La ministra Celaá ingresa 1.000 euros en la cuenta del PP y de la Junta Electoral
El Supremo obligó al pago por discutir la presencia de los populares y la JEC en un contencioso por su uso electoral de Moncloa
Pocas veces una ministra se ve obligada a pagar al principal partido de la oposición y a la Junta Electoral. Esta semana ha sido una de ellas. La titular de Educación, Isabel Celaá, ingresó este jueves 1.000 euros en la cuenta del PP y otros 1.000 en la de la JEC. Lo hizo por orden del Supremo, que solicitó el mismo pago al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Celaá acaba de abonar la cantidad, pero el presidente aún no ha hecho efectivo el pago.
¿Cómo ha acabado sucediendo este hecho inédito? Hay que remontarse a las elecciones de 2019 para llegar al inicio. En plena campaña electoral el presidente y la ministra hicieron, según defendía la Junta, un uso electoral de sus cargos desde Moncloa. Había habido advertencias previas al Gobierno. Pero el Ejecutivo, a su juicio, no hizo caso. El resultado fue un expediente sancionador contra el propio presidente entonces funciones y contra Celaá, que era en la etapa portavoz del Gabinete. La JEC consideró que una entrevista concedida por Sánchez desde el Palacio, por un lado, y unos comentarios vertidos por la portavoz tras el Consejo de Ministros sobrepasaban las líneas rojas. Lo hizo en respuesta a una denuncia del PP.
La JEC acabó sancionando a Sánchez con 500 euros y a la ministra de Educación, Isabel Celaá, con 2.200. Aseguró que la Ley Electoral prohíbe, "desde la convocatoria de las elecciones hasta la celebración de las mismas, cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos por las autoridades públicas". Consideró que Sánchez, "en el ejercicio de sus responsabilidades como presidente del Gobierno en funciones, incurrió en la infracción tipificada en el artículo 153.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, por la realización y difusión de la entrevista de referencia, aprovechando los medios públicos de que disponía, en su condición de presidente del Gobierno en funciones", y que con eso provocó "el consiguiente quebrantamiento del principio de neutralidad que todo poder público debe respetar durante el proceso electoral". La ley prevé multas de entre 300 y 3.000 euros para estos casos. Aunque el instructor proponía 2.800 euros, en el tramo más alto, esta quedó rebajada al tramo inferior tras la discusión entre los vocales.
Pero ahí no acabó la cosa. Tanto Sánchez como Celaá se buscaron un abogado particular y recurrieron la sanción al Supremo. Esa impugnación cuestiona la propia capacidad sancionadora de la JEC por parte de la máxima autoridad del Ejecutivo y está bajo estudio de la Sala de lo Contencioso. El PP se personó para discutir ante el Alto Tribunal los argumentos de uno y otro y los dos reclamaron que se expulsara a los 'populares' del procedimiento.
En pleno litigio, la defensa de Sánchez presentó un escrito para intentar que la formación de Casado no estuviera en el procedimiento. "El Partido Popular actuó en el procedimiento de reclamación electoral como mero iniciador o denunciante, ante la Junta Electoral", señalaba el escrito presentado el pasado 10 de septiembre. Y añadía: "El Partido Popular no ha intervenido ni ha sido parte en el procedimiento sancionador, objeto de este procedimiento contencioso administrativo, por lo que esta posición, de mero iniciador de un procedimiento previo de reclamación electoral, impide apreciar la existencia un interés legítimo bastante que ciega la posibilidad de personación como parte recurrida en este recurso", añadían.
El tiro salió errado. El Tribunal Supremo decidió imponer el pago de 1.000 euros cada uno al PP en concepto de costas después de desestimar los recursos que presentaron oponiéndose a que el partido que dirige Pablo Casado se personara. La Sala de lo Contencioso obligó a pagar otros 1.000 euros suplementarios por cabeza a la propia JEC, como parte recurrida.
Pocas veces una ministra se ve obligada a pagar al principal partido de la oposición y a la Junta Electoral. Esta semana ha sido una de ellas. La titular de Educación, Isabel Celaá, ingresó este jueves 1.000 euros en la cuenta del PP y otros 1.000 en la de la JEC. Lo hizo por orden del Supremo, que solicitó el mismo pago al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Celaá acaba de abonar la cantidad, pero el presidente aún no ha hecho efectivo el pago.
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