Moncloa maniobra para controlar los toques de queda aunque permitirá 15 días el de CyL

El Gobierno no solicitará medidas cautelarísimas en su recurso ante el Tribunal Supremo contra el acuerdo de la Junta de Castilla y León para adelantar el toque de queda a las 20:00. Según confirman fuentes de Moncloa, la Abogacía General del Estado ha pedido en su lugar la suspensión cautelar de la medida ante la Sala de lo Contencioso del alto tribunal, tal y como avanzó este diario, por lo que no se atajará de inmediato el acuerdo que entró en vigor el pasado sábado en la comunidad presidida por el popular Alfonso Fernández Mañueco.

De este modo, la ampliación de las restricciones a la movilidad decretada por la Junta de Castilla y León seguiría aplicándose en torno a 15 días más, aunque se fallase a favor del recurso. Una vez que se abra la pieza separada de medidas cautelares, se dará una audiencia de 10 días a la Administración demandada, un tiempo que podrá agotar. Tras ello, se establece un periodo de cinco días más para resolver mediante auto. El fondo del recurso sigue su camino de forma independiente.

El Ejecutivo regional ya avanzó, tras darse a conocer este domingo las intenciones del Gobierno central, que hasta el fallo del Supremo mantendrá su decisión de adelantar el toque de queda, sobrepasando la horquilla establecida en el decreto de estado de alarma. En su artículo 5, este establece expresamente las 23:00 para el inicio del toque de queda —con finalización a las 6:00—, permitiendo a las comunidades un margen de una hora, ya sea para adelantarlo o retrasarlo. Es decir, permite una franja de flexibilidad a las comunidades autónomas para fijar la restricción entre las 22:00 y las 24:00 para el inicio de las limitaciones a la libertad ambulatoria nocturna.

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Las autoridades castellanoleonesas han comunicado públicamente que, "en tanto no quede sin efecto por los medios establecidos en la ley", mantendrán en vigor el acuerdo 2/2021, de 15 de enero, del presidente de la Junta de Castilla y León publicado en una edición extraordinaria del boletín oficial este mismo sábado. Desde el Gobierno autonómico, han criticado también al Gobierno de España por "tratar de obstaculizar" con su recurso unas medidas que, aseguran, tienen como "único objetivo" luchar contra la tercera ola del coronavirus.

Otras comunidades autónomas también habían reclamado endurecer las restricciones e, incluso, cuatro administraciones autonómicas habían pedido ir más allá del actual estado de alarma para poder ordenar confinamientos domiciliarios, una medida que no recoge el decreto aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 25 de octubre. El recurso contra la Junta actuaría como un elemento de disuasión para que otras comunidades autónomas no sigan los pasos de Fernández Mañueco. Al menos, si el Supremo resuelve de forma favorable a la Abogacía del Estado.

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Lo que no evita este recurso, sino todo lo contrario, es la apertura paralela de una batalla política entre el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León. "Es imprescindible que el Ejecutivo central ejerza ya su liderazgo y la coordinación con las autonomías", arremetían este domingo las autoridades castellanoleonesas, al tiempo que defendían su decisión por estar amparada por sus servicios jurídicos. Más concretamente, alegan que la prórroga del estado de alarma "contempla en su disposición transitoria única sobre la 'Eficacia de la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno' expresamente lo siguiente: la medida prevista en el artículo 5 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, conservará su eficacia, en los términos previstos con anterioridad al comienzo de la prórroga autorizada, en tanto que la autoridad competente delegada que corresponda no determine, de acuerdo con el artículo 10 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, su modulación, flexibilización o suspensión".

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Desde el Gobierno, por su parte, consideran que "al fijar como hora de comienzo de la limitación las 20:00 horas, el acuerdo infringe nítidamente la regulación mencionada, sin que tal infracción pueda negarse acogiéndose a las facultades de 'modulación' que tanto el artículo 10 del Real Decreto 926/2000 como la disposición transitoria única del Real Decreto 956/2000 otorgan a las autoridades competentes delegadas, toda vez que dicha modulación comporta la posibilidad de suspender, flexibilizar o relajar las limitaciones, pero no —como es el caso— de intensificarlas o agravarlas". Concluyen así que se trataría "de una restricción de un derecho fundamental que no está amparada" jurídicamente por el decreto del estado de alarma.

En línea con otras comunidades que demandan ampliar las restricciones a lo establecido en el decreto de alarma o aplicar autoconfinamientos, como es el caso de Andalucía, Murcia, País Vasco y Asturias, desde la Junta de Castilla y León argumentan que la situación epidemiológica es de "extrema gravedad" y debe actuarse en consecuencia. "La incidencia acumulada se ha multiplicado por cinco desde el 1 de enero y el número de ingresados por covid-19 se ha duplicado en los hospitales de la comunidad", advierten.

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El Confidencial

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, sigue oponiéndose a los confinamientos domiciliarios, como ya hizo durante la segunda ola, pero apenas unas horas antes de que se interpusiese el recurso se había abierto a modificar las franjas para los toques de queda. Tras reunirse el sábado con su equipo de seguimiento de la pandemia, aseguró que "si hay que revisar esta franja horaria, vamos a hacerlo hablando con todo el mundo". No obstante, remarcó la necesidad de hacerlo con las máximas garantías jurídicas para no limitar derechos fundamentales.

Como ya ocurrió durante la segunda ola, desde el Ejecutivo, defienden que la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, serviría también en este caso para ordenar el encierro en casa de la población. La tesis del Gobierno central es que aquellos presidentes regionales que así lo decidan pueden ordenarlo y reclamar posteriormente la autorización judicial, como venía sucediendo antes de que se decretara la alarma de seis meses. La responsabilidad de la decisión recaería de ese modo exclusivamente en la comunidad autónoma que decidiera dar el paso. Además, no sería necesario un confinamiento domiciliario generalizado, sino más 'quirúrgico' y restringido a aquellas zonas con niveles de contagio, ocupación de los hospitales y evolución más preocupantes, según aseguraban ya entonces las fuentes del Gobierno consultadas.