Moncloa enviará el recorte de las pensiones a Bruselas con Podemos y sindicatos en contra

El pasado 16 de noviembre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reunió en la Moncloa a sindicatos y patronal con ministros del área económica, para constituir la mesa de diálogo social sobre recuperación, transformación y resiliencia, en la que se tratarán las medidas vinculadas a los fondos europeos. En un momento de la reunión, se produjo una dura discusión entre la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, y el líder de UGT, Pepe Álvarez, a cuenta de las condiciones que Europa impone para esos fondos y que, básicamente, se refieren a pensiones y reforma laboral.

Calviño insistió en que hay que abordar inevitablemente, por exigencia de Bruselas, esas medidas que pueden poner en pie de guerra a los sindicatos y que irritan al sector de Unidas Podemos del Ejecutivo de coalición.

Álvarez había escrito en octubre, en su blog: "En contra de lo que expresan algunas voces, los fondos de recuperación y resiliencia no están orientados a (o condicionados a que) España haga una reforma laboral o una reforma de pensiones. Esta idea, que algunos intentan instaurar, no es más que una manipulación del mensaje con el objetivo de imponer sus posiciones políticas sin pasar por los parlamentos. Pero pese a todas las trabas que intenten poner, no dudéis que UGT se opondrá al establecimiento de cualquier condicionalidad que suponga recortes o imponga cambios legales sin debate parlamentario, como se hizo en los planes de rescate aplicados a partir de 2010, y que tanto daño han hecho a nuestro país".

Y Unai Sordo, secretario general de CCOO, advirtió en la Moncloa, al salir de esa reunión con el Gobierno, de que no hay una “condicionalidad negativa para utilizar las ayudas europeas” y “la reforma laboral y la de las pensiones proceden en otro momento”

Pero el Gobierno ha avanzado en la de mayor calado, la de las pensiones, e incluso la ha llevado ya a una Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Ya no es solo una propuesta de José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, sino que es asumida por el sector del PSOE del Gobierno y, especialmente, por la propia vicepresidenta económica, que pretende enviarla a Europa en las próximas semanas, con respaldo del presidente del Gobierno, según apuntó él mismo en su rueda de prensa del 29 de diciembre.

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Moncloa explica que esa reforma es necesaria para cumplir con las exigencias de la Unión Europea, dentro del acuerdo para poder recibir los fondos europeos.
Unidas Podemos, con Pablo Iglesias a la cabeza, mantiene su oposición a esa reforma que, según explica, supone recortar pensiones y, en algunos casos, avanzar hacia una privatización.

El Gobierno debe cumplimentar ante Europa una lista de 30 componentes o reformas, y la última de ellas es la de las pensiones. De hecho, ya se han enviado una docena de puntos para cumplir con esas exigencias europeas.

El pasado 10 de diciembre, pocas horas antes de la reunión de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, los ministros que forman parte de ella recibieron un texto en el que se recogía la ampliación de 25 a 35 años de cotización para las pensiones y otras medidas, como la creación de un fondo público de pensiones o la penalización de las jubilaciones anticipadas, entre otras.

Fuentes del Gobierno explican que la intención es enviar la propuesta a Bruselas en enero

Algunos ministerios formularon objeciones por escrito, especialmente el de Empleo, que hizo un detallado análisis crítico de la reforma, concluyendo que supone un recorte mayor que el 5,5% admitido en la propuesta.

El 11 de diciembre se celebró la tensa reunión de los ministros del área económica y, en el último punto del orden del día, se abordó la propuesta de reforma de las pensiones. Ante la discrepancia evidente, la propia Calviño aseguró que ese punto se volvería a abordar en el futuro.

Una semana después, la vicepresidenta pasó por encima del tema en la comisión que se reúne los viernes, asegurando que ya no era necesario volver a tratarlo.
En ese tiempo, han tenido ya varios encuentros el secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo, el secretario general de Asuntos Económicos y G-20, Manuel de la Rocha, y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, para discutir esa propuesta de pensiones. Este último es responsable de Economía de Unidas Podemos. Hasta el momento, no ha habido ningún avance, ni opción de acuerdo, especialmente en lo que se refiere al aumento de los años de cotización, según diferentes fuentes.

