Bárcenas buscará ajustar cuentas en el juicio de la caja B y prevé aportar nuevos datos

El 15 de julio de 2013, Luis Bárcenas voló los puentes con el PP ante la Audiencia Nacional. La declaración de aquel día explica gran parte de los quebraderos de cabeza que el partido arrastra desde entonces, hasta el punto de que la investigación que se conocía hasta entonces como los papeles de Bárcenas cambió de nombre. Desde aquel día de verano de hace siete años, nació la caja B del PP. Frente al juez Pablo Ruz, Bárcenas aseguró que los manuscritos que habían aparecido en prensa eran suyos, habló de sobresueldos en la formación, apuntó a irregularidades en la financiación de campañas... Unas revelaciones que, según confirman fuentes de su entorno, ratificará el próximo lunes cuando arranque el juicio en el que se examinará parte de estos hechos, una vista oral en la que también prevé aportar nuevos datos sobre la contabilidad paralela.

El juicio que comienza el próximo 8 de febrero se centra en el presunto pago de la reforma de la sede nacional del PP de Génova con dinero de la caja B entre 2007 y 2008, unas obras por las que se sientan en el banquillo el propio Bárcenas, el exgerente del partido Cristóbal Páez y los responsables de Unifica, empresa que se encargó de las mismas: Gonzalo Urquijo, Belén García y Laura Montero.

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A pesar de que la vista se acota a las irregularidades en la reforma del edificio, el procedimiento está inevitablemente ligado a la caja B. El extesorero, en prisión por el caso Gürtel, aún no ha dicho su última palabra. Resultarán clave los límites que imponga el tribunal que integran Fernando Andreu, María Fernanda García Pérez y José Antonio Mora y las preguntas que lancen las distintas acusaciones. Las fuentes consultadas apuntan a que Bárcenas no tiene ya nada que perder y más después de que el Supremo confirmara la condena de 12 años de prisión para su mujer, Rosalía Iglesias.

Al margen de los acusados, el PP acude al juicio como posible responsable civil subsidiario de los presuntos delitos que estos habrían cometido, lo que abre la puerta a que el extesorero se extienda en sus explicaciones. Por mucho que la credibilidad del extesorero se haya visto mermada por sus cambios de versiones en los últimos años, las fuentes consultadas apuntan a que puede respaldar con documentación cualquier afirmación, por lo que los efectos de este primer juicio pueden afectar a las investigaciones paralelas que todavía tiene entre manos la Audiencia Nacional. El nuevo titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz, reactivó la pasada semana las pesquisas sobre la caja, lo que allana el camino para que la reforma de la sede no sea más que el pistoletazo de salida a nuevas revelaciones.

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El auto en que el juez solicita a su compañero Manuel García-Castellón que le remita todas aquellas menciones a Bárcenas que se detecten en la investigación sobre la llamada operación Kitchen, que se centra en el dispositivo que puso en marcha Interior en 2013 para robar al extesorero información sensible sobre las cuentas del PP, refleja la tesis que maneja la Audiencia Nacional: el juez explica que se investiga cómo el extesorero, junto con el cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, puso en marcha un sistema para obtener fondos ilícitamente para el PP y para ambos, "a cambio de movilizar influencias y realizar gestiones a favor de los proveedores de tales fondos". Para ello, continúa, se pusieron de acuerdo con distintos empresarios para que realizaran estas entregas de fondos en efectivo en la sede, en calidad de aparentes donaciones.

La idea de que el extesorero terminaría por tirar de la manta en lo que se refiere a la caja B del partido se ha repetido hasta la saciedad en los últimos años, pero una serie de movimientos apunta a que esta ocasión puede ser distinta. Bárcenas ha realizado varios cambios en su equipo de defensa y, según explican las fuentes consultadas, su objetivo pasa por acercarse a Anticorrupción. El encargado de llevar las riendas de esta nueva estrategia será el abogado Gustavo Galán: él se hará cargo de la primera de las causas, la del juicio de la caja B y las piezas que quedan pendientes al respecto, mientras que Marta Giménez Cassina, la abogada que ha llevado su defensa y la de su mujer, sigue representándole en la pieza en la que se investiga la conocida como operación Kitchen y en los recursos que todavía no se han resuelto.

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La petición de penas

Ante el juicio, el fiscal anticorrupción Antonio Romeral da por acreditada la existencia de una caja B del PP que manejaban Bárcenas y su antecesor, Álvaro Lapuerta, "ajena al control del departamento de contabilidad", por lo que atribuye al extesorero un delito fiscal, otro de apropiación indebida y un tercero de falsedad documental. En total, cinco años de cárcel. Por estos mismos hechos, fundamentalmente el pago de las obras en la sede del PP de la calle Génova con dinero procedente de esa caja B, el fiscal pide otros 18 meses de cárcel para el exgerente de la formación Cristóbal Páez, así como multas para todos ellos que oscilan entre los 265.000 euros para Bárcenas y los 102.500 en el caso de Páez.

En cuanto a la responsabilidad del PP, Romeral no ve delito fiscal. Recuerda que, en sucesivos informes, la Agencia Tributaria sostuvo que las donaciones anotadas en los papeles de Bárcenas estaban exentas de tributar en el impuesto sobre sociedades. Sí mantiene al partido como responsable civil subsidiario, que no penal, de los delitos fiscales cometidos por Bárcenas, Lapuerta y Páez por el pago en negro de las obras de reforma de la sede del PP en la calle Génova.