PSOE y Podemos aplazan la revisión de su marco de convivencia pese a incumplirlo

Las tensiones entre los socios de la coalición de Gobierno se han agudizado en las últimas semanas, sacando a la luz conflictos en materias de hondo calado político e incumplimientos de las normas de convivencia con las que se dotaron. Al inicio de la legislatura, PSOE y Unidas Podemos acordaron regirse por los principios de "lealtad, cooperación, corresponsabilidad y estabilidad". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, reconoció durante su balance de final de año tanto aciertos como errores, pero dejó en manos de las organizaciones políticas la decisión de revisar estas reglas de funcionamiento del Gobierno bipartito. Una experiencia inédita desde la vuelta de la democracia que, si bien ha funcionado mejor de lo que esperaban socialistas y morados, es una cultura todavía en construcción. De ahí que se haya propuesto "normalizar las discrepancias", tratando de sacar del imaginario de las deslealtades o el ánimo de ruptura los choques o diferencias propias de dos partidos distintos.

El protocolo de funcionamiento y coordinación, sin embargo, se diseñó de manera férrea, prácticamente como una enmienda a la totalidad de esa "normalización de las discrepancias", para que fuesen la excepción y no la norma. Precisamente por las desconfianzas mutuas y la necesidad de no dejar flecos sueltos en una relación todavía por explorar que invitaba a la cautela para minimizar riesgos. Los grupos parlamentarios todavía no se han reunido en lo que va de año y por tanto aseguran que tampoco han abordado esta cuestión, que prefieren aplazar. Sí coinciden en señalar la buena relación entre sus portavoces, Adriana Lastra y Pablo Echenique, al igual que en el seno del Ejecutivo se destaca entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Estos últimos sí han tenido ya su primera reunión del año, el pasado día 4 de enero en Moncloa.

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Se apunta a que en el protocolo de coordinación ya se especifican las formas de dirimir las disensiones, e incluso de pactar los desacuerdos. También de los peligros de reabrir este debate. Sin embargo, el creciente ánimo de diferenciación del socio minoritario y las disputas irresueltas en cuestiones conflictivas -desde la reforma de la reforma laboral o de las pensiones, pasando por el SMI- llevan aparejada una flexibilización que ya se está dando de facto en los últimos meses, sorteando los corsés de las reglas de funcionamiento.

El protocolo indica por ejemplo en relación con los Presupuestos Generales del Estado, que "los grupos parlamentarios socios no podrán presentar enmiendas sin el acuerdo previo sobre las mismas". A tal fin, añade, "se instrumentará un procedimiento adecuado para garantizar su información y discusión entre el gobierno de coalición y los grupos". Unidas Podemos presentó en cambio una enmienda a los PGE sin el acuerdo del PSOE, conjuntamente con ERC y EH Bildu, sobre la paralización de los desahucios. Diputados socialistas no escondieron su incomodidad en público y algunos incluso hablaron de deslealtad.

"Teníamos un acuerdo con Podemos que nosotros cumplimos a rajatabla, que es que presentaríamos conjuntamente las enmiendas", criticaba entonces el diputado socialista José Zaragoza, para concluir en referencia a sus socios que "les falta un poco la madurez para saber que los acuerdos están para cumplirlos". Desde Unidas Podemos se defendió la iniciativa políticamente porque sin esta estrategia de presión sobre sus socios no hubiesen sacado adelante al decreto para la paralización de los desahucios a familias vulnerables y cortes de suministros hasta la finalización del estado de alarma, que aprobó el Consejo de Ministros en diciembre. Asimismo, se justificó que la iniciativa se comunicó antes de presentarse a sus socios.

El protocolo indica que "los grupos socios no podrán presentar enmiendas sin el acuerdo previo sobre las mismas"

El protocolo es claro en este sentido y solo deja margen a la iniciativa propia -siempre previa comunicación a la otra parte- cuando se trata de cuestiones fuera del ámbito del programa de coalición y sin repercusión "en la escena política o en ámbitos sectoriales de la política estatal". Incluso en este último caso "los socios deberán consultar su posición respectiva y buscar que las mismas no sean contradictorias entre sí", siempre comprometiéndose a "coordinar la comunicación de las mismas".

De cara a las próximas semanas, Unidas Podemos ha anunciado iniciativas que tienen un difícil encaje en estas reglas, aunque reservan una cláusula final para que en "casos excepcionales" en los que "los instrumentos previstos en este acuerdo no fueran suficientes para superar una discrepancia, al menos se acordará en la 'Comisión Permanente de Seguimiento del Acuerdo' su alcance y la publicidad que los socios darán a la misma, tanto en sede parlamentario como ante los medios de comunicación".

En lo relativo a la Corona ya existe cierto acuerdo sobre cómo abordar esta discrepancia, por los diferentes modelos que defienden ambos partidos, y sin demasiados efectos adversos para la coalición Unidas Podemos planea presentar una ley con la que aspira a establecer mayores controles sobre la monarquía y regular "el rol institucional" del Rey, de modo que quede "más claro" que el monarca no puede hacer política ni perder su papel simbólico y protocolario de neutralidad. Los socialistas ya han avanzado que no están dispuestos a apoyar esta iniciativa, al entender que se debe contar tanto con el jefe del Estado como con el principal partido de la oposición.

Ya existe cierto acuerdo sobre cómo abordar la discrepancia sobre la Corona, por los diferentes modelos que defienden ambos partidos

Menos encaje tiene la intención de los morados de presentar una enmienda a la propuesta de ley que presentaron junto a los socialistas para limitar al máximo las competencias del CGPJ en funciones. El objetivo es reducir la mayoría necesaria para elegir los vocales en el Congreso y el Senado, como en un principio propuso también el PSOE ante el bloqueo a la renovación por parte del PP.

Fuentes socialistas aseguraron que no admitirán que se incluya esa enmienda en la 'reforma blanda', que solo afecta a la limitación de competencias del CGPJ para cuando haya culminado ya su mandato. El protocolo recoge expresamente que "los Proyectos de Ley presentados por el gobierno de coalición serán apoyados, defendidos y votados favorablemente por ambos socios, siendo premisa necesaria para su modificación, bien por iniciativa de los grupos parlamentarios de los propios socios, bien por aceptación de las enmiendas presentadas por otros grupos, el acuerdo de ambos". Unidas Podemos ha amenazado también con romper la unidad de voto si se saca adelante la reforma de las pensiones en los términos previstos por el ministerio de Inclusión y Seguridad Social.

Otros de los puntos plasmados en el protocolo, que indican cómo en la práctica ya se han ido flexibilizando, son los relativos a las negociaciones internas o a las objeciones entre sectores respecto a determinados proyectos llevados a cabo por ministerios del otro partido. El primero de ellos indica que "los miembros del gobierno de coalición se comprometerán a la máxima discreción en relación con las negociaciones y acuerdos que se produzcan en el seno del Gobierno y, de manera singular, en la Mesa Permanente y en la Comisión de Seguimiento Parlamentario". El segundo, reza así: "Los ministros respetarán su ámbito competencial propio y antes de ser refrendados por el Consejo de Ministros".