Fuentes del Gobierno explican que la intención es enviar la propuesta a Bruselas en enero, para cumplir los plazos previstos por la UE. Tienen prevista una consulta con los agentes sociales, sindicatos y empresarios.

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A partir de ahí, vendrá una difícil gestión con los sindicatos y con los partidos, porque no parece probable que la reforma la apoyen los partidos del bloque que sacó adelante los Presupuestos. La propuesta de Moncloa no coincide precisamente con el reciente acuerdo del Pacto de Toledo, según Unidas Podemos.

Fuentes de Economía explican que la propuesta de reforma de pensiones se basa en el punto 11 del reciente Pacto de Toledo que apoyó y votó el partido de Pablo Iglesias. "Como siempre ha pasado en estos acuerdos, no se establece la medida concreta, pero la idea del refuerzo de la contributividad está siempre en las recomendaciones del Pacto de Toledo desde 1995", explican.

Ese punto señala que "“en línea con contenidos anteriores del Pacto de Toledo y con experiencias del entorno europeo, la Comisión constata la necesidad de preservar y reforzar el principio de contributividad”..

En la gestión dentro del Gobierno de coalición, las pensiones suponen el gran tema de confrontación y, además, no se producen en el mejor contexto posible para el acuerdo. Una vez aprobados los Presupuestos, ha sido evidente el movimiento de Pedro Sánchez para sacar a Unidas Podemos de las decisiones económicas y para mostrar respaldo a Calviño, después de una serie de cesiones a Pablo Iglesias antes de las cuentas.

El más evidente ha sido el del salario mínimo interprofesional, aún no resuelto definitivamente, pero que por el momento gana Calviño.

El 29 de diciembre se debatió en Moncloa si, al no haber revalorización del SMI, era necesario aprobar una prórroga antes de final de año

En esa batalla, se han producido intensas discusiones en el Consejo de Ministros, incluso sobre los temas procedimentales. Por ejemplo, el 22 de diciembre, Carmen Calvo presidió el Consejo de Ministros porque Sánchez estaba en cuarentena tras reunirse con Enmanuel Macron. En un momento dado de la reunión, se produjo un instante de tensión cuando Calviño intervino para decir que se daba por aprobada la congelación del SMI. Le respondió Yolanda Díaz, ministra de Empleo, para pedir al titular de Justicia, Juan Carlos Campo, que actuaba como secretario del consejo, que constara que no se podía aprobar si previamente no estaba en el orden del día, el llamado 'índice rojo'.

Y el día antes del consejo del 29 de diciembre, se produjo un intenso debate en la Moncloa sobre si, al no haber revalorización del SMI, era necesario aprobar una prórroga antes de final de año y cómo hacerlo. La Abogacía del Estado señalaba que era necesario aprobarlo porque en caso contrario no habría SMI en España, pero hasta última hora no estuvo claro si era necesario un decreto de Empleo. Esta última opción suponía forzar un debate y una votación de convalidación en el pleno del Congreso y se optó por incluirlo como disposición transitoria en el decreto de medidas para hacer frente al Brexit.

Casi al final del consejo, el ministro Escrivá pidió la palabra para señalar que la redacción de la disposición transitoria parecía dejar en manos de los agentes sociales cualquier decisión sobre el SMI. Eso abrió un nuevo debate con nueva intervención de la ministra de Empleo.

Ahora, parte de la preocupación de Moncloa, según fuentes del Gobierno, es no solo gestionar el recorte de pensiones tras la comunicación a Bruselas, es decir, para lograr apoyo parlamentario y cómo gestionar la comunicación de la medida. Con el SMI, fue el propio presidente del Gobierno quien asumió en su rueda de prensa de balance la medida de congelarlo, algo que solo hizo antes Mariano Rajoy, según recuerda Unidas Podemos.