El Gobierno aprueba una moratoria de nueve meses para hipotecas y créditos

El Gobierno ha completado este martes la prorroga del escudo social por la pandemia, con la aprobación en el Consejo de Ministros de una moratoria para el pago de hipotecas y préstamos al consumo. La duración del aplazamiento de pago para familias afectadas por la pandemia será de nueve meses. De forma secuencial, ya que los tres primeros meses corresponden a la moratoria legal y los seis adicionales a la moratoria del sector bancario. La medida ha sido negociada hasta este mismo lunes por PSOE y Unidas Podemos, que mantenían diferencias respecto a los plazos. Según ha comunicado la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, tras la reunión del Consejo de Ministros, estas medidas complementan al resto de iniciativas ya aprobadas para paliar los efectos del coronavirus.

La moratoria de créditos hipotecarios podrá solicitarla quienes paguen cuotas por vivienda habitual o por un local donde se esté desarrollando su negocio, así como por una vivienda en alquiler que haya dejado de percibir las rentas del inquilino durante el estado de alarma. En lo referente a los créditos al consumo, solo podrán acogerse los considerados consumidores vulnerables. Esto es, personas en desempleo, autónomos con caídas de ingresos superiores al 40% o familias con ingresos inferiores a tres veces el IPREM.

En cuanto a las moratorias de créditos al consumo concedidas hasta el 30 de septiembre, no se verán afectadas por esta nueva regulación, sino que se quedan con el régimen y estipulaciones que ya tenían. La normativa que ahora se aprueba no se aplica retroactivamente a las moratorias concedidas antes del 30 de septiembre.

Los beneficiados por las moratorias de los préstamos al consumo que pudieron solicitarlas en la anterior prórroga —hasta el pasado 29 de septiembre— no se verán afectados por la nueva regulación. Mantienen así el mismo régimen aplicado hasta ahora, al no producirse retroactividad. Para las moratorias hipotecarias, se mantiene el requisito para ser beneficiario de esta ayuda de que se destine más de un 35% al pago de la hipoteca y suministros y tener una renta mensual por debajo de los 1.613 euros.

La ministra ha comunicado que hasta el 31 de diciembre de 2020 se han concedido 1.380.585 moratorias y las entidades financieras han concedido, al amparo de sus convenios, aplazamientos del pago del principal sobre un universo de 794.386 préstamos.

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En el último Consejo de Ministros, se aprobó la prórroga de los ERTE hasta el 31 de mayo, así como de los contratos de alquiler y los aplazamientos o reestructuraciones de deuda para arrendatarios de viviendas propiedad de grandes tenedores o entidades públicas hasta el 9 de mayo, coincidiendo con la finalización del estado de alarma. La prórroga de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual se ha establecido por un periodo de cuatro meses, con las mismas condiciones que las actuales. La ampliación del plazo de petición de la moratoria del pago de alquiler, por otra parte, se limita a los casos en que sea arrendador un gran tenedor o una empresa pública. El periodo del aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta para estos casos es el mismo que en el de los contratos.

A estas medidas se suman los decretos aprobados en diciembre para paralizar los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional y prohibir los cortes de suministros básicos. La novedad que se introdujo es que, para la realización de los lanzamientos, será obligatorio que previamente los servicios sociales realicen un informe, de carácter vinculante, para discernir la condición de vulnerabilidad de las personas afectadas. Los tribunales deberán solicitarlo de forma obligatoria siempre que los afectados aleguen estar en situación de vulnerabilidad. El texto incorporó, además, compensaciones económicas a los propietarios para evitar demandas por daño patrimonial, siempre que se demuestre el perjuicio económico y si el realojo no se produce dentro de un plazo de tres meses, por lo que quedarían fuera los propietarios que tuvieran viviendas vacías.

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El pasado mes de diciembre, el Gobierno ya aprobó hasta el 31 de mayo la posibilidad de solicitar préstamos avalados y subvencionados por el Estado, a través del Instituto Oficial de Crédito (ICO), para que los afectados económicamente por el covid-19 puedan hacer frente al pago del alquiler de su vivienda.

Covid, enfermedad profesional

Al margen del escudo social, PSOE y Unidas Podemos siguen atascados en las negociaciones para la futura ley de vivienda, con la que se pretende poner coto a las subidas de los alquileres y regular los desahucios. El desarrollo de esta ley, comprometida para febrero, se ha topado ya con choques entre los socios en cuestiones fundamentales, sobre todo las relativas a posibles exenciones fiscales para los grandes tenedores de vivienda. Pero no solo, pues, según fuentes del partido morado, también hay discrepancias sobre la necesidad de obligar a los grandes tenedores a que dediquen una parte de sus viviendas al alquiler social, sobre la prohibición permanente de desahucios sin alternativa habitacional a familias vulnerables y sobre la puesta en marcha de medidas efectivas que movilicen la salida de vivienda vacía al mercado de alquiler.

El Ejecutivo declarará este martes el coronavirus como una enfermedad profesional para los sanitarios que se contagien, en lugar de una contingencia profesional derivada de accidente de trabajo como hasta ahora, según ha avanzado la Cadena SER. De este modo, los sanitarios afectados por el coronavirus que siguen estando en la primera línea de la lucha contra el virus tendrán cobertura de por vida si sufren patologías derivadas del covid. El Congreso ya había aprobado por unanimidad en la comisión de Sanidad una proposición no de ley del Grupo Plural para que se considerase enfermedad profesional la baja laboral del personal sanitario o sociosanitario.