Carrera contrarreloj en enero: el CGPJ activa designaciones paralelas a la reforma legal

El Consejo General del Poder Judicial y los partidos que integran el Gobierno desarrollarán en enero una carrera de fondo respecto a los nombramientos de plazas judiciales en la que, por cuestión de plazos, parte como favorito el órgano que dirige Carlos Lesmes. Mientras el PSOE y Unidas Podemos impulsan con urgencia la reforma legislativa que limitará la capacidad del Consejo de nombrar cargos, el CGPJ ha convocado a partir del día 12 las entrevistas de los candidatos a presidir nada menos que ocho audiencias provinciales repartidas por todo el territorio nacional. Una contrarreloj en toda regla.

Fuentes del Consejo no ocultan su intención de sacar adelante estos nombramientos en el primer pleno del año, fijado el día 28, siempre que sea materialmente posible en función del número de aspirantes que concurran a ellos. Tampoco oculta sus intenciones la coalición que quiere acelerar al máximo la tramitación de la proposición de ley que acabará con estas designaciones en el mismo momento en que quede aprobada. Prueba de ello es la habilitación de la Cámara Baja durante el primer mes de 2021. Enero, tradicionalmente inhábil, esta vez no lo será para impulsar tanto la reforma como la comisión de investigación sobre la operación Kitchen, la trama que relaciona al PP con el espionaje a su extesorero Luis Bárcenas.

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El Consejo ha fijado para los días 12 y 13, en la primera semana de actividad después de la Navidad, las entrevistas mencionadas. Escuchará a los aspirantes a presidir las audiencias provinciales de Almería, Baleares, Ciudad Real, Cantabria, Granada, León, Navarra, Salamanca y la Sala de lo Social balear. Mientras, en el Congreso, el avance de la proposición de ley que prohíbe al órgano depende de la fecha en que se fije la reunión que debe celebrar al respecto la comisión de Justicia. Será esta quien decida si, antes de dar curso a la iniciativa, convoca a expertos para oír su opinión.

De esta decisión depende la resolución del último de los órdagos lanzados por el CGPJ. En su pleno de diciembre, el órgano aprobó un acuerdo en el que reclamaba al Congreso de los Diputados que le dé traslado para informar sobre la reforma. Alegaba que esta iniciativa legislativa está destinada a delimitar aspectos esenciales del estatuto de los miembros del poder judicial y, por ello, debe tramitarse dando audiencia a todos los sectores implicados. Además de opinar de forma directa, reclamaba que se recabe el criterio de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia-Consejo de Europa) y de las asociaciones judiciales, de fiscales, los consejos profesionales y a los sindicatos con implantación en la Administración de Justicia y las comunidades autónomas.

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Dos plazas para el Supremo

Además de esta pugna paralela sobre los nombramientos, el Consejo continúa con gestos que evidencian que no piensa cruzarse de brazos aunque sea eso lo que desea el Ejecutivo. Solo dos días antes de la Nochebuena, el 22, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acordó anunciar en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria de dos plazas de magistrado o magistrada en la Sala Primera del Tribunal Supremo, correspondientes al turno general y vacantes por la jubilación el pasado mes de noviembre de los magistrados Antonio Salas Carceller y Eduardo Baena Ruiz.

Antes de eso, los 20 vocales del CGPJ comenzaron a trabajar en amplios consensos para continuar con los nombramientos. Cerraron con gran apoyo la cobertura de cuatro de las vacantes que se encuentran pendientes del total de 30 que deben aprobarse próximamente. En concreto, los últimos en cubrirse fueron los nombramientos correspondientes a la presidencia de la Sala Social de la Audiencia Nacional, la presidencia de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, la presidencia de la Sala Contenciosa de Asturias y la presidencia de la Audiencia Provincial de Cáceres. Todos los puestos se han aprobado con gran apoyo, con un mínimo de 17 votos.