Iglesias tendrá que esperar: el Supremo no decidirá sobre el caso Dina hasta enero

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no decidirá sobre la acusación vertida por la Audiencia Nacional contra Pablo Iglesias en relación con la tarjeta de memoria de su antigua colaboradora Dina Bousselham hasta después de las Navidades. El Alto Tribunal no tiene intención de pronunciarse hasta el próximo enero cuando estudiará tanto la exposición razonada remitida por el juez Manuel García-Castellón como la postura que adoptó al respecto la Fiscalía, informan fuentes jurídicas.

Los magistrados del TS se enfrentan a dos posibilidades respecto al caso. Tanto el instructor de la pieza de Villarejo como el Ministerio Público coinciden en observar la existencia sólida de indicios de delito. Mientras que el primero apunta a tres ilícitos, los fiscales se centran en dos de ellos. Consideran que la actuación del vicepresidente indica una presunta revelación de secretos y daños informáticos aunque descartan la denuncia falsa que le atribuye también Castellón. Así las cosas, el TS puede tomar caminos alternativos: o bien devuelve el procedimiento a la Audiencia Nacional para que sea este organismo judicial el que escuche a Bousselham, cuya declaración se considera imprescindible; o bien abre causa por su competencia respecto a los aforados y cita a la exayudante.

El caso ha marcado gran parte del curso político durante el último año. Toda la pieza Dina gira sobre el contenido del móvil de la antigua asesora de Iglesias. Los antecedentes arrancan con la desaparición del móvil en un Ikea. El contenido de la microSD que alojaba el teléfono apareció varios meses después del robo del aparato, en un sobre, en la revista 'Interviú'. Después de que la revista comprobara su contenido y entendiera que estaba relacionado con Iglesias, se le citó para devolvérsela. El líder de Podemos recuperó así la tarjeta del móvil en enero de 2016, pero, en lugar de entregar a la asesora sus datos privados, los conservó. "Se guardó la tarjeta en su poder, sin decírselo a su propietaria, aun cuando ambos eran personas cercanas y pese al conocimiento que tenía de la desaparición de los objetos de Dina desde noviembre de 2015", explicaba el juez Castellón.

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Según sostiene García-Castellón, este silencio puede vincularse al hecho de que Iglesias accediera a la tarjeta microSD y viera capturas de pantalla hechas por la propia Bousselham, que en la Audiencia Nacional reconoció haber enviado a terceros conversaciones privadas que no dejaban en buen lugar al vicepresidente. Sea cual sea el motivo, el uso que pudo hacer Iglesias de la tarjeta en ese tiempo es uno de los pilares sobre los que se apoya su posible imputación por un delito de revelación de secretos.

Parece claro que Iglesias consultó un contenido privado de una tercera persona sin su consentimiento, y eso es delito. Él mismo lo ha reconocido en declaraciones públicas. La persona clave para que ese hecho se convierta en una imputación es Dina. Como ya avisó la Fiscalía Anticorrupción, Bousselham debe ser oída. Es necesario conocer si vio violada o no su intimidad con el acto de Iglesias.

En cuanto a los daños informáticos, las sospechas se centran en el estado en el que se encontraba el dispositivo cuando Iglesias se lo entregó a su ayudante. A lo largo del procedimiento en la Audiencia Nacional, Dina dio distintas versiones. Varió su declaración sobre el momento y el estado en que recuperó la tarjeta. Cuando entendió que su alusión a que, una vez recuperado, el dispositivo no funcionaba podía apuntar a la comisión de un delito de daños informáticos, matizó lo dicho en un escrito. Explicó que Iglesias le entregó el USB con los datos de su teléfono móvil "antes de que se iniciaran estas actuaciones" y de que "se conocieran los hechos que dieron lugar a las mismas" en la Audiencia Nacional, tratando así de minimizar el tiempo que Iglesias tuvo esa información en su poder sin ella saberlo. Aunque en ocasiones anteriores había declarado que se la entregó, como pronto, en junio de 2016.

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La exposición razonada se remitió el pasado octubre. En ella García-Castellón reclamaba la imputación de Pablo Iglesias y el informe posterior ya demuestra que la investigación no puede cerrarse de plano sin que se practiquen diligencias. La Fiscalía lo explicaba con otras palabras: "Existen indicios sólidos de la posible existencia del delito. Pero el legislador ha querido, por las razones expuestas, que sea necesaria la denuncia de la persona agraviada (...) Deberá concretarse por la señora Bousselham respecto de estos hechos: si le pidió permiso o autorización Pablo Iglesias, el día 20 de enero de 2016, para que examinara sin restricciones el contenido de su tarjeta de memoria. En caso negativo, si manifiesta ahora que consiente, tolera y acepta que aquel hubiera entrado en el conocimiento de todos los documentos, fotografías, incluidas las íntimas y personales, archivos y comunicaciones contenidos en la tarjeta de su titularidad, pues de haber conocido que iba a hacerlo le habría otorgado su expreso consentimiento".