendencia que no cesa. Fuentes de la corporación explican que el récord de actas se registró hace dos semanas, pero que las cifras que aún se mantienen hacen indicar que el problema continúa. Durante los últimos meses, explican, se ha experimentado un incremento mensual de este tipo de celebraciones prohibidas que tratan de esquivar las restricciones impuestas por las autoridades para evitar contagios. De las 246 del pasado fin de semana, aseguran las mismas fuentes, una decena correspondía a fiestas grandes, de más de una veintena de asistentes. En algunas ocasiones, añaden, estos encuentros superaban el medio centenar de personas.

Para intervenir en este tipo de celebraciones secretas, de hecho, la Policía Municipal de Madrid necesita movilizar un número importante de agentes que en algunos casos superan incluso la treintena. Las pequeñas concentraciones, por otro lado, no requieren de la presencia de una cifra tan elevada, aunque sí necesitan de la incorporación de agentes suficientes. "Desde el pasado verano, viene siendo la tónica habitual todos los fines de semana, aunque es cierto que va en aumento conforme pasa el tiempo", describen las fuentes consultadas.

Los agentes han detectado fiestas ilegales en pisos particulares o casas grandes, pero también en naves industriales, garajes e incluso en joyerías, lugar donde se detectó un encuentro el pasado fin de semana. "Nunca son locales al uso", destacan las mismas fuentes, que explican que durante las intervenciones la Policía Municipal ha encontrado gente de distinta procedencia. "Muchos de ellos de zonas confinadas", agregan. En estos casos, señalan, los agentes les denuncian no solo por no portar mascarilla, no respetar el distanciamiento mínimo o concentrarse demasiadas personas fuera del horario establecido, sino que también se les acusa de no estar en su zona residencial en el momento en que debían estarlo.

Los pisos turísticos también son lugares donde en los últimos meses la Policía Municipal ha detectado fiestas ilegales. Los dueños los arriendan a unos inquilinos que los utilizan para hacer sus particulares celebraciones. En algunos casos conocen la finalidad y en otros no, subrayan las fuentes consultadas, que entienden que estos propietarios podrían tener un problema en el caso de saber para qué se van a utilizar los inmuebles y que afirman que también es habitual que quienes alquilan los pisos luego los subarrienden a los que posteriormente organizarán la fiesta. Existe, por lo tanto, todo un mercado negro en este campo en el que juegan un papel relevante algunos antiguos relaciones públicas de discotecas.

Estos últimos establecimientos permanecen cerrados con motivo de la pandemia, por lo que sus relaciones públicas se encuentran sin ocupación. Estos profesionales, explican las fuentes policiales consultadas, tiran de sus contactos y organizan fiestas en función de las necesidades de sus clientes. El pasado fin de semana, aseguran las mismas fuentes, la Policía Municipal detectó una fiesta en el centro de Madrid que había montado uno de estos relaciones públicas hasta las 21:00, momento hasta el que legalmente pueden estar abiertos los establecimientos con el toque de queda. Tras esta hora, el organizador trasladó a todos los asistentes hasta otro local clandestino situado en la calle Hilarión Eslava en el que continuó la celebración.

No es raro que, entre los que acuden a estos encuentros, además de personas que deberían estar confinadas en otros barrios, haya extranjeros, como explican fuentes policiales. No es demasiado habitual, pero la Policía Municipal ha encontrado a ciudadanos franceses o italianos en estas celebraciones. Hace dos semanas, en un local en el centro de Madrid, detectaron varias personas de nacionalidad gala. "Desconocemos si vinieron expresamente a la fiesta o si estaban aquí por otros motivos, pero el hecho es que estaban", explican las mismas fuentes, que están investigando estos extremos y consideran que aún es precipitado concluir que existe una tendencia o una trama centrada en facilitar el traslado de extranjeros a Madrid para acudir a fiestas porque en sus países hay fuertes restricciones.

Desde el inicio del actual estado de alarma el pasado 25 de octubre, la Policía Municipal ha precintado 30 establecimientos que incumplían la normativa, ha intervenido en 4.400 fiestas ilegales y ha realizado 60.000 propuestas de sanción por infringir las medidas sanitarias. Las multas por participar u organizar fiestas ilegales en estos momentos oscilan entre los 600 y los 600.000 euros. Además, son acumulativas, con lo que una sola persona puede ir sumando sanciones sin límite.