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Anticorrupción remite a la Fiscalía del TS la demanda del rival de Iglesias en Vistalegre III
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POR LA CONDICIÓN DE AFORADO DE IGLESIAS

Anticorrupción remite a la Fiscalía del TS la demanda del rival de Iglesias en Vistalegre III

Barredo sostiene en su demanda que la votación de Podemos incurrió en "los delitos de falsedad, usurpación de identidad y revelación de secretos"

Foto: El demandante y rival de Iglesias en Vistalegre III, Fernando Barredo. (EFE)
El demandante y rival de Iglesias en Vistalegre III, Fernando Barredo. (EFE)

La Fiscalía Anticorrupción ha remitido a la Fiscalía del Tribunal Supremo la demanda en la que Fernando Ángel Barredo, el militante de Podemos que encabezó una candidatura alternativa en Vistalegre III, pide anular la votación en la que Pablo Iglesias fue reelegido como secretario general del partido en mayo de 2020. En un escrito del 1 de febrero al que ha tenido acceso El Confidencial, Anticorrupción explica que no es competente para investigar estos hechos por "la condición de aforados" de la que gozan dos de las personas deunciadas, Iglesias e Irene Montero, por lo que el caso queda ahora en manos de sus homólogos del Alto Tribunal.

Barredo sostiene en su demanda que la votación de Podemos incurrió en "los delitos de falsedad, usurpación de identidad y revelación de secretos", para lo que apunta a que el Consejo de Coordinación, encabezado por Iglesias, vulneró los estatutos del partido, su código ético y el documento organizativo de Vistalegre III. "Manifiesta el denunciante que tanto el Sr. Iglesias como la Sra. Montero, con desprecio a las normas internas del partido, se presentaban en esa segunda candidatura, a pesar de las limitaciones establecidas en el código ético, para el ejercicio de más de una función pública o de más de un cargo interno", resume Anticorrupción en su escrito.

Foto: El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias. (EFE)

La demanda apunta a que ambos se presentaron después de que la votación se retrasara del 17 de enero al 8 de mayo por la pandemia y, con esta modificación, se introdujo "un anexo al reglamento en el que se permitía introducir modificaciones en las candidaturas", de tal manera que "cualquier persona inscrita en Podemos podría presentarse al Consejo Ciudadano Estatal". "Lo anterior significó que desde de la propia dirección del partido se alteraron documentos para introducir más candidatos en contra de lo que ya se había estipulado en la convocatoria original y ello a pesar de no estar admitido esto ni en los estatutos ni en su reglamento".

También asegura que desde la candidatura encabezada por Iglesias, bautizada como Un Podemos Contigo, "se alteró el censo que reglamentariamente estaba cerrado desde el 1 de marzo, a pesar de lo cual, afirma el denunciante, lo abrieron y luego cerraron el 2 de mayo", cuestión a la que se suma que el sistema de recuento de votos supuestamente fue manipulado "al ampliar el número máximo de candidatos, de tal manera que coparían todos los puestos del consejo".

Foto: El vicepresidente segundo del Gobierno y secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. (EFE)

En Vistalegre III, Iglesias fue reelegido de forma telemática con un 92% de los votos frente al 7,8% de Barredo, proceso que solo contó con una participación del 11% cuando el mínimo se había fijado en 10. Con estas cifras como telón de fondo, Barredo pide "la nulidad de la Tercera Asamblea Ciudadana Estatal de Podemos por vulnerarse los estatutos, reglamentos y los derechos fundamentales", así como condenar al partido "a que lleve a cabo todo el proceso de primarias con la máxima transparencia y con garantía de los derechos de igualdad entre los candidatos, incluyendo el acceso por parte de éstos al censo de inscritos y estableciendo los mecanismos oportunos".

El pucherazo de Collado Villalba

El escrito de Anticorrupción explica, además, cómo la demanda recoge "noticias de sospechas de fraude en el proceso electoral" y extiende este argumento a "consultas de años anteriores", destacando lo ocurrido el pasado agosto, cuando una carta anónima atribuida a miembros del equipo de Informática de Podemos decía que han podido "comprobar con certeza" que las dos últimas secretarías de Organización estatal "han creado, mantenido y usado un sistema de fraude en estas asambleas y procesos electorales internos de Podemos".

Foto: El vicepresidente segundo del Gobierno y secretario general de UP, Pablo Iglesias. (EFE)

Barredo, al que representa la abogada Celia Cánovas, exsenadora de Podemos que acabó enfrentada con su formación, también presentó este mismo enero una demanda ante los juzgados de Madrid para que se anule la votación de Vistalegre III. Este escrito paralelo sigue pendiente de respuesta y se apoya a su vez en la sentencia del 28 de diciembre del Juzgado de Primera Instancia número 89 de Madrid, que anuló las primarias que Podemos celebró en Collado Villalba en noviembre de 2018 al considerar que se había producido un pucherazo electoral "manipulando el resultado de las urnas".

"Siendo la forma de proceder de Podemos la misma en las primarias de Collado Villalba que en las que son objeto de la presente litis, mi representado ha visto confirmadas aún más si cabe sus sospechas y no puede pasar por alto estos gravísimos hechos a fin de que este juzgado los enjuicie y determine la nulidad del proceso electoral", sostiene esta demanda. "A través de sus informáticos, pueden alterar el censo de votantes a su antojo, conocer de antemano su voto, y suprimirlo si el resultado no es favorable al aparato, aparte de que los candidatos que no son de la lista de Pablo Iglesias no conocen de antemano las personas que componen el censo".

La Fiscalía Anticorrupción ha remitido a la Fiscalía del Tribunal Supremo la demanda en la que Fernando Ángel Barredo, el militante de Podemos que encabezó una candidatura alternativa en Vistalegre III, pide anular la votación en la que Pablo Iglesias fue reelegido como secretario general del partido en mayo de 2020. En un escrito del 1 de febrero al que ha tenido acceso El Confidencial, Anticorrupción explica que no es competente para investigar estos hechos por "la condición de aforados" de la que gozan dos de las personas deunciadas, Iglesias e Irene Montero, por lo que el caso queda ahora en manos de sus homólogos del Alto Tribunal.

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