Cuando Carmen Calvo defendía que el CGPJ debía informar sobre la ley del poder judicial

Diciembre de 2020. La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, carga con dureza contra el Consejo General del Poder Judicial después de conocer que el órgano de gobierno de los jueces había aprobado en un pleno extraordinario un acuerdo por el que pide al Congreso de los Diputados que recabe su opinión y la del Consejo de Europa antes de seguir tramitando la citada reforma del poder judicial que han impulsado el PSOE y Unidas Podemos a través de una proposición de ley.

Asegura en declaraciones a La Sexta que el Congreso es el poder soberano para legislar sobre el funcionamiento que debe tener el poder judicial cuando está en funciones e indicó que la solicitud planteada es "bastante insólita". "La división de poderes consiste en que cada uno tiene su ámbito y no puede invadir el de otros", denunció. "El Parlamento es soberano para legislar, para eso están los diputados. Es su trabajo y no tienen por qué recibir instrucciones de nadie más que de las mayorías que son capaces de sacar leyes. Es el sanctasanctórum de la democracia", recalcó.

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Terminó lanzando: "Lo mejor es que esté cada uno en su sitio, expectante de lo que la soberanía haga. Lo que tienen que hacer los demás poderes del Estado es estar a la obediencia, incluso cuando no se esté de acuerdo con lo que diga el Parlamento, que es el órgano que bombea la sangre al sistema".

Junio de 2004. Carmen Calvo era por entonces miembro del Grupo Parlamentario Socialista (diputada por Córdoba) y ministra de Cultura. Otra proposición de ley, también sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial, mereció un tratamiento muy diferente. Era 1 de junio y el Pleno del Congreso de los Diputados acababa de acordar la toma en consideración de una iniciativa presentada por el Parlamento de Cataluña. Las proposiciones de ley, al contrario que los proyectos de ley que aprueban los gobiernos, no requieren de informe de los órganos consultivos.

Pese a ello en aquella ocasión la valoración del PSOE fue bien distinta. En aquella proposición, el Parlament reclamaba modificar varios artículos de la LOOJ para que el conocimiento del catalán fuera condición indispensable para todos los jueces y magistrados, secretarios judiciales y demás funcionarios de los juzgados y los tribunales y suprimir el carácter nacional de los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia. No había pasado ni una semana desde su presentación cuando el Grupo Parlamentario Socialista solicitó al presidente del Congreso de los Diputados que remitiera al Consejo General del Poder Judicial el texto para que informara.

"Lo mejor es que esté cada uno en su sitio, expectante de lo que la soberanía haga. Los demás poderes tienen que estar a la obediencia"

La Mesa del Congreso de los Diputados accedió a lo que reclamaba el Gobierno socialista y trasladó el texto al CGPJ, recabando del mismo la emisión de un informe sobre dicha iniciativa. No solo eso, sino que dejó pendiente la tramitación hasta la recepción de dicho informe. La solicitud fue respondida por el órgano de gobierno de los jueces con un acuerdo en el que manifestó su "satisfacción" por la decisión adoptada por la presidencia del Congreso. "Confiamos en que tales informes sean recabados igualmente en el futuro en aquellas proposiciones de ley que afecten a la organización de la Administración de Justicia", agregaba.

El 17 de noviembre de 2004, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó el informe emitido relativo a la proposición de ley. Entre los vocales que aprobaron tanto el informe como el acuerdo en el que se esperaba un trato igual en ocasiones venideras se encontraba el ahora ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.

El acuerdo del pleno

El Consejo aprobó en el último pleno del año una resolución que apoyaron 16 de sus 21 miembros en la que instaba al Congreso a recabar su opinión y la del Consejo de Europa antes de dar trámite a la reforma dirigida a limitar las funciones del CGPJ cuando hubiera finalizado su mandato. Los vocales destacaban la "necesidad de dar audiencia a todos los agentes afectados por la reforma propuesta, en particular las asociaciones de jueces y fiscales, así como a las demás entidades representativas e instituciones públicas del ámbito de la justicia".

Fuentes parlamentarias consultadas por El Confidencial indican que la Mesa remitirá la petición a la Comisión de Justicia y que será esta quien decida si se debe o no oír al Consejo. Lo hará –añaden– en caso de que decida reclamar la comparecencia de "especialistas" antes de votar la proposición, que el Ejecutivo quiere tener en vigor con urgencia.