La justicia investiga al director de la Policía por no proteger a sus agentes contra el covid
  1. España
DELITO CONTRA LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO

La justicia investiga al director de la Policía por no proteger a sus agentes contra el covid

La Audiencia Provincial de Madrid imputa también a la exsubdirectora de Recursos Humanos y Formación del cuerpo, Pilar Allúe, por el mismo motivo

placeholder Foto: Francisco Pardo Piqueras durante el pasado Día de la Policía en Logroño. (EFE)
Francisco Pardo Piqueras durante el pasado Día de la Policía en Logroño. (EFE)

La Audiencia Provincial de Madrid ha obligado al Juzgado 34 de Madrid a abrir una causa judicial contra el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, al entender que existen indicios de criminalidad contra él por no proporcionar a los agentes del cuerpo el material necesario para protegerse del coronavirus. El alto tribunal madrileño, en concreto, ha rebocado el auto del juzgado de instrucción que inadmitía a trámite la querella presentada por el sindicato policial Jupol, lo que obliga a reabrir el procedimiento.

El Juzgado 34 tendrá ahora que incoar la causa que le propuso Jupol contra el director general y contra la que fuera subdirectora general de Recursos Humanos y Formación del cuerpo, Pilar Allúe, por delitos contra la seguridad e higiene en el trabajo tipificados en los artículos 316 y 318 del Código Penal. Quedará así admitida a trámite la querella de Jupol, que contaba con el criterio en contra de la Fiscalía, tanto en el mencionado Juzgado 34 como en el recurso que el sindicato interpuso ante la Audiencia Provincial.

Foto: Pilar Allúe, durante su toma de posesión como comisaria general de Policía Científica el 13 de enero de 2012. (EFE)

Aun así, comenzará ahora una investigación judicial para averiguar si la actuación del director general y de la subdirectora, que ahora no está en el cargo, puede encuadrarse en el tipo penal mencionado y, por lo tanto, derivar en la depuración de responsabilidades de los dos implicados. Pardo Piqueras ostenta el cargo político de confianza del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mientras Allúe era la máxima dirigente de los asuntos relacionados con el personal de la corporación.

Según detalla Jupol en su querella, ambos mandos incumplieron su deber al no proporcionar a los funcionarios de la corporación los medios adecuados para garantizar su salud durante los primeros momentos de la pandemia provocada por el coronavirus ni organizar adecuadamente el instituto armado hacia una correcta protección de los policías que integran la plantilla. El sindicato considera que la gestión de Pardo y Allúe puso en riesgo la salud del personal que integra la Policía Nacional al no proporcionarle los equipos de protección necesarios a pesar de que ya había informes que recomendaban su utilización.

Foto: José Antonio Nieto. (Carmen Castellón)
"Sanidad quería que quitásemos las mascarillas a los policías"
Nacho Abad Fotografía: Carmen Castellón

La Audiencia Provincial entiende que el informe de 24 de enero de 2020 de los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales de la Policía Nacional, elaborado por el jefe del departamento, Juan Antonio Nieto, adscrito a la Subdirección de Recursos Humanos de la corporación, que relató las medidas preventivas que eran necesarias para proteger a los funcionarios del coronavirus y que fue remitido a Allúe, según la querella, fue ignorado por esta última. El documento de Nieto, añade el tribunal de apelación, obligaba a proporcionar guantes para cacheos e inspección de equipajes a los policías así como mascarillas para el control de documentación de pasajeros procedentes de China y otras zonas afectadas.

Para la Audiencia, el informe "sin duda es un documento relevante" para determinar si realmente se produjo un delito contra los trabajadores como también lo son otros hechos que relata la querella como "las reiteradas peticiones de material" para los agentes destinados en la Junquera que "pudieron estar desempeñando sus funciones sin las medidas de protección adecuadas". El alto tribunal asegura en este contexto que debe declarar como testigo el propio Nieto.

Foto: El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias. (EFE)

Por el momento se desconoce la fecha en la que presumiblemente deberá comparecer el director general ante el juzgado de instrucción, que primero deberá incoar el oportuno expediente, admitir formalmente la causa e iniciar diligencias de investigación para citar en el marco jurídico adecuado tanto a Pardo Piqueras como a Allúe. El juzgado, sin embargo, no procederá contra otras autoridades contra las que sí se querelló Jupol porque la Audiencia Provincial ha rechazado el recurso que solicitaba investigarlas también a ellas por otros motivos. En concreto, Jupol pretendía imputar también a responsables políticos por prevaricación por omisión y un delito contra el derecho de los trabajadores por permitir la celebración en España de "eventos multitudinarios" desde enero hasta el 14 de marzo de 2020 sin tomar medidas para contener la propagación del virus.

Los que se quedan fuera de la causa por este motivo son, por lo tanto, el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco; el subsecretario de Sanidad, Alberto Herrera Rodríguez; la directora general de Salud Pública, Pilar Aparicio; el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón; el secretario de estado de Seguridad, Rafael Pérez; el director adjunto operativo de la Policía, José Ángel González, y el subdirector general de Innovación de la Policía, José García Molina. La Audiencia Provincial entiende que contra ninguno de ellos ha aportado el querellante elemento alguno que sustentara una acusación por prevaricación por omisión.

Señor con maletín

Detrás de toda gran historia hay otra que merece ser contada

Conoce en profundidad las 20 exclusivas que han convertido a El Confidencial en el periódico más influyente.
Saber más
Coronavirus Recursos humanos Policía Nacional