El cierre de la frontera con Portugal convierte el paso de Tui (Pontevedra) en un embudo

En pocas zonas de España funciona el concepto de eurorregión como entre el sur de la provincia de Pontevedra y el norte de Portugal. Los puentes internacionales que los unen acogen casi la mitad del tráfico entre los dos países a lo largo de toda la frontera, desde la desembocadura del Miño hasta Ayamonte (Huelva), y miles de residentes cruzan el río cada día para acudir a trabajar. El cierre de la mayoría de los pasos fronterizos decretado por las autoridades portuguesas, debido a la incidencia del covid, y los controles en los que han quedado abiertos han sembrado un caos como el que ya se vivió en el confinamiento de marzo. Los trabajadores son los principales afectados, atrapados en un viaducto, el de Tui-Valença, que se ha convertido en un auténtico embudo.

El cierre lo decretó Portugal, donde el coronavirus avanza sin control. Desde la madrugada de este domingo, solo permanecen abiertos tres pasos en toda la frontera de Portugal con Galicia: Tui-Valença y Salvaterra-Monçao, ambos en la provincia de Pontevedra, y Verín-Chaves, en la de Ourense. Además, el de Salvaterra funciona con limitaciones temporales, de 8:00 a 10:00 y de 19:00 a 21:00. Eso significa que el grueso del tráfico transfronterizo, especialmente intenso a primera y última hora de la mañana, se canaliza por el de Tui, donde las policías de los dos países han establecido puntos de control para verificar que los viajes se realizan por los motivos autorizados, que principalmente son laborales o para visitar a cónyuges o parejas. Así, a los rodeos obligatorios se suman las retenciones, y trayectos de 20 minutos se prolongan durante dos y hasta tres horas.

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“Una retención puntual es un disgusto, pero cuando se convierte en diaria, te puede amargar la vida”, afirma una gallega de Tomiño (Pontevedra) que trabaja en una fábrica de Valença y que ya vivió con angustia el cierre de marzo. En su caso, además, los desplazamientos se realizan en transporte público, lo que la expone a autobuses que se cancelan sin previo aviso y a esperas interminables. Renfe, mientras, ha suspendido todos sus servicios entre Vigo y Oporto, que se habían recuperado el 16 de agosto.

"Volver al peor momento de 2020"

Organismos como la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) de la Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal, en el que participan la Xunta y entidades del país vecino, han solicitado que se tengan en cuenta las peculiaridades de la zona y se mantengan abiertos los máximos pasos posibles, para amortiguar los efectos del cierre. Según explicaron en un comunicado, se trata de “limitar en lo posible el impacto negativo” del cierre fronterizo para la economía, pero también para la vida cotidiana de la población, que padeció de forma muy dura las restricciones de la pasada primavera. El cierre decretado por Portugal supondrá “volver al peor momento” de 2020, denuncian.

También los alcaldes están preocupados y comienzan a movilizarse. Este lunes, se reunieron para emprender actuaciones y trasladaron su “malestar” al delegado del Gobierno, Javier Losada. El encuentro se produjo en el contexto de la AECT —instrumento europeo de cooperación— Río Miño. Su vicedirector, Uxío Benítez, pidió en nombre de los municipios afectados la apertura de todos los pasos cerrados para evitar situaciones como la de este lunes, con colas kilométricas y esperas de más de varias horas, así como la activación de una tarjeta transfronteriza que agilice los controles. Losada se comprometió a trasladar al Ministerio de Exteriores sus peticiones. Los alcaldes de la AECT no descartan protestas ante un cierre que obliga a los trabajadores a dar rodeos kilométricos para acudir a sus puestos de trabajo.

Los controles este lunes, primera jornada laboral del nuevo cierre, se centraron principalmente del lado portugués, donde, según el vicedirector de la AECT Río Miño, agentes de la GNR realizaron una revisión exhaustiva de toda la documentación presentada por las personas que pretendían cruzar y rechazaron algunos de los justificantes, lo que provocó un tapón de grandes dimensiones, similar a los que diariamente se repetían en el anterior cierre. La agrupación considera que se ha provocado un agravio en el paso por la provincia de Pontevedra, ya que, pese a suponer apenas el 5% de la longitud de la frontera, concentra casi el 50% del tránsito total entre los dos países. “No es equiparable a los de Castilla y León, Andalucía o Extremadura, comunidades a las que se han concedido el mismo número de pasos que a toda Galicia”, denuncia Benítez.

La alcaldesa de Salvaterra también ha expresado su desacuerdo con el horario restringido de apertura del puente con Monçao, aunque en ese puesto apenas se produjeron retenciones y han sido escasos los vehículos a los que se les impidió el paso por incumplir los requisitos para cruzar. En el tercer viaducto abierto, entre Verín y Chaves, en una zona mucho menos poblada que la frontera en la provincia de Pontevedra, el tráfico transcurrió también con normalidad en el primer día laborable de las nuevas restricciones. En Tui, en cambio, las colas atraparon no solo a trabajadores en desplazamiento, sino también a cientos de camiones.

Inspección de casi 1.900 vehículos

Según datos de la Delegación del Gobierno, solo en la mañana del lunes, la Guardia Civil y la Policía Nacional inspeccionaron a los conductores de 1.182 vehículos procedentes de Portugal, aunque solo 11 fueron retenidos por no poder justificar su viaje. De acuerdo con las nuevas medidas aplicadas desde la madrugada del domingo, solo se permitirá la entrada al territorio español de ciudadanos españoles y sus cónyuges o parejas, de residentes en España y de residentes en otros Estados miembros o asociados Schengen que se dirijan a su lugar de residencia habitual debidamente acreditado. También quienes vayan a transitar o permanecer en el territorio español por cualquier motivo exclusivamente laboral, incluidos los trabajadores transfronterizos, sanitarios y del transporte. Se admite igualmente el tránsito de aquellas personas que acrediten documentalmente causas de fuerza mayor o situación de necesidad, entre otras.