Casado se pone de perfil mientras sus barones presionan para más restricciones

Los presidentes autonómicos del PP han liderado la exigencia al Gobierno central de que flexibilice el decreto de estado de alarma para poder avanzar en las restricciones. El primero en lanzarse fue Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, y uno de los más contundentes a la hora de tomar medidas en las primeras dos olas de la pandemia. Nunca le ha temblado el pulso para pedir confinamientos domiciliarios y fue una de las autonomías que exigían dureza durante la Navidad. Ahora, sí ha ido al conflicto con el Ejecutivo imponiendo el toque de queda a las ocho de la tarde, a pesar de que el decreto dice que no puede empezar antes de las 22:00.

Andalucía se sumó a la petición formal el fin de semana, y Murcia lo hizo este lunes, planteando además de los horarios poder confinar de manera selectiva barrios y municipios de ser necesario. Mientras tanto, Pablo Casado evita dejar clara su postura en una nueva votación en el Congreso.

Los barones autonómicos actúan ahora como una piña. Incluso la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que no ha solicitado adelantar el toque de queda y que mantiene una estrategia de medidas quirúrgicas por zonas básicas de salud en función de la evolución de la pandemia, salió en clara defensa de Mañueco y del resto de dirigentes del PP. “El Gobierno no puede estar desaparecido contra la lucha de la pandemia para arremeter contra una Administración inferior, lo hizo primero con Madrid y ahora con Castilla y León”, aseguró la dirigente madrileña, insistiendo en que las estrategias autonómicas “hay que respetarlas”, especialmente “si el Gobierno no va a hacer nada”.

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A. R.

En parte, esa fue la línea que defendió Casado este lunes, cuando comparó el Gobierno central “con el perro del hortelano, que ni gobierna ni deja gobernar”. El líder de los populares considera que Pedro Sánchez debe tomar las riendas y liderar la tercera ola de la pandemia. “Ni frena el virus, ni permite a las comunidades tomar medidas para intentar frenarlo”, insistió, criticando el recurso ante el Tribunal Supremo de Moncloa contra Castilla y León.

Es cierto que el Gobierno se enfrentó con dureza a la Comunidad de Madrid cuando hace meses se negó a solicitar un estado de alarma ni a poner en marcha las medidas que exigía el Gobierno central defendiendo su hoja de ruta. El Ministerio de Sanidad consideraba que las medidas eran demasiado laxas. Ahora, Castilla y León (que defiende que el decreto es interpretable, a pesar de que el toque de queda sí está establecido a las 23:00 con la posibilidad de que lo adelanten o atrasen una hora en cada autonomía) está en el punto de mira del Ejecutivo precisamente por tomar medidas más drásticas.

Una incoherencia a ojos de Génova que no tiene sentido. Aun así, Casado no aclaró qué postura tomará si el Gobierno lleva al Congreso una modificación del decreto del estado de alarma. Todo ello, a pesar de que son los presidentes autonómicos de su partido los que lo exigen, por lo que sería muy difícil que los populares no lo respaldaran con sus votos.

Fuentes de la dirección del PP insisten en que, por ahora, el Gobierno no se ha puesto en contacto para abordar ninguna modificación, y que se pronunciarán cuando el Ejecutivo haga su parte. “No somos adivinos”, ironizan, dejando claro que la pelota está en el tejado de Sánchez. Para los populares, lo esencial es que el presidente “tome el timón de una vez por todas” y establezca “una estrategia común para coordinar” las autonomías. Además, el PP seguirá insistiendo en la necesidad de un plan B jurídico que no deje las grandes decisiones en manos del estado de alarma, que en el último caso el Gobierno ha prolongado por seis meses.

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Paloma Esteban

Ahora, recuerdan que muchas autonomías, algunas también del PSOE, han insistido en que debe haber un paraguas jurídico fuera de la alarma que avale sus decisiones. La petición de que Salvador Illa dimita como ministro de Sanidad para dedicarse a su candidatura del PSC también será recurrente (como publicó este diario, el PP tiene en la diana al máximo responsable de la pandemia), aunque no lo establecen como una condición. Insisten en no fijar una postura y dejan claro que cuando el Gobierno se mueva, lo estudiarán